Las organizaciones de la sociedad civil presentaron el estudio «Derechos humanos y plaguicidas», en el que se expone la situación legal de los plaguicidas a nivel nacional e internacional. Además, el documento aborda las deficiencias en la legislación mexicana en el manejo de dichas sustancias «altamente» peligrosas, así como las afectaciones a diversos sectores de la sociedad.
Los principales problemas a resolver, dijeron las organizaciones, son la definición de Plaguicidas Altamente Peligrosos y de políticas que establezcan que por los «severos» daños que provocan deben ser retirados del mercado; el uso desmedido; deficiencias en su etiquetado; malas prácticas empresariales, entre otros.
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Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil calificaron como «pésima» la gestión de plaguicidas en el país gobernado por Enrique Peña Nieto.
Greenpece México y la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (Rapam) aseguraron que los trabajadores del campo, las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables al contacto con dichas sustancias.
Las organizaciones de la sociedad civil presentaron el estudio «Derechos humanos y plaguicidas», en el que se expone la situación legal de los plaguicidas a nivel nacional e internacional. Además, el documento aborda las deficiencias en la legislación mexicana en el manejo de dichas sustancias «altamente» peligrosas, así como las afectaciones a diversos sectores de la sociedad.
En conferencia de prensa, las asociaciones ambientalistas hicieron un llamado a las autoridades a fin de que la nación cuente con un nuevo régimen legal en el tema de los plaguicidas apegado a los derechos humanos y con miras a la agricultura sustentable.
María Colín, de Greenpeace, acusó que en el país existe un «modelo neoliberal basado en transgénicos» que debe ser reemplazado por un «modelo sustentable».
La activista alertó sobre «la urgencia de contar con un nuevo régimen legal en materia de plaguicidas en un marco de respeto a los derechos humanos y la impostergable transición hacia la agricultura ecológica».
En su oportunidad, la consultora legal Victoria Beltrán puntualizó en que esos derechos son a la salud, a la alimentación, a la infancia y a un medio ambiente sano, primordialmente.
Por ello, urgió a retirar los plaguicidas peligrosos para la salud de las personas y que dañan el medio ambiente y a sustituirlos por otros que cumplan con su función, sin representar un riesgo.
«Exigimos una gestión de plaguicidas en un marco de respeto a los derechos humanos, demandamos del Estado ser coherente con los compromisos que ha adquirido y hacerse cargo de que las industrias ajusten su actuar a un marco respetuoso de derechos», indicaron los defensores.
Fernando Bejarano, director de Rapam, destacó: «es necesario un cambio de política para que se apoye con fondos federales y estatales alternativas agroecológicas para el control de plagas y enfermedades, como recomiendan los relatores derechos humanos de Naciones Unidas y las reuniones internacionales de gestión de sustancias químicas, considerando en primer lugar las experiencias de las organizaciones campesinas e indígenas. Esa es la alternativa».
Los principales problemas a resolver, dijeron las organizaciones, son la definición de Plaguicidas Altamente Peligrosos y de políticas que establezcan que por los «severos» daños que provocan deben ser retirados del mercado; el uso desmedido; deficiencias en su etiquetado; malas prácticas empresariales, entre otros.
«Denunciamos la carencia de evaluaciones y comunicación acertada de riesgo en el uso de plaguicidas; la carencia de una norma que establezca límites máximos permisibles de residuos de plaguicidas en alimentos, y demandamos la existencia de mecanismos efectivos de participación de los grupos de interés público, como las ONG, para impugnar el otorgamiento de registros de plaguicidas o solicitar su cancelación», exigió Colín.
