El escándalo por el espionaje del que fueron víctimas periodistas y activistas sigue bajo la lupa internacional. La organizaciones defensoras de la libertad de expresión exigieron una investigación «expedita» y la ONU consideró «grave» el hecho. A su vez, el semanario The Economist hizo hincapié en «si la ira crece, [el Gobierno de México] puede no tener más opción» y tendrá que explicar por qué se espía. Hizo hincapié en que «el espionaje de los periodistas victimiza a una profesión ya bajo el asalto de bandas criminales».
Mientras, el periodista Francisco Goldman resaltó, en un artículo escrito para The New York Times, las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que ya pesaban sobre Enrique Peña Nieto antes de ser Presidente. Y cuestionó: “¿Acaso en México el crimen organizado y el gobierno son uno mismo, o por lo menos en muchos casos?”
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Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– La condenas por el espionaje del que fueron blanco periodistas y activistas de México crece, ahora nivel internacional. Dos de los medios más importantes del mundo han retomado de distintas maneras el caso, pero siempre cuestionando a la administración de Enrique Peña Nieto.
El Gobierno federal ha intentado desmarcarse en los últimos días de la información dada a conocer el lunes por el diario estadounidense The New York Times. Apenas ayer, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, rechazó “que se esté haciendo algún tipo de espionaje o investigación respecto a periodistas, a algún defensor de los derechos humanos o de ONGs”. Y hoy, el mismo Peña Nieto aseguró que son falsas las acusaciones: “Resulta muy fácil señalar y apuntar, convocar para que se señale al Gobierno como una entidad que espía, nada más falso que eso. Ninguna de las personas que se sienta agravada puede demostrar que su vida haya sido lastimada por supuestas intervenciones”, dijo.
Aseguró que ya solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que realice una investigación, pero de inmediato tuvo una respuesta crítica de las organizaciones civiles.
El caso pone en entredicho al Gobierno federal. Pegasus, el sistema de espionaje usado y creado por NSO Group, es vendido únicamente a los gobiernos para que enfrenten a los delincuentes y terroristas. Organizaciones civiles a las que pertenecen varios de los blancos del espionaje acusaron al Presidente de exonerar al Estado de la culpa y de amenazar a las víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos.
“Al condenar al fracaso las investigaciones, al normalizar el impacto de los intentos de espionaje en la vida de las personas, al restar importancia a las intervenciones y, sobre todo, al proferir una preocupante amenaza a las y los denunciantes, el Presidente Peña Nieto ha mostrado que no será capaz de investigarse a sí mismo”, dijeron las organizaciones en un comunicado conjunto que dio respuesta a los comentarios de Peña Nieto.
Hoy, el semanario The Economist aseguró que si la ira crece en México, el Gobierno federal se verá forzado a dar explicaciones sobre la vigilancia ilegal contra personas «respetuosas de la ley». A su vez, el periodista Francisco Goldman resaltó las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que ya pesaban sobre Enrique Peña Nieto antes de ser Presidente de la República.
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Francisco Goldman, un reconocido periodista y novelista estadounidense, escribió un amplio artículo dedicado al tema bajo el título de “Peña Nieto y Pagasus”, en el resaltó el pasado del mexiquense y las acusaciones que ya pesaban sobre él antes de ser Presidente de la República.
«[…] La pregunta que me persigue y que me parece pertinente plantear no solo con respecto a México, sino en general, es: ¿por qué las reformas proempresariales —como la privatización del petróleo o la promulgación de lo que resultó ser una modesta reforma a la industria de las telecomunicaciones— son interpretadas por tantas personas como algo que promete valores democráticos modernos y el respeto por el Estado de derecho? ¿Por qué, en contraste, el historial de un candidato que había violado los derechos humanos así como la seguridad y la dignidad individuales, sobre todo en cuanto a las mujeres, no se interpreta como una advertencia de valores antidemocráticos y un incumplimiento del Estado de derecho?», escribió.
Y agregó: «Desde luego, #YoSoy132 gritó esa advertencia al mundo. No necesitaron el programa espía Pegasus para ver la relevancia de Atenco. Ahora, este se ha convertido en un tema de interés para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha tomado el caso de 11 de las mujeres que fueron torturadas sexualmente y violadas por la policía después de sus arrestos en Atenco y ha ordenado una investigación en torno a los crímenes en la cadena de mando hasta llegar a los principales responsables, es decir, el Presidente Enrique Peña Nieto».
Consideró que las revelaciones acerca de que el gobierno utiliza el programa espía Pegasus para infiltrar celulares «no fueron sorprendentes”, pues señaló que «en uno de los lugares más peligrosos del mundo […] tanto periodistas mexicanos como extranjeros suponen desde hace tiempo que sus comunicaciones en celulares, correo electrónico y redes sociales no son seguras».
En su artículo de opinión, Goldman puso especial énfasis en la frase escrita en el texto de The New York Times hecha por Luis Fernando García, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), quien dijo que: “El hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno”.
Goldman cuestionó: «¿Para quién trabaja el gobierno? En el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, México ha sido testigo de todo lo que el gobierno está dispuesto a hacer para cubrir la relación entre un cartel de la droga y el Estado, incluso al ignorar evidencia en video, que fue presentada al mundo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de su principal investigador plantando evidencia falsa».
«¿Acaso en México el crimen organizado y el gobierno son uno mismo, o por lo menos en muchos casos? ¿Cómo puede ser que en México, como dijo el periodista John Gibler hace poco, ‘sea infinitamente más peligroso informar sobre un asesinato que cometerlo’? La prueba más reciente de eso fue el asesinato de Javier Valdez, uno de los periodistas más admirados de México, mentor y amigo de otros más jóvenes como Gibler. Esa es otra pregunta que me acecha, ¿acaso pudieron utilizar Pegasus para rastrear a Valdez hasta el lugar donde lo asesinaron? ¿Podría utilizarse de la misma manera para acabar con otro periodista? Y, de ser así, ¿quién lo haría, exactamente, y quién lo investigaría?».
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A su vez, la revista británica The Economist destacó que las revelaciones de espionaje no sorprenden a los mexicanos, quienes “no confían en su gobierno”.
“Los mexicanos no confían en su gobierno. Sólo el 29 por ciento tiene algo de confianza en la institución, de acuerdo con Latinobarómetro, una firma de encuestas”, indicó en un artículo publicado hoy.
Recalcó que «nadie sabe quién autorizó la vigilancia de periodistas y activistas. El Ejército mexicano, la oficina del Procurador General y los servicios de inteligencia han comprado el software. Para fisgonear legalmente, cualquier agencia gubernamental necesitaría órdenes de un tribunal. No hay evidencia de que se hayan emitido».
Recordó que el gobierno negó espiar a los denunciantes y que señaló que el trabajo de The New York Times no apuntó a ningún responsable en concreto por la vigilancia ilegal. Pero aclaró que «esto no disminuirá la indignación” y que «el espionaje de los periodistas victimiza a una profesión ya bajo el asalto de bandas criminales».
El influyente semanario inglés hizo hincapié en «si la ira crece, [el Gobierno de México] puede no tener opción» y tendrá que explicar “por qué fueron espiados los activistas y periodistas respetuosos de la ley”.
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