Mera coincidencia: el pasado fin de semana, fueron asesinadas 32 personas en distintos puntos del estado. Foto: Cuartoscuro
Es una tentación para el analista no conjeturar con información suelta. La detención de Lucero Sánchez por los agentes de migración estadounidenses, la muerte del hermano de Julio César Chávez o el levantamiento de personas ocurrido en el restaurante Mar & Sea, propiedad del ex Gobernador Juan S. Millán, más la revelación de la corrupción de Ernesto Echeverría, el ex Secretario de Salud, aunque cada uno de ellos técnicamente distintos -directa o indirectamente-, son partes de un rompecabezas que llama a ser armado.
Lucero Sánchez, cometió el error quizá ¿inducido? de querer pedir asilo y fue detenida e inmediatamente después se le hicieron cargos criminales. Ella había sido Diputada en la legislatura pasada gracias a la promoción electoral de los dirigentes del PAN, PRD y el PAS, que de nuevo provocó que se hablara de la narcopolítica sinaloense – Un mal que ha estado presente desde hace décadas corroyendo su vida pública e institucional.
El caso Rafael “Borrego” Chávez, por su apellido, perfil humanitario y visibilidad pública, es un crimen que podríamos clasificar de crímenes contra “personajes de la sociedad civil”. Tan relevante como los que se cometieron a principios de mayo contra tres profesores rurales en un camino del sur del estado y cerró ese ciclo de violencia con la del joven Jaziel Contreras. Claro, sin olvidar, ninguno de los otros, pero menos el del colega Javier Valdez o del abogado mazatleco, Miguel Ángel Sánchez Morán.
Ahora bien, no se necesita ser especialista en estos temas, sino solo ser un lector atento del acontecer sinaloense, para intuir que es producto de la falta de “arreglo” entre el gobierno y elas fracciones del crimen organizado. Así lo ha declarado y ratificado por el Gobernador Quirino Ordaz.
Entonces, esa falta de acuerdo podría explicar una parte de la violencia que se ha vivido este año en Sinaloa y que supera el mismo periodo de otros mandatos y más, es posible que ello haya provocado hipersensibilidad en el llamado otro poder ante gestos y decisiones que romperían con una vieja tradición de acuerdos político-mafiosos.
El conclave político-empresarial, celebrado en un rancho al sur de Culiacán, la semana antepasada que reunió a personajes claves de la política y los negocios sinaloenses, tuvo según trascendidos dos propósitos: Uno, amistoso destinado al festejo del cumpleaños del ex Gobernador Millán Lizárraga y el otro, eminentemente político, de apoyo al Gobernador Quirino Ordaz, a quien se le están yendo los meses sin poder reducir los índices de inseguridad y eso probablemente activó ya alarmas fuera del estado. Si es así, más allá de un ritual onomástico, podría responder a la posibilidad de que en el centro del país estén preparando decisiones políticas para Sinaloa.
La detención en la garita de la Mesa de Otay de la ex Diputada local Sánchez López, activó alarmas federales que siempre actúa a destiempo y frente a hechos consumados, ante la eventualidad de las pesquisas y testimonios, el gobierno mexicano tiene la coartada perfecta y podría estar buscando dar un golpe de precisión que de ocurrir complicaría la situación que se vive en el estado, luego de que en menos de seis meses, ya se acumularon más de 800 homicidios dolosos y para ello requiere el apoyo de los poderes reales, lo que lleva a una convocatoria muy dirigida y por encima de desafectos personales crónicos, como es el que separa(ba) al ex Gobernador con el empresario y político, Jesús Vizcarra.
Este conclave probablemente haya sido la gota que derramo el vaso y explique la determinación del otro poder de meter más presión al gobierno estatal. Generar una atmosfera de mayor inestabilidad. De alimentar la idea de qué no hay gobierno. Y lo hacen acercándose cuidadosamente al primer círculo político. Y eso podría ser el motivo de fondo en lo sucedido en el restaurant Mar & Sea, punto de encuentro cotidiano de una franja importante de los políticos sinaloenses.
Así, que el comando que incursionó en el inmueble se haya llevado un número indefinido de personas y salvo uno todos los demás hayan sido liberados, sin más que una taquicardia, provoca lecturas en medio de una información cambiante, confusa y tardía, que van desde la intimidación hasta la potencial amenaza de mayor violencia en el estado (mera coincidencia: el pasado fin de semana, fueron asesinadas 32 personas en distintos puntos del estado).
Siguiendo la lógica de los hechos podría tratar de los riesgos de cualquier acuerdo centralista y sucedáneamente al Gobernador, lo que podría conllevar a mantener las cosas como están. O sea igual o peor en materia de seguridad, lo que seguramente impactaría en el ánimo de quienes estuvieron en el cónclave y probablemente del propio Gobernador.
Sin embargo, si se confirma la voluntad del gobierno federal de ir en contra de miembros específicos de la administración pasada habría que decir que estas decisiones frecuentemente atienden más a necesidades, cálculos y presiones en el primer círculo de poder y menos a las exigencias locales, lo que hace de sus alfiles estatales simples ejecutores y son ellos o peor, la sociedad la que paga los costos.
Y en esa dialéctica, si lo sucedido hasta ahora, está dentro de los daños colaterales previstos, en los próximos días o semanas podrían, con todos los riesgos invalidez de una hipótesis, tomarse decisiones importantes a favor o en contra. Los resultados de las auditorias de la federación dan las herramientas para proceder ya contra quienes tuvieron responsabilidades institucionales y en ese contexto la investigación periodística del diario Noroeste sobre corrupción aporta datos contundentes en el ramo de la salud donde se hicieron jugosos negocios y eso apunta hacia arriba, al menos por responsabilidad política.
Y, si eso sucede, podría provocar una sacudida como ocurrió en Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Sonora y quizá muy pronto en Chihuahua, al final de cuentas se trata de mostrar que el gobierno central tiene el control de la situación en estos estados y, porque no, que en la campaña presidencial de 2018 estos hechos se vuelvan un activo de la administración priista que perfectamente podría discursar que en materia de corrupción, no anduvo entre las ramas, pues fue hasta por los de la casa.
Finalmente, al margen de quien o quienes le quitaron la vida al hermano de Julio César Chávez, viajó en los medios de comunicación internacionales y, directa o indirectamente, refrenda la imagen del estado y el gobierno, en un momento en que muchos de los esfuerzos de este, se encuentran destinados a la realización del Tianguis Turístico 2018.
Sea, dicho de paso, convoca a los agentes de los tour operadores de 88 países y para ello se necesita un clima de estabilidad con niveles de violencia administrables. Si bien con la visita reciente del Secretario de Turismo no existen riesgos de cambio de sede lo importante ahora es que todo el trabajo y las inversiones públicas se traduzcan en el mediano y largo plazo en flujos del turismo internacional hacia la Perla del Pacífico.
Pero, eso, siempre pende de un hilo y eso llama a conjeturar.
