El último informe del Citizen Lab, publicado hoy en su página web, confirmó que la investigación internacional sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 fue objeto de intentos de infección con el software desarrollado por el grupo NSO. Además, uno de los mensajes parecía haberse enviado desde el 55 52 89 94 27, el mismo número que se observó en los intentos de infección enviados a Carmen Aristegui en al menos tres ocasiones en febrero de 2016.
El tener como blanco a los miembros del GIEI afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México, destacó este día el diario New York Times. El espionaje formó parte de lo que los investigadores calificaron como una campaña de acoso e interferencia que, acusaron, obstaculizó sus indagatorias sobre el caso de los estudiantes.
Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– La investigación internacional sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 fue objeto de intentos de infección con el software desarrollado por el grupo NSO, una empresa israelí de «guerra cibernética”, de acuerdo con el último informe del Citizen Lab, publicado hoy en su página web.
El pasado 6 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que indagaron el caso Ayotzinapa, pudieron haber sido espiados a través del software “Pegasus”, del que hace unos días denunciaron haber sido víctimas periodistas y defensores de derechos humanos.
Este lunes, la investigación del Citizen confirmó que un teléfono perteneciente al GIEI recibió mensajes de texto a principios de marzo de 2016, poco antes de la publicación del informe final de sobre su investigación.
«En marzo de 2016, un teléfono perteneciente al grupo GIEI recibió dos mensajes diseñados para engañar al destinatario. Los dos mensajes se referían a la supuesta muerte de un pariente.
«Los mensajes contenían un enlace a una URL del dominio smsmensaje[.]mx. Al hacer clic en el enlace se habría producido la infección del teléfono con el malware «Pegasus». El dominio smsmensaje[.]mx ha sido identificado en informes anteriores del Citizen Lab como el que utilizaron para espiar a políticos mexicanos, así como a periodistas y abogados», destacó el documento.
Citizen Lab mencionó que varios elementos adicionales de este caso sugieren que el mismo operador NSO puede ser responsable. Los señuelos de mensajes de texto son muy similares a los descritos en los últimos tres informes, los cuales revelan que cada uno de los mensajes mencionan la muerte de un pariente o detalles de un servicio fúnebre.
Además, precisó el informe, uno de los mensajes parecía haberse enviado desde el 55 52 89 94 27, el mismo número que se observó en los intentos de infección enviados a Carmen Aristegui en al menos tres ocasiones en febrero de 2016.
«Aunque no podemos confirmar si el número fue falsificado, el uso del mismo sugiere la superposición adicional entre el operador de NSO «Pegasus» implicado en estos intentos de la infección», indicó.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrió en septiembre de 2014 cuando los estudiantes fueron desaparecidos mientras tomaban autobuses para viajar a la Ciudad de México, pues participarían en un evento conmemorativo por la Masacre de Tlatelolco.
La respuesta del Gobierno mexicano a la desaparición masiva y las sospechas de que las agencias gubernamentales estaban implicadas condujeron a los llamados para la creación de una investigación internacional independiente.
Mientras llevaban a cabo sus investigaciones, los expertos de GIEI enfrentaron numerosas amenazas y hostigamiento, y finalmente un enfrentamiento público con la Procuraduría General de la República (PGR).
El 21 de febrero de 2016, el GIEI afirmó públicamente que su investigación había sido obstruida y deliberadamente obstaculizada por el Gobierno de México y la PGR.
El 1 de marzo, poco más de una semana después, un teléfono perteneciente a la investigación recibió un intento de infección. Un segundo intento se produjo el 4 de marzo. El GIEI publicó su informe final el 24 de abril de 2016.
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El informe del Citizen Lab no atribuye los intentos a una agencia o individuo del Gobierno mexicano en particular, sin embargo, los documentos filtrados muestran que numerosas agencias gubernamentales mexicanas, incluyendo la propia oficina de la PGR, compraron el software espía de NSO Group.
Este último documento se suma al creciente número de casos que muestran claramente el abuso del spyware comercial en el contexto mexicano.
Hasta ahora, Citizen ha determinado positivamente que la tecnología vendida por una compañía israelí, para que los gobiernos indaguen hechos antiterroristas, criminales y de seguridad nacional, se ha utilizado para hackear a científicos de la salud y a los activistas contra la obesidad, periodistas (y su familia), políticos de la oposición y ahora, a miembros de una investigación internacional independiente sobre la masacre de 43 estudiantes.
EXPERTOS CALIFICAN ESPIONAJE COMO ACOSO: NYT
El tener como blanco a los miembros del GIEI afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México, destacó este día el diario New York Times, que retomó el nuevo informe.
Según las leyes mexicanas, la vigilancia solo puede ser realizada con el aval de un juez federal y únicamente cuando el gobierno tiene causales bien justificados. Sin embargo, la inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los integrantes del grupo.
“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad”, dijo al diario estadounidense Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo. “No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto”.
“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, añadió Cox.
Cuando los expertos llegaron a México, tras meses de protestas por la desaparición, había la esperanza de que surgiera otra versión de los eventos y de que pudieran ser hallados los jóvenes. Empezó como algo excepcional: un gobierno receloso que se abría al escrutinio externo.
En pocos meses dejó de ser así y la relación entre el GIEI y las autoridades se deterioró. En su primer informe, el GIEI contradijo una parte central de «la verdad histórica» que la PGR sostenía, al decir que no había evidencia de un incendio suficientemente poderoso como para haber incinerado 43 cuerpos y que ningún hueso o fragmento entre los restos coincidían con los de los desaparecidos.
“Siempre trabajamos de buena fe, y entramos con el corazón y los ojos abiertos”, dijo Cox al Times. “Nuestro propósito era contribuir al Estado de derecho en México”.
El espionaje formó parte de lo que los investigadores del GIEI calificaron como una campaña de acoso e interferencia que, acusaron al diario, obstaculizó sus indagatorias sobre el caso de los estudiantes. Se toparon con muchos obstáculos en su trato con el gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.
LAS CLAVES DEL ESPIONAJE
Investigadores del Laboratorio Ciudadano, junto con los colaboradores mexicanos R3D , SocialTic y Artículo 19 , están llevando a cabo una investigación sobre el uso indebido del software espía «Pegasus» exclusivo del gobierno del Grupo NSO en México.
El primer informe de la investigación , publicado el 11 de febrero de 2017, reveló que tres científicos mexicanos de alimentos y activistas contra la obesidad fueron atacados por el software espía “Pegasus”. Estas tres personas estaban vinculadas por su apoyo al Impuesto de bebidas azucaradas en México, que se oponía a intereses comerciales.
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El segundo informe, publicado el 19 de junio de 2017, reveló que 12 periodistas, abogados y miembros de sus familias fueron blanco de más de 76 intentos de infección con “Pegasus”. Entre los periodistas seleccionados figuraron algunos de los más destacados de México como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.
De acuerdo con el documento, entre enero de 2015 y julio de 2016, se registró una serie de ataques contra periodistas y activistas mexicanos través del malware “Pegasus”.
El diario estadounidense The New York Times, que compartió el informe, citó que cada infección exitosa tendría un costo que oscila alrededor de los 77 mil dólares.
Organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas espiados por el Gobierno de México presentaron una denuncia formal ante la PGR para que investiguen a las instancias federales involucradas en este caso.
La periodista Carmen Aristegui, una de las víctimas de espionaje, lo consideró “inaceptable” y reclamó al Gobierno de México que dedique su tiempo a investigar a defensores de derechos humanos y activistas, mientras los criminales siguen libres.
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En una carta de tres renglones, firmada por Daniel Millán Valencia, Director General de Medios Internacionales de la Presidencia de la República, pidieron a los afectados denunciar y señalaron, sin más, que no existen pruebas de que el Gobierno mexicano haya sido el autor de la vigilancia ilegal.
Posteriormente, la PGR abrió una capeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática que fueron utilizados presuntamente para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos, además de solicitó información sobre las dependencias y empresas que han facilitado este tipo de intervención.
El tercer reporte, publicado el 29 de junio de 2017, demostró que tres prominentes políticos mexicanos del Partido de Acción Nacional (PAN) también fueron atacados con software espía NSO. Entre los objetivos figuraban el líder del Senado Roberto Gil Zuarth, quien recibió tres mensajes en junio de 2016 con enlaces diseñados para instalar de forma desapercibida el software Pegasus de NSO en su celular.
