En el círculo más cercano del Presidente Peña Nieto saben que el PRI, partido en el poder presidencial, tiene pocas posibilidades de retener el poder en las elecciones de 2018, donde el candidato que más ha capitalizado el hartazgo social mexicano (López Obrador) no parece tener rival, aun cuando otras fuerzas políticas no hayan definido a sus candidatos.
Este catástrofe claramente visible para un PRI cuyo Presidente ha caído en los más bajos niveles de aceptación social de la historia ha encendido todos los focos rojos en su dirigencia y militancia, de ahí que hayan echado a andar una estrategia de limpieza moral a través de actos de justicia tendientes a generar la percepción de que el PRI “es otro”, sin saber que los actos de corrupción cometidos por muchos de los ex gobernadores que el mismo Presidente Peña Nieto señaló no hace mucho como la nueva generación priista resultaron ser los más corruptos de la historia rojiblanca, y para muestra el caso Yarrington y el caso Javier Duarte, el más emblemático de todos.
Como lo han afirmado los analistas no “oficiales”, la estrategia del PRI es burda y no hace sino generar más suspicacias y enlodar más la imagen de ese instituto político. La detención de Duarte se ha visto como una mera farsa legal con fines puramente electoreros (el PRI quiere ganar la mayoría de los estados en estas elecciones, principalmente Edomex, donde el Presidente tiene a un familiar suyo), y la de Yarrington no envía otras coordenadas, pues el Estado mexicano se vio tunco e incluso autista a la hora de echar a andar la maquinaria diplomática para la captura de estos delincuentes que se paseaban como turistas de primera en las calles extranjeras.
La sociedad mexicana sabe (y teme) que esta ficción legal termine por desvelar su impostura luego de que el PRI consiga su cometido electoral en este año y en el siguiente, reteniendo la presidencia de la República: esto es, una vez que pase la tormenta, dejar libres no sólo a Duarte y Yarrington, sino indultar a todos aquellos gobernadores hoy señalados por corrupción que, en su momento, fueron de gran ayuda (financiera, humana, etc) para que Peña Nieto llegara al poder.
No son, pues, actos de justicia los ejecutados hasta hoy por las autoridades mexicanas en contra de, hasta el momento, estos dos ex gobernadores, sino simples ficciones legales que tiene como fin limpiar el descrédito de un PRI cada vez más abominado por la sociedad y que, por esta razón, ya no se sostiene en el poder sino mediante fraudes electorales.
Si esto no fuera así, entonces el primero que debería estar tras las rejas sería el mismo Presidente de la República.
