El “Anuario de Industrias Extractivas: Situación actual 2016”, realizado por organizaciones de la sociedad civil, alertó que sólo el año pasado se registraron más de mil títulos de aprovechamiento de agua otorgados para realizar actividades mineras, que significaron el uso de 436 millones 643 mil 287 metros cúbicos del recurso natural. La cifra, calculan, equivale al volumen necesario para satisfacer la demanda de 11 millones 962 mil 830 personas en un año.
Las empresas que consumen los mayores volúmenes de agua en el país suman 184 millones de metros cúbicos al año y son Goldcorp, ArcelorMittal y Grupo México, dice el estudio.
El estudio destaca que la minería es la industria que más conflictos sociales provoca, dada la falta de mecanismos efectivos y garantías del derecho a la participación, la autodeterminación, a la tierra, al territorio y a los recursos naturales de los pueblos indígenas. En 2016, sostiene, se contabilizaron 37 casos relacionados con esta industria.
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Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- La minería y la extracción de hidrocarburos provoca diversas afectaciones al ambiente, principalmente relacionadas con el uso excesivo y la contaminación del agua; el calentamiento global; la salud de las personas; además de los conflictos sociales por la lucha de los territorios en México, reveló el “Anuario de Industrias Extractivas: Situación actual 2016”.
El informe fue elaborado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Cartocrítica, Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), Corason y consultores independientes.
El Anuario señala que el modelo de gestión del agua en el país «es incompatible» con el ejercicio de las industrias extractivas y cita al Centro Virtual de Información del Agua, que indica que México es un país con baja disponibilidad del vital líquido y la competencia por el recurso ocasiona conflictos entre las comunidades y las empresas que están a cargo de los proyectos extractivos. Aunado a ello, expone, contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero.
Aroa de la Fuente, de Fundar, acusó: «Nos afectan a todos porque [las empresas] agotan y contaminan fuentes de agua, zonas de producción de alimentos que al final consumimos; además generan gases de efecto invernadero que contribuyen a una problemática que nos afecta a todos».
Indicó que a pesar de que no existe una cifra oficial sobre el uso de agua para las mineras, datos de 2016 registraron más de mil títulos de aprovechamiento de agua otorgados a esa actividad, lo que se traduce en un volumen de 436 millones 643 mil 287 metros cúbicos anuales del recurso. La cifra, calculan las organizaciones, equivale al volumen necesario para satisfacer la demanda de 11 millones 962 mil 830 personas en un año.
Y subraya que las empresas mineras que consumen los mayores volúmenes de agua en el país suman 184 millones de metros cúbicos al año y son Goldcorp, ArcelorMittal y Grupo México, esta última responsable del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora en 2014, que afectó a los municipios Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe.
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En su oportunidad, Beatriz Olivera, también de Fundar, aclaró que los impactos de las actividades extractivas giran en torno al uso y contaminación del agua, no sólo en el tema del acceso, sino en lo relacionado con la cantidad que se usa. Ejemplificó que para la extracción de gas de lutitas se utilizan entre 9 y 29 millones de litros sólo para la fracturación hidráulica conocida como fracking y se emplean más de 750 diferentes tipos de productos químicos.
Aunado a ello, las investigadoras señalaron que la «laxitud» del marco regulatorio permite el impulso de tecnologías «altamente dañinas» como son son la fractura hidráulica y la minería a cielo abierto que buscan extraer hidrocarburos y minerales donde anteriormente no era posible.
Olivera evidenció que en general en el tema de minería es posible encontrar información «desagregada y de poca calidad» para conocer con exactitud cuánta agua se está gastando en las concesiones mineras de todo el territorio mexicano, 60 por ciento de ellas ocupadas en la actualidad por empresas canadienses.
El Anuario señala también que las actividades extractivas contribuyen a las emisiones de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Ante ello, las investigadoras destacaron que el reto para México debe centrarse en cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París y en las contribuciones fijadas a nivel nacional, mismas que no podrán lograrse si se basa el desarrollo en dichas actividades extractivas.
«Es realmente urgente [actuar] porque hay un alarmante aumento de la temperatura del planeta, cuyos efectos ya estamos sufriendo en México con la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos como las sequías, la escasez de agua, las inundaciones […] Hay desplazamiento de poblaciones e incluso pérdida de vidas humanas provocada por dichos fenómenos», dijo Olivera, no obstante, aclaró que el país no es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, y aseguró que contribuye con alrededor del 1.5 por ciento de las emisiones del planeta.
En el mismo sentido, de la Fuente puntualizó en que sólo la extracción de minerales e hidrocarburos y la quema de estos últimos para producir electricidad generan gases de efecto invernadero que aceleran la problemática de cambio climático.
CONFLICTOS SOCIALES
Las especialistas apuntaron que en México, la minería es el sector que más ha provocando conflictos sociales, dada la falta de mecanismos efectivos y garantías del derecho a la participación, la autodeterminación, a la tierra, al territorio y a los recursos naturales de los pueblos indígenas.
Aroa de la Fuente sostuvo que las políticas y proyectos extractivos en muchos casos son impuestos en los territorios, con una normativa que es favorable y prioriza estas actividades, lo cual provoca un «fuerte conflictividad» entre las empresas y las comunidades.
Aunque explicó que no existe una fuente de información «homologada y sistematizada» que permita conocer con exactitud la cantidad de conflictos que se presentan actualmente en el país, provocados por las actividades extractivas, la especialista señaló que sólo el año pasado se contabilizaron 37 casos relacionados con minería y al menos 11 con hidrocarburos.
Derivado de esta situación, Olivera denunció que ante la «demanda legítima de las poblaciones para que se les garanaticen sus derechos, algunos actores privados están respondiendo con acciones de hostigamiento, deslegitimación, criminalización e incluso asesinatos de defensores del territorio y del medio ambiente» y recriminó que en los últimos años ha incrementado el número de este tipo de ataques en México.
De la Fuente refirió que entre 2010 y 2016 se identificaron 330 ataques a defensores del territorio y el medio ambiente, entre los que sobresalen los relacionados con proyectos mineros.
