Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez se convirtió en activista tras el secuestro y asesinato de su hija en 2012. Ella la buscó, halló su cadáver en una fosa clandestina y dio la información a las autoridades para detener a los responsables. Su apoyo a las familias de desaparecidos continuó. Pero el pasado miércoles fue asesinada.
El coordinador del «Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Ciudad Victoria» Guillermo Gutiérrez Riestra, dijo que la agrupación de Miriam logró contabilizar 400 casos de desaparecidos sólo en San Fernando, y alertó que más padres convertidos en activistas están bajo amenaza en Tamaulipas.
Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– «A ver si no me matan», decía la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez luego de reclamar a los funcionarios del Gobierno de Tamaulipas por los casos de desapariciones en el estado.
La frase, dicha en distintos momentos en un tono de sarcasmo, se convirtió en augurio y luego en una penosa realidad.
La noche del pasado 10 de mayo, un comando atacó a tiros su domicilio en San Fernando, Tamaulipas, dejándola herida. Murió camino al hospital.
Su asesinato generó una ola de indignación no sólo en México sino en el extranjero y de parte de organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y decenas de ONGs condenaron el asesinato y exigieron a las autoridades locales y federales investigarlo con perspectiva de género y evitar que quede en la impunidad.
Ese miércoles, Día de las Madres, Miriam se vio imposibilitada, por una lesión en la pierna, para marchar junto a otros padres que buscan a sus hijos. No pudo unirse a las madres, padres y hermanos de los desaparecidos en esa entidad que, además, tomaron las calles de varios estados del país para, como ella hizo con toda su energía, reclamar a las autoridades el paradero de sus familiares.
Guillermo Gutiérrez Riestra, coordinador del «Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas», conoció a Miriam en el año 2014. La tragedia los unió.
Él aún busca su hija Raquel Gutiérrez Ruiz, secuestrada en agosto de 2010 en el Barrio Pajaritos, de Ciudad Victoria, capital de esa entidad. Ella, buscaba entonces a su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, también plagiada, pero en 2012; ahí, en San Fernando Tamaulipas y tres años después, encontró sus restos en una fosa clandestina y dio con los responsables.
«Ella era muy alegre, muy elegante en el vestir, pero muy seria con la autoridad, las cosas las decía claras, siempre que estaba ante la autoridad era dura, exigente», comentó Gutiérrez Riestra en entrevista telefónica.
Miriam trabajó como empleada del sector salud en Tamaulipas, en sus últimos días vivía con su familia y atendía su negocio en San Fernando.
«Puso ese negocio, precisamente , para no estar, digamos, a la vista para que no pudiera ser estar expuesta correr algún peligro», detalló para SinEmbargo el integrante del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas.
Aunque había encontrado a su hija, Miriam no dejó de apoyar a otras familias víctimas de desapariciones en el estado, a través del «Colectivo de desaparecidos en San Fernando». De acuerdo con el activista, Miriam tenía un registro de 400 personas de las que se desconocía su paradero.
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LA FUGA Y AMENAZA
El pasado 22 de marzo, 29 reos se fugaron del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria, a través de un túnel de cinco metros de profundidad y 40 metros de largo. Dos de los responsables del secuestro y asesinato de Karen estaban entre los prisioneros fugados.
La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) detalló que sólo uno de ellos fue recapturado: Enrique Yoel Rubio Flores. Actualmente se encuentra preso y está sujeto a formal prisión por diversos delitos. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) no lo ha consignado por delincuencia organizada que es de la competencia federal.
Miriam reclamó seguridad a las autoridades por la amenaza que sintió tras la evasión de Rubio.
«Cuando hubo esa fuga ella sintió un peligro y fue cuando solicitó las medidas preventivas para proteger su integridad», comentó Guillermo Gutiérrez.
«Denme de perdida un número para pedir auxilio. Solamente les pido eso», dijo entonces Miriam, según recordó Gutiérrez Riestra. Él fue testigo del momento en que la madre convertida en activista alertó al Procurador General de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, y a la subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de Tamaulipas, Gloria Elena Garza Jiménez, el pasado 18 de abril.
El Gobierno tamaulipeco, que es encabezado por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que sí se le brindó las medidas cautelares «a través de rondines tres veces al día en su domicilio», pero destacó que Miriam Elizabeth dio a conocer «que no estaba siendo atendida por servidores públicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)», que depende directamente del Gobierno federal.
Gutiérrez Riestra advirtió que el peligro aún es latente para al menos otras dos activistas cercanas a él, a quienes se les han tomado fotos y que son vigiladas desde camionetas que dan rondines en su domicilio. Incluso, denunció, la policía estatal acosa a las familias de los desaparecidos durante sus manifestaciones.
«Vivimos en el zozobra, salimos y no sabemos lo que nos pueda pasar. Muchos de los familiares vivimos en este estado por la necesidad de encontrar a nuestros hijos, si no desde hace mucho hubiéramos buscado otro lugar para vivir», denunció.
Las revelaciones de este habitante de Ciudad Victoria son sólo una muestra de la tragedia de desapariciones que ocurren en el estado.
De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hay más de 5 mil 563 personas desaparecidas en los últimos diez años en Tamaulipas, aunque la cifra es sólo aproximada, pues la propia Comisión ha denunciado que las autoridades estatales no le ha dado toda la información sobre este tema.
