El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, capturado en Guatemala después de estar prófugo de la justicia durante seis meses, es acusado por delitos de corrupción y crimen organizado. Sin embargo, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y familias de periodistas asesinados durante la gestión del priista en esa entidad afirman que esos delitos son lo de menos: «lo peor que ha hecho son las desapariciones forzadas”. Por ello exigen que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad.
Desde Guatemala, a donde se trasladaron a ejercer presión para que el ex mandatario estatal sea enjuiciado por todas las causas pendientes en México, hoy exigieron todo el peso de la justicia en contra del ex Gobernador y aseguraron que durante su gestión hubo un incremento notable de “secuestros, extorsiones, desapariciones y ejecuciones”.
ADEMÁS
Por Violeta Santiago
Ciudad de México/Xalapa/Guatemala, 24 de abril (SinEmbargo/BlogExpediente/EFE).– Luego de la captura en Guatemala de Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, colectivos de búsqueda de desaparecidos y periodistas coincidieron en una cosa: la necesidad de que Duarte sea juzgado no sólo por peculado sino también por crímenes de lesa humanidad.
Lucía Díaz, representante del Colectivo Solecito de Veracruz, expuso que la noticia de la captura se traduce en una esperanza de justicia, aunque adelantó que no desean “levantar mucho las expectativas porque sabemos cómo son las cosas en México”.
En entrevista, la veracruzana expuso que “lo de menos son los delitos de peculado, lo peor que ha hecho son las desapariciones forzadas y han sido miles”, razón por la cual instó a la actual Fiscalía General del Estado a dejar de ser omisa y elaborar los expedientes correspondientes para que también se vincule al ex Gobernador con las desapariciones del estado.
ADEMÁS
De acuerdo con El Solecito de Veracruz, la Fiscalía necesita elaborar un expediente contundente “que no se preste a que luego no lo acepten”, además de agregar que el simple hecho de la captura apenas se trata de un primer paso: “Yunes habla de que ya cumplió, él no ha cumplido nada, esto es apenas el primer paso, lo que ha causado el dolor mayor es la catástrofe humanitaria”.
Por parte del colectivo de búsqueda Familiares María Herrera AC, de Poza Rica, Maricel Torres expuso que esperan que Javier Duarte confiese las ubicaciones de más puntos en donde podrían estar sus familiares desaparecidos, por lo que pidió “que lo hagan hablar, porque si no qué ganaríamos con que esté detenido”.
Este colectivo del norte del estado consideró que como Gobernador, Duarte de Ochoa permitió que el crimen organizado tomara el control de la entidad y se perpetraran los hechos ilícitos con impunidad, en un aumento de violencia que, reconocieron, no tiene comparación en la historia de Veracruz.
De forma similar, otra integrante del colectivo Familiares María Herrera A.C., Blanca Cruz, expuso que el cordobés es responsable de los asuntos de violencia en el estado, por lo que cree que es necesario hacer una investigación debido a que a raíz de que entra como Gobernador se desatan los hechos delictivos de alto impacto, así como también deberá señalar a los que estuvieron involucrados junto con él:
“Lo que nosotros esperamos es que se haga justicia si tiene delitos que pagar conforme a la Ley y en cuanto a lo demás lo hacemos responsable, pensamos que es responsable de tantas desapariciones de jóvenes en el estado, él es parte de la delincuencia organizada”.
ADEMÁS
Sobre el caso de los comunicadores, Sayda Chiñas, periodista, activista e integrante de la Comisión Estatal de Atención y Protección para los Periodistas (CEAPP) comentó que se está buscando abrir los casos, por lo que piden voluntad de hacer su trabajo a la Fiscalía General del Estado.
“Es el inicio de la justicia para los veracruzanos, pero lo que a mí me preocupa es que solamente se les están acusando por los crímenes que tienen que ver con el robo de las arcas del estado”, declaró. Durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se cometieron 19 asesinatos de periodistas, de los cuales, prácticamente todos los autores están impunes, además de decenas de amenazas o agresiones tanto físicas como verbales.
Dicha escalada de violencia contra los periodistas, sin precedentes en Veracruz y en México, vincula, según explicó Sayda Chiñas, al ex Gobernador con dichos sucesos, pues fue justo durante su mandato cuando se registró este aumento delictivo y que ha derivado en que, al haber impunidad, se sigan permitiendo este tipo de acciones contra los periodistas.
Por tal motivo, tanto colectivos como periodistas observan de forma positiva la captura del ex mandatario veracruzano, sin embargo, también esperan que exista justicia no sólo por el daño a las finanzas públicas sino también por las vidas perdidas en Veracruz durante el «sexenio fatídico».
DESDE GUATEMALA EXIJEN JUSTICIA
Familiares de al menos 30 mil desaparecidos por la fuerza en Veracruz (México) exigieron hoy en Guatemala todo el peso de la justicia en contra del ex Gobernador de ese estado, Javier Duarte, detenido el pasado 15 de abril en el país centroamericano con fines de extradición.
Durante una rueda de prensa representantes de al menos 12 colectivos que aglutinan a cientos de miles de desaparecidos en México aseguraron que durante el gobierno de Duarte hubo un incremento notable de “secuestros, extorsiones, desapariciones y ejecuciones”.
“Esos crímenes afectaron directamente a la población civil en general sin respetar edad, sexo, estatus social y profesión”, aseguró Aracely Salcedo, quien busca a su hija Fernanda Rubí, desaparecida el 7 de septiembre del 2012 en Orizaba (Veracruz).
ADEMÁS
Advirtió que en ese estado la población vive en un alto grado de riesgo e inseguridad por exigir la aparición de los familiares secuestrados.
Sostuvo que durante el gobierno de Duarte “nos revictimizaron y alejaron de la justicia, pero sobre todo de tener pronto de vuelta a nuestros hijos e hijas”.
“Exigimos desde este hermano país (Guatemala) al estado mexicano que Javier Duarte sea extraditado lo antes posible para ser juzgado y castigado, no solo por el desvío millonario de recursos, sino para que responda también por todas las desapariciones y ejecuciones en Veracruz”, dice un comunicado de los colectivos mexicanos leído por Salcedo.
Dijo que también piden que sea investigado el exfiscal general Luis Ángel Bravo por «la gravísima omisión en la falsa toma de muestras de ADN realizadas a las familias de desaparecidos».
La activista exigió al gobierno mexicano que «se aplique todo el rigor de la ley a Duarte», y agradeció a las autoridades guatemaltecas por su captura.
«Queremos ver un poco de justicia, Duarte no se merece ni la más mínima consideración, exigen justicia y que le caiga todo el peso de la ley», enfatizó en la conferencia de prensa en la sede del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), en la capital guatemalteca.
La detención de Duarte fue ordenada el 14 de octubre de 2016 por un juez del Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, y desde el 14 de noviembre tenía una alerta roja de la Interpol.
Entre 2012 y 2015 Duarte desvió grandes cantidades de recursos públicos los cuales utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de su país.
Las activistas mexicanas también demandaron a su país la aprobación de una ley general que permita dar con los desaparecidos, a quien dijo, «hemos buscado en fosas clandestinas».
Según Lucía Díaz, del Colectivo Solicito de Veracruz, el delito de las desapariciones forzosas se debe incluir en el proceso judicial de extradición a Duarte porque «sino en México no se le podría juzgar», y anunció que se están asesorando legalmente en su país para presentar las pruebas.
