Después de Siria y Afganistán, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Los reporteros que realizan investigaciones sobre el crimen organizado, redes de políticos con el narco y lavado de dinero son asesinados por una razón esencial: en México quien mata tiene el 99 por ciento de posibilidades de no ser detenido. Es claro que el país es un paraíso para la delincuencia organizada.

Y justamente de estas redes políticas y criminales derivan las decisiones para asesinar y/o desaparecer a los reporteros que se vuelven incómodos para el poder. Tanto el gobierno como el crimen organizado –cómplices inseparables — no quieren que la prensa denuncie. Ellos se sienten cómodos en el silencio. Y como no pueden silenciar a la prensa, entonces optan por asesinar al reportero aunque con ello no se silencie la verdad, como se afirma con frecuencia.

Ningún mecanismo de protección a reporteros funciona en México. En la mayoría de los estados el narcotráfico tiene capturadas a las procuradurías y a las policías. ¿Los narcogobiernos estatales van a proteger a los periodistas? Con los niveles de corrupción que existen en México es imposible que la labor periodística esté a salvo de balas y de muertes. No seamos utopistas: los reporteros tenemos que crear nuestros propios mecanismos de seguridad, cuidarnos a nosotros mismos porque nada debemos esperar de los gobiernos penetrados por el narcotráfico. En resumen, la mejor protección es no tenerla.

Nunca antes en la historia del país habían ocurrido tantos asesinatos de periodistas. Tan sólo en este año suman siete las muertes de comunicadores. Las agresiones de todo tipo y las amenazas van en aumento también. Entre 2010 y 2016 la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión tiene registradas 708 denuncias y 47 de ellas son por asesinatos. En sólo tres casos hubo detenidos y sentenciados. El resto de las denuncias duermen el sueño de los justos en la PGR. Ni para atrás ni para adelante. Simplemente no hay avances.

De 2010 a 2015, el estado más peligroso para ejercer el periodismo fue Veracruz. A la fecha en esa entidad se documentan 25 casos de reporteros desaparecidos y/o asesinados. Durante el gobierno de Javier Duarte ocurrieron la mayoría de los casos que, a la fecha, siguen impunes. Envuelto en la vorágine del poder, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no ha hecho ningún pronunciamiento para procurar esclarecer los casos, a pesar de que las muertes de comunicadores continúan en esa entidad. En marzo último fue asesinado a balazos el periodista Ricardo Monluí, columnista del diario “El Sol de Córdoba”. A la fecha no hay ni rastros de los posibles asesinos.

Datos de la organización Artículo 19 sostienen que la ciudad de México es la entidad con mayor número de agresiones a periodistas. En la capital del país se documentan 53 casos. Le sigue Oaxaca con 38 denuncias y Veracruz con 35. Cabe decir que Oaxaca es la entidad que actualmente registra el mayor número de asesinatos de comunicadores.

De acuerdo con Artículo 19, seis de cada diez amenazas contra los periodistas se realizan a través de la Internet y redes sociales, lo que convierte esos espacios virtuales en un campo de batalla utilizado a menudo por criminales, policías o políticos incómodos para atacar la libertad de expresión. Aquí se suman también los llamados operativos de “bots”, cuentas que se abren en las redes sociales para hostigar a usuarios. Entre los blancos de esas amenazas está una larga lista de periodistas.

Es común que muchos reporteros de estados como Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Coahuila – territorios que son asiento de cárteles en disputa –reciban mensajes como “te voy a matar”, ya bájale hijo de puta”, entre otras agresiones, con el fin de intimidarlos e inhibir la publicación de alguna información que los implica con el narcotráfico y con diversas redes criminales.

La mayoría de las amenazas provienen del crimen organizado, pero también es evidente que en muchos casos son funcionarios públicos los que están detrás de algunas amenazas y muertes. Existen alcaldes que han ordenado asesinar a los reporteros que les incomodan. Y esto es una realidad, ya que el 80 por ciento de las autoridades municipales del país tienen algún vínculo con el crimen organizado.

El arribo al poder de delincuentes, derivó en mayor violencia, pues los grupos poderosos solo saben utilizar un lenguaje: el de las balas.

La muerte de Javier Valdez, ocurrida el lunes 15, no se puede desligar del crimen organizado. El periodista, escritor y fundador del periódico Ríodoce seguía muy de cerca el conflicto de grupos criminales en Sinaloa, los cuales están en abierta disputa por el control del cártel que encabezó Joaquín Guzmán Loera. Y la del narcotráfico parece ser la línea más clara en las investigaciones que realizan las autoridades.

Es por ello que resulta ridícula la versión de las autoridades sinaloenses cuando exponen que una de las líneas de investigación es el robo, pues algunos delincuentes habrían pretendido despojarlo de su vehículo. Valdez Cárdenas trabajaba los temas más difíciles en Sinaloa, es por ello que la principal línea de investigación debe ser su trabajo periodístico.

La muerte de Valdez y el periódico Ríodoce –el más combativo en Sinaloa cuando aborda los temas del crimen organizado –permite recordar al semanario “Zeta” de Tijuana en tiempos de Jesús Blancornelas. Tras la muerte de “El Gato “ Félix, en 1988, siguieron otros asesinatos, el atentado de don Jesús, por ejemplo, quien libró la muerte después del ataque armado que sufrió. Ese medio de comunicación, como ahora lo hace Ríodoce en Sinaloa, se enfrentó al narcotráfico y en no pocas ocasiones sus investigaciones periodísticas iban más adelantadas que las que realizaba las propias autoridades locales.

Ríodoce es un ejemplo del periodismo combativo, del periodismo comprometido con la sociedad, del periodismo serio que se asume sin medir el peligro y donde no media otro interés más que informar. Son los hechos y los lectores. Y así lo ejercía Javier Valdez, cuya muerte hizo que decenas de periodistas organizaran una marcha para repudiar el crimen y exigirle al gobierno federal que se frene la ola de asesinatos de comunicadores.

Es claro que esta oleada de violencia que sacude al gremio periodístico rebasa al gobierno de Enrique Peña Nieto. El Estado no tiene capacidad de garantizar la vida ni el patrimonio de nadie. Y la administración peñista está tan desprovista de instrumentos y de credibilidad que el anuncio del miércoles 17 así lo demuestra. Fue una muestra de buenas intenciones, pero se exhibieron las carencias de un gobierno que se ve rebasado por la delincuencia. Y está rebasado porque la estructura de poder está infriltrada y, por ello, paralizada para actuar.

La tarea periodística en México carece de protección porque la delincuencia organizada y común está fuera de control y ni el gobierno federal ni los estatales han resuelto el problema de la inseguridad pública.

En los estados del país las policías son brazos armados de los cárteles y los delincuentes son los que imponen las reglas del juego. Los gobernadores se desentienden del problema porque a menudo le avientan la responsabilidad a la Federación. En muchos casos, son los propios gobernadores los que pactan con el narco porque es la única forma de sobrevivir políticamente.

Mientras el problema de la inseguridad pública y la impunidad no se resuelvan, la muerte de periodistas continuará en México. El gobierno implementó los mecanismos de protección en el año 2012. No obstante, los crímenes continuaron y las investigaciones siguen estancadas, sin detenidos y sin sentenciados.

Por su parte, los medios de comunicación siguen desprovistos de protocolos de protección a sus reporteros. Muchos medios y revistas ni siquiera les interesa proteger a sus periodistas a pesar de que saben que corren altos riesgos al realizar su labor informativa. Algunos directores, insensibles ante esta realidad, solo alcanzan a decirle a sus reporteros: “Cuídate mucho”, “toma tus medidas”…Pero es todo.

Cuando el reportero enfrenta una amenaza de muerte, ni siquiera los gastos de hotel y alimentos les quieren pagar. Tienen que acudir a la secretaría de Gobernación, donde les asignan un par de escoltas con vehículo, pero el reportero es quien debe cubrir los gastos tanto de traslados, gasolina y alimentos. Hasta eso les niegan. Es una realidad dolorosa que solo se dimensiona cuando se ha enfrentado una amenaza de muerte del crimen organizado. El reportero se ve completamente descolocado emocionalmente y sin apoyo. El periodista muchas veces lo vive en silencio, la impotencia lo sepulta y mira una realidad cruel: que no tiene el apoyo que necesita en un momento de emergencia. Solo existe un camino: uno se tiene que cuidar a sí mismo.

El anuncio del presidente respecto de ampliar los mecanismos de protección a los periodistas solo exhibió las carencias de instrumentos para dar seguridad a los periodistas en riesgo. La Conferencia Nacional de Gobernadores, en voz de su presidente, Miguel Ángel Mancera, sólo se le ocurrió extender las medidas que aplica la Federación e implementarlas en los estados, donde se crearán fiscalías para atender las denuncias sobre agresiones a periodistas.

Esto quiere decir que si se instalarán fiscalías en los estados es porque se prevé que habrá más muertes y/o desapariciones. Pero insistimos: el problema no es proteger a cada reportero. El tema de los asesinatos está estrechamente ligada con el desastre de la inseguridad pública. Mientras la delincuencia mande en el país seguirán los asesinatos de periodistas y de defensores de los derechos humanos. Es una labor que incomoda al crimen organizado y al poder político, socios inseparables.

En el anuncio del miércoles 17, el presidente Enrique Peña sólo manifestó sus buenas intenciones y su postura utópica de que México debe ser un país reconocido en el mundo por proteger a sus periodistas y con ello la libertad de expresión. Pero no dijo cómo le va a hacer para lograr este objetivo. No se puede revertir la realidad por decreto. México hoy es el tercer país más violento para ejercer el periodismo y darle la vuelta a esa realidad no es tarea fácil.

En este rol de homologar las acciones federales para proteger al gremio periodístico Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que se deben crear instrumentos en todos los estados para atender los casos de agresiones a los reporteros.

Sin embargo, la medida parece encaminada al fracaso. Y no se trata de convertir a los periodistas en casos de excepción aunque sus muertes exhiban el nulo respeto a la libertad de expresión en México. Mientras los lazos entre el poder y la mafia sigan igual de estrechos, la labor periodística seguirá apuntando hacia ese problema y, con ello, continuarán asesinando a comunicadores. La única forma de que no haya muertes es que la prensa deje de exhibir esas complicidades. Y eso no ocurrirá.

Ninguna medida de protección a periodistas alcanza ni es suficiente. El gobierno federal tiene una deuda social. Se llama la inseguridad pública. No se necesita ponerle un policía a cada reportero para que lo cuide. Se necesita que la seguridad del país mejore y con ello la labor periodística dejaría de estar bajo amenaza permanente.

Actualmente en México operan 14 cárteles y todos están en guerra por el control de las plazas y del negocio del tráfico de drogas. Son cárteles que operan con 25 tipologías delictivas y en todo el territorio tienen protección oficial. Y es en las entidades federativas donde hay más muertes de reporteros, pues en esas zonas los comunicadores están desprovistos de toda seguridad. Con frecuencia los grupos criminales conocen donde viven los periodistas y sus familias. Y ahí son blanco fácil del crimen.

En medio de muertes y protestas de periodistas el procurador General de la República, Raúl Cervantes, nombró al nuevo Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Se trata de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, un abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho con amplia experiencia, según su currículum, en temas de medios de comunicación.

En realidad la labor de Ricardo Sánchez no es nada fácil. Para ganarse la credibilidad social y del gremio periodístico tendrá que resolver los casos de periodistas asesinados. Si la impunidad no se combate, su tarea está condenada al fracaso, pues precisamente es la impunidad, como ya se dijo, lo que está detonando más muertes de periodistas.

Según informó la PGR, el fiscal “revisará cada uno de los casos que se investigan, mantendrá un contacto permanente con todas las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas, propiciando un diálogo permanente y transparente con la sociedad y reforzará la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno”.

Suena muy bien este compromiso. Falta que se cumpla.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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