Más de 100 organizaciones mexicanas publicaron hoy un informe, que presentará mañana ante la Corte Penal Internacional , en el que documentaron la colusión de Los Zetas con autoridades gubernamentales de Coahuila para cometer delitos como tortura y desapariciones forzadas entre 2009 y 2016, por lo que pidieron que se abra un expediente preliminar sobre México. Los hermanos Moreira, Humberto y Rubén, han gobernado Coahuila de 2005 a 2017, periodo en el que se cometieron dichos crímenes.
«La información analizada lleva los autores del informe a concluir que las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con Los Zetas en un contexto de innegable colusión», destacaron las organizaciones en el informe con miras a que se concrete el inicio de una investigación. Desde el punto de vista penal, México es «el caso más grave» de Latinoamérica debido a «los más de 200 mil homicidios y 30 mil desapariciones forzadas en sólo diez años».
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Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo/EFE).–La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) junto con junto 100 organizaciones mexicanas hicieron público hoy un informe, que presentarán mañana ante la Corte Penal Internacional (CPI), en el que documentaron la colusión de Los Zetas con autoridades gubernamentales de Coahuila para cometer delitos como tortura y desapariciones forzadas entre 2009 y 2016, por lo que pidieron que se abra un expediente preliminar sobre México.
Los hermanos Moreira, Humberto y Rubén, han gobernado Coahuila de 2005 a 2017, periodo en el que se cometieron dichos crímenes. Diferentes investigaciones periodísticas y testimonios de víctimas dan cuenta de que las autoridades gubernamentales estaban al tanto de lo que ocurría en la entidad, incluso, mencionan una estrecha relación con Los Zetas.
De acuerdo con el testimonio de un ex miembro en una Corte de San Antonio, Texas, Estados Unidos, difundido en 2016, este grupo criminal habría financiado la campaña del ahora Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés.
El mexicano identificado como Adolfo Tavira declaró que observó a Los Zetas preparar una camioneta Chevrolet Suburban repleta de dinero en efectivo destinada para apoyar a Rubén.
“Se hicieron algunas contribuciones de campaña para el Gobernador”, testificó Tavira, de acuerdo con el diario San Antonio Express News.
De acuerdo con el informe «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad», Los Zetas y las fuerzas especiales responsables de la seguridad en Coahuila (Policía Municipal, Policía Estatal Acreditable, GRI, GATE, GATEM y/o GRUPO DE ELITE, GROM) en la entidad cometieron “un ataque sistemático contra la población civil”.
«La información analizada lleva los autores del informe a concluir que del 2009 al 2011/ 2012: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión. Y del 2011/ 2012 al 2016: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales», destacaron las organizaciones en el informe con miras a que se concrete el inicio de una investigación.
La comunicación presentada a la CPI se basa en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, y en particular de los expedientes de 73 víctimas.
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La FIDH también ha usado información disponible de fuentes abiertas para documentar dos sucesos especialmente graves.
Uno es la denominada «Masacre de Allende», una localidad arrasada por miembros de Los Zetas durante tres días de marzo de 2011 «aparentemente como consecuencia de un ajuste de cuentas», según el documento de la FIDH.
El ataque causó decenas de muertos y se produjo sin que intervinieran las autoridades debido a que «para ese entonces Los Zetas ya tenían a su servicio a los veinte policías de Allende», se asegura en el informe.
La evidencia, precisó el informe, sugiere que no sólo el municipio sino también el Gobernador de la época, Humberto Moreira Valdés, estaba al tanto de lo que pasaba y que Los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad.
El otro episodio que denuncia la FIDH es el sucedido en la cárcel de Piedras Negras, que supuestamente «se convirtió un centro de operaciones de Los Zetas» durante años.
«Los presos de esta organización entraban y salían a su antojo de la prisión estatal, ocultándose cada vez que eran perseguidos por las fuerzas federales», explicó el documento de la FIDH.
En su interior, fabricaban «el material necesario para sus actividades delictivas (…) y a la vez internaban a personas para asesinarlas» introduciéndolas en ácido «y/o quemándolas en tanques de acero», detalló la investigación.
Tales acciones no habrían sido posibles sin la complicidad de la administración de la prisión y sus autoridades. La cárcel de Piedras Negras está bajo la responsabilidad del Gobierno del estado de Coahuila
La representante de la FIDH ante la CPI, Carrie Comer, resaltó que algunos supuestos miembros de Los Zetas detenidos y juzgados en Estados Unidos ya han explicado ante los jueces la colaboración existente entre las autoridades mexicanas y el cártel.
«Eso está en los registros públicos del sistema de justicia de Estados Unidos, pero como se enfrentan a cargos de tráfico de drogas no se hace un análisis contextual de los crímenes contra la humanidad que se han cometido», indicó.
«Llegamos a la conclusión de que existe un ataque sistemático dirigido contra la población civil en Coahuila», dijo la representante de la FIDH, por lo que reclamó que la Fiscalía de la CPI abra una investigación preliminar sobre la situación en México.
Comer recordó que Coahuila se encuentra en la frontera con Estados Unidos, por lo que mantener el control territorial de ese estado significa tener acceso «a todo el tráfico de la región, no sólo de drogas sino también de armas, personas e incluso órganos».
«Antes de que los Zetas rompieran con el cartel del Golfo era un territorio en disputa. Cuando los Zetas consolidaron su control, usaron nuevas tácticas para realmente cooptar gobernadores municipales y estatales», aseguró Comer.
Los representantes de la FIDH sugirieron varias hipótesis que podrían explicar la connivencia entre los carteles de la droga y las autoridades mexicanas.
Respecto al periodo entre 2009 y 2012, consideraron que se trata de un caso claro de corrupción porque las autoridades locales fueron sobornadas por Los Zetas.
Sin embargo, entre 2012 y 2016, la FIDH piensa que podrían haberse dado «falsos positivos», es decir, que las Fuerzas Especiales asesinaron a víctimas inocentes que fueron presentadas posteriormente como miembros de Los Zetas.
Otra posibilidad respecto a ese periodo es que integrantes de las fuerzas de seguridad «trabajaran para otro cartel», por lo que esos asesinatos habrían servido para «hacer el trabajo sucio de controlar los crímenes cometidos en el área», dijo la directora para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes.
Desde el punto de vista penal, México es «el caso más grave» de Latinoamérica debido a «los más de 200 mil homicidios y 30 mil desapariciones forzadas en sólo diez años», aseguró a la agencia de noticias Efe Reyes.
La directora para las Américas de la FIDH añadió que esas cifras «están en los mismos niveles que las dictaduras de Argentina o de Chile y son superiores a las del conflicto en Colombia».
