El Partido Verde Ecologista de México se ha encargado de promover dos polémicas leyes que amenazan la protección de los bosques y la biodiversidad del país. Las organizaciones denunciaron que pese a que ambas legislaciones atentan contra los recursos naturales y no fueron sometidas a consulta, tanto ese instituto político como la Senadora Ninfa Salinas, buscan «sacarlas a como dé lugar» este jueves en la Cámara Alta.
Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República ignoró a las comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil, y ahora intenta dar un «albazo» y dictaminar mañana las leyes Forestal y de Biodiversidad que han estado en el ojo del huracán desde hace algunos meses por representar un riesgo para los bosques y la biodiversidad, denunciaron organizaciones civiles.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se ha encargado de promover dos polémicas leyes que amenazan la protección de los bosques y la biodiversidad de México, que a petición de la Senadora Ninfa Salinas, están cerca de convertirse en una realidad.
Este jueves, la Comisión dará lectura, discusión y, en su caso, aprobará cinco proyectos de dictamen, entre los que destacan las leyes Forestal y de Biodiversidad.
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que deja sin efectos a la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003, han denunciado académicos, productores y organizaciones civiles, carece de consulta, no resuelve los problemas del sector forestal, impactará negativamente a los bosques e incluso presenta retrocesos en materia de derechos de las comunidades.
En el caso de la Ley General de Biodiversidad que se expide para abrogar la Ley General de Vida Silvestre, ambientalistas han acusado que contiene diversas disposiciones que violarían tratados internacionales que México ha firmado y además dejaría “desprotegida” a la biodiversidad del país.
Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMS), aseguró en entrevista para SinEmbargo, que «lo que quieren la Senadora Ninfa Salinas y el Partido Verde es sacarlas [leyes Forestal y de Biodiversidad] a como dé lugar e independientemente de la oposición. Las organizaciones civiles y los productores están demandando que se abra la discusión, pero parece que [el instituto político] está dispuesto a cargar con la crítica, no le importa lo que piense la sociedad y está empeñado en imponer las nuevas leyes».
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Gonzalo Chapela, también integrante del CCMS, denunció que a pesar de que las comisiones de Medio Ambiente, de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos Primera son las encargadas de dictaminar la minuta de la Ley Forestal, por lo que se requiere la aprobación de las tres para que el documento sea subido al pleno del Senado y sea votado, con las operaciones de la Comisión de Medio Ambiente se pretende excluir a la de Desarrollo Rural –que está a favor de que se abra el proceso de consulta– y así acelerar el proceso.
Las organizaciones criticaron que tras la premura por aprobar la minuta de la Ley Forestal, el proyecto de dictamen apenas está siendo entregado a los senadores para discutirse mañana. Ayer se llevó a cabo el foro “Hacia un análisis de las implicaciones de la Minuta de Ley Forestal” en la sala de la Comisión Permanente en el Senado y a la par, la Senadora Ninfa Salinas –quien fue convocada a participar en la discusión– apresuraba el proceso para aprobar la Ley sin consulta.
«Mientras estábamos desahogando el foro, discutiendo y opinando, ellos [senadores del PVEM] estaban haciendo esta maniobra. Nadie de la Comisión de Medio Ambiente se presentó en el foro celebrado ayer y es muy grave. La Ley retrocede y deja en peores condiciones a los bosques, que la Ley que está vigente», lamentó Chapela.
Chapela subrayó que con dicha Ley quedan en indefensión 53 millones de hectáreas de áreas forestales en el país. Ayer, durante el foro, activistas entregaron las más de 30 mil firmas recabadas en la petición de Change que busca abrir una consulta sobre la iniciativa.
A través de un comunicado, los inconformes acusaron que «los senadores del Partido Verde han ignorado las peticiones de más de 30 mil personas y cientos de organizaciones de productores forestales, representantes de pueblos indígenas, técnicos y académicos, que en reiteradas ocasiones han exigido un proceso de consulta y revisión profunda de los contenidos de la minuta de la Ley Forestal».
Por ello, hizo un llamado a la Comisión de Medio Ambiente y al Senado en general a no aprobar la Ley Forestal sin consulta, a abrir un proceso y a buscar una propuesta que sí sea capaz de salir por unanimidad y agrupe a todos sectores involucrados en el tema de los bosques.
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Asimismo, Miguel Alejandro Rivas Soto, campañista de Océanos de Greenpeace México, indicó que “abre la puerta” a que los animales regresen a los circos da oportunidad a los delfinarios de capturar a las especies marítimas y de utilizar animales para la experimentación.
“Nosotros hemos resaltado que el Partido Verde perdió el rumbo […], que al parecer sus intereses son empresariales, que tienen que ver con el lucro sobre la biodiversidad, más que por promoverla y proteger el capital natural de la nación”, acusó en marzo pasado.
Hoy, en entrevista para este medio, el activista remarcó: “Nosotros no entendemos las prisas, creemos que se está llevando de una manera súper apresurada porque el tema ni siquiera ha sido debatido para saber qué es lo que como país queremos sobre los recursos genéticos”.
Asimismo, reclamó que «los senadores que integran la Comisión [de Medio Ambiente] ni siquiera han visto el dictamen final y mañana se vota si lo aprueban o no. Nos preocupa el actuar de la presidenta [Ninfa Salinas] y del Partido Verde, quienes han manejado estas prisas».
Finalmente, hizo un llamado a fin de que se abra una discusión al respecto y adelantó que mañana la organización ambientalista se manifestará a las afueras del Senado para externar su rechazo hacia la Ley de Biodiversidad.
«[La Ley] No ha sido debatida a nivel nacional ni discutida ni mucho menos consultada con los directos afectados, que son las comunidades y los pueblos indígenas y campesinos», lamentó.
PEROSNALIDADES, ACADÉMICOS Y ONGS EXIGEN DESECHAR LA INICITIVA
En un comunicado, personalidades de la comunidad científica, intelectual, organizaciones civiles y productivas alertaron que con este proyecto se podría privatizar los recursos genéticos del país y llamaron que se detenga el proceso legislativo.
«La materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural (genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes), en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México. Además de que la iniciativa carece de mecanismos de difusión y debate de forma amplia, democrática, plural, en las diferentes lenguas de los pueblos, y comunidades indígenas, ni otorga el tiempo pertinente para garantizar la participación efectiva de estas comunidades, como lo establecen varios tratados internacionales de los que México es signatario», apuntaron el documento.
Otro de los argumentos que también esgrimieron para echar atrás la iniciativa es que pasa por alto “el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación” al proponer un política pública destinada a regular el ordenamiento territorial, las actividades productivas, y el uso de los recursos naturales en una amplia porción de los territorios donde habitan», a quienes, acusaron, no se les hizo «la más mínima consulta al respecto».
Señalaron que se violenta la obligación del Estado mexicano de “preservar y enriquecer» las lenguas, conocimientos y todos los elementos de la cultura e identidad de estos pueblos y su derecho a preservar, mejorar y conservar sus tierras.
Alertaron además que la iniciativa impulsada por el partido ecologista dañará «el patrimonio biocultural del país, hipotecando el futuro y la independencia nacional (más que la venta de PEMEX), dejando en manos de transnacionales y particulares del país la riqueza que hasta nuestros días han conservado los pueblos indígenas y campesinos, quienes sin pedir nunca dinero alguno, se han interesado en el bien común, no el beneficio individual».
Acusaron además que el proyecto de ley «vuelca a la explotación comercial de los recursos genéticos y sus conocimientos asociados; dejándolos sujetos a la biopiratería por parte de las empresas privadas interesadas en la bioprospección, sin contemplar mecanismos reales para evitar su apropiación por particulares, y de conservación que impidan su erosión genética y cultural en un país megadiverso y pluricultural como lo es México».
«Consideramos inaceptable que se pretenda legislar atropellando los derechos fundamentales de los pueblos de México para privatizar los bienes comunes, biológicos, genéticos y culturales», sostuvieron.
