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#DatosCerrados | Los nombres de las empresas que le vendieron al Gobierno artículos de seguridad para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos en la Administración de Enrique Peña Nieto no se conocerán antes del 17 de noviembre de 2027. Fueron puestos bajo reserva. Desde 2015, organizaciones civiles advirtieron que estas medidas de protección -que la autoridad está obligada a comprar por ley- no eran eficaces. Y ahora que los comunicadores padecen una crisis humanitaria no es posible conocer ni la calidad de los productos ni a los proveedores.
Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).- Para otorgar medidas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, el Gobierno de Enrique Peña Nieto hizo algunas compras de 2012 a 2015. Fueron 12 chalecos antibalas, un auto blindado, 22 teléfonos celulares, 611 cámaras, 485 luces, 315 cerraduras, cuatro mil 841 metros de malla y 365 metros de acero de ventanas.
Pero una vez que hizo estas adquisiciones, el Gobierno escondió el nombre de las empresas proveedoras y el costo unitario de los productos bajo los velos del recurso de la reserva.
Las compras de esos artículos las hizo la Unidad de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación con los recursos del fideicomiso creado en 2012 para el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de derechos humanos. Esta instancia está obligada a adquirir ese tipo de material para otorgar medidas de protección y prevención, según lo marca la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Para no revelar a quién le compró, la Unidad de Derechos Humanos se apegó al artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuya letra indica que la revelación de la infraestructura de artículos utilizados en programas de seguridad otorgados por el Gobierno puede causarle daños en su integridad a los beneficiarios.
Así que reservó hasta el 17 de noviembre de 2027 los nombres de las razones sociales de las que adquirió artículos para la seguridad de los comunicadores y defensores de derechos humanos. Es decir, esas empresas podrán conocerse cuando hayan transcurrido nueve años de que Enrique Peña Nieto haya dejado la Presidencia de la República.
El mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos se inició el 12 de noviembre de 2012, basado en la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el 25 de junio del mismo año. En dos diagnósticos, el último de 2015, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio_OSC) que agrupa a más de 50 asociaciones civiles advirtió que tal como operaba, el mecanismo no había logrado modificar la situación de violaciones a los derechos humanos y amenazas de activistas e informadores.
Uno de los factores de la ineficacia eran las herramientas; es decir, los artículos de seguridad. Los análisis permitieron detectar una cadena de problemas que se iniciaban en los criterios y formas de incorporación al mecanismo, el desarrollo de las situación de riesgo, la toma de decisiones de la junta de Gobierno y al final, la puesta en marcha de las medidas de protección.
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La crisis se ha crispado para los profesionales de la información. Desde que en diciembre de 2006, en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa inició una guerra en contra del crimen organizado, han caído abatidos 128 periodistas en todo el territorio mexicano, según un conteo de esta Unidad de Datos.
A Enrique Peña Nieto se le han acumulado los periodistas muertos. Van 49 en su Gobierno. Pero este podría ser el año más trágico. Es mayo y siete comunicadores han muerto en ataques violentos que han quedado impunes y sin que sus averiguaciones tengan el menor asomo de avanzar hacia un resultado contundente.
Según sus propios informes, el Gobierno ha gastado el dinero del mecanismo en pasajes aéreos nacionales para servidores públicos, viáticos nacionales, así como congresos y convenciones.
En 2014, 15 mil 244 pesos fueron para pasajes aéreos nacionales para servidores públicos, otros 21 mil para viáticos nacionales de funcionarios en el desempeño de funciones oficiales y 420 mil pesos en congresos y convenciones.
En 2015, 165 mil 736 pesos se destinaron a pasajes aéreos, 238 mil 888 para viáticos de funcionarios públicos y tres millones 508 mil en congresos y convenciones.
El mecanismo tuvo un presupuesto que pasó de 28 millones en 2012 a 129.5 millones en 2013 y a 134.4 en 2014.
Para 2015, tenía 102 millones y en 2016, de 88.9 millones; pero en 2017 el presupuesto de esta bolsa es cero pesos, según sus propios informes.
En 2013 no se gastaron 1.4 millones de pesos y en 2014, tampoco se usaron 15 millones 869 mil 722. Pero en 2015 se erogaron dos millones 486 mil pesos más de lo que se había aprobado, según una revisión a la contabilidad del mecanismo.
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Después del homicidio de Javier Valdez Cárdenas, el 15 de mayo pasado, el Presidente Peña Nieto se reunió con miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y después salió ante periodistas (los reporteros y fotógrafos que con regularidad lo acompañan en giras y eventos).
Ante ellos dijo: “La violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos ha abierto una profunda herida en la sociedad mexicana … Ante ello el gobierno de la República expresa su más enérgica condena por estos lamentables sucesos que lastiman a México y que han generado una gran indignación. A los familiares, amigos y compañeros de las víctimas les expreso mi más sentidas condolencias”.
El Mandatario pidió un minuto de silencio por los muertos, pero como respuesta obtuvo gritos: “¡Justicia!” “¡No más discursos!” –le dijeron los mismos reporteros.
Peña Nieto anunció tres medidas. Ninguna nueva. Todas están relacionadas con el mecanismo ya existente. Estas son: fortalecer la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo, establecer un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de operación y fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).
