En México existe un Sistema Nacional de Corrupción y Protección de la Delincuencia, SNCPD, formado al interior del Estado donde se protegen los intereses de amplios sectores de los poderes fácticos legales e ilegales, mientras se combate y amenaza a quienes atentan contra ellos. Este sistema se ha construido en los entramados de corrupción surgidos del poder que brinda el ocupar cargos públicos fuera del control social. El cargo público se ocupa para hacer negocios privados con quien sea, ya se trate de empresas o el crimen organizado.

Diversas rutas de acceso y escalonamiento al interior de los partidos políticos son escuelas con cursos intensivos para la corrupción. Otras rutas de escalonamiento en la corrupción se brindan en las instituciones públicas. Ahí está lo expuesto por un alcalde de San Luis Potosí sobre los porcentajes que hay que repartir a legisladores para que operen como gestores obteniendo fondos para obras en los municipios, ahí están los 22 millones otorgados a 22 diputados por Cesar Duarte para aumentar el endeudamiento del Estado de Chihuahua y disponer de 6 mil millones de pesos. Se reparten los recursos públicos, se instituye la corrupción, se da paso libre a las corporaciones para que destruyan y exploten el medio ambiente o la salud de la población, al abrirles el paso se reparten millones. No se trata de actos excepcionales, son prácticas rutinarias y encubiertas.

El SNPD no es monolítico, se construye a través de células. El SNCPD incluye desde los que ejercen los actos de corrupción hasta quien actúa, en diversas formas, para su protección. Las células brotan por donde sea, a escala municipal, estatal o federal, en instituciones de todo tipo, donde se ejercen recursos públicos, donde se elaboran normas y reglamentos, donde se expiden leyes, donde se dan permisos, donde sea que se pueda beneficiar a alguien, sea persona física, moral o criminal.

Quienes denuncian alguna de estas prácticas encubiertas por el SNCPD suelen ser atacados por diversos medios: lo primero es tratar de desacreditarlo públicamente; lo segundo es espiarlo para encontrar por dónde atacarlo; lo tercero pueden ser procesos penales o fiscales; lo cuarto, puede ser directamente las amenazas encubiertas o abiertas; lo quinto, es la desaparición o el asesinato.

El asesinato de periodistas es la mejor expresión de este sistema, en especial, la impunidad es que se mantienen estos crímenes. No se investiga, no se llega a los autores materiales e intelectuales porque, aunque el asesinato sea cometido por un grupo del crimen organizado, el robo de los recursos públicos sea identificado en unos funcionarios específicos, estos grupos operan con vínculos con una red más amplia en el municipio, el estado y/o la federación. No hay que jalar ninguna hebra de este entramado porque si se jala puede derrumbarse toda una estructura. Por ejemplo, las denuncias contra el exgobernador de Veracruz Javier Duarte parecen entrar en la congeladora, pareciera que no hay que jalar la hebra y el gobernador actual parece no estar dispuesto a hacerlo, no vaya a ser. Lo contrario sucede en Chihuahua donde el gobernador actual, Javier Corral, sin hebra que le pisen e independiente del SNCPD va adelante con procesos muy bien sustentados.

Debemos reconocer los avances en transparencia y acceso a la información pública en nuestro país, justamente por la labor de las organizaciones de la sociedad civil,a pesar de que se han limitado con las administraciones priistas, en vez de avanzar, lo que representa un riesgo. Gracias a ese acceso a la información y a lo que se ha avanzado en transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, es que hoy están en la cárcel y perseguidos varios exgobernadores. Sin embargo, estamos a menos de medio camino en este proceso y, hasta ahora, no se ha logrado jalar ninguna hebra de una de las tramas centrales de este sistema de corrupción. El Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública se queda corto frente al SNCPD.

En México, uno de los países más corruptos del mundo, con una calificación de 3.5 en una escala de 10, el SNCPD representa una amenaza contra aquellos que denuncian las prácticas de corrupción, contubernio, vigilancia y represión que el gobierno realiza en alianza con los poderes fácticos legales e ilegales. La falta de recursos e, incluso, de oficinas para operar el Sistema Nacional Anticorrupción, es una muestra del poco interés que la clase política le presta al establecimiento de un organismo que combata este mal, de hecho, el desinterés debe verse más como una posición en contra de que este sistema avance

De hecho, el sistema actúa en contra de quien denuncia o enfrenta los actos de los poderes fácticos legales o ilegales que atentan contra el bienestar público. El Estado utiliza herramientas sofisticadas destinadas en origen para combatir el crimen para combatir a quienes actúan por los derechos humanos, la transparencia, la salud pública, el medio ambiente. Desde defensores de derechos humanos, hasta funcionarios públicos que denuncian la corrupción al interior de las instituciones públicas, pasando por las organizaciones y activistas que enfrentan los daños causados por las prácticas de las grandes corporaciones, los indígenas que defienden sus bosques y sus territorios, llegando hasta los periodistas que revelan a la sociedad la inmundicia de un país sumido en la corrupción, todos pueden ser víctimas de un sistema que actúa en contra de ellos.

Utilizar sistemas de espionaje del Estado para espiar a periodistas que revelan actos de corrupción en la clase política o espiar a activistas que promueven políticas de salud pública, de transparencia, de reglas claras y competencia en el mercado, que defienden los derechos humanos, es un delito. A través de esta práctica, el gobierno destina recursos materiales y humanos para proteger a quienes hacen uso del poder político para su propio beneficio a través de actos de corrupción. El gobierno hace uso de estos recursos humanos y materiales para proteger los intereses de grandes corporaciones que ven que las políticas de medio ambiente y salud pública pueden afectar sus ganancias.

Recursos materiales y humanos del Estado que deberían estar dirigidos al combate del crimen y la corrupción, en un país desbordado por ambos, se destinan a espiar a individuos y organizaciones que trabajan por el bien común, a individuos y organizaciones que deberían recibir el respaldo del gobierno, si el gobierno fuera democrático, es decir, si actuara en la protección del interés colectivo.

Recursos del Estado destinados a garantizar la seguridad del país, instrumentos de espionaje altamente sofisticados y de muy altos costos, que podrían estar sirviendo para desmantelar bandas delictivas y para combatir actos de corrupción, se desvían justamente para lo contrario: para proteger la corrupción y para defender los intereses de quienes atentan contra la sociedad. ¿Quién protege el hilo de la trama en este caso demostrado de espionaje a miembros de la sociedad civil?, ¿el hilo llega acaso a altas autoridades y por eso se protege?.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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