Ocho hombres fueron asesinados, sus cuerpos con marcas de tortura fueron metidos en bolsas negras de basura, y estas metidas en una camioneta. El hallazgo fue en Chilpancingo, Guerrero, hace unos días.

Semanas atrás, a principios de marzo, en el traspatio del cementerio Colinas de Santa Fe en Veracruz, fueron localizadas varias fosas clandestinas, originadas de acuerdo a las investigaciones ministeriales, en el crimen organizado. Después de excavaciones diversas, encontraron más de diez mil restos óseos. 250 cráneos.

El 23 de marzo en Chihuahua fue asesinada la periodista Miroslava Breach. Era corresponsal de La Jornada y del extinto diario El Norte de Ciudad Juárez. Sus asesinos la cazaron -seguramente después de espiarla por días- cuando subió a su auto fuera de su casa. Era de mañana y no iba sola. Su cuerpo quedó tendido a la derecha en el asiento del piloto.

En noviembre de 2016, después de dar una entrevista, Javier Duarte de Ochoa, entonces Gobernador con licencia del Estado de Veracruz, y ya acusado de irregularidades hasta acumular una deuda arriba de los 64 mil millones de pesos, el priísta huyó. Ni él ni a su esposa se les ha vuelto a ver. Horas después de ello, se emitió la primera orden de captura en su contra. Hoy se le acusa de por lo menos tres delitos: peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Todos los casos expuestos, unos ligados al narcotráfico y al crimen organizado, otros a la corrupción en los gobiernos, permanecen en la impunidad. México es un país sin Ley que va sumando casos de asesinatos, de atentados, de venganzas, de muerte y de sangre, de corrupción e impunidad.

No hay sector que salga libre. Empresarios que son extorsionados o secuestrados, políticos que abusan del presupuesto y hurtan el dinero del pueblo, funcionarios que se sirven de los bienes de la Nación, estudiantes que son secuestrados a cualquier hora del día y sus cuerpos nunca localizados, artistas que son ejecutados, jóvenes que se van de fiesta y encuentran la muerte a alta velocidad en un BMW. Periodistas cuyas palabras son extinguidas por las balas, o por las presiones gubernamentales. Gobernadores con conflictos de intereses, y mandatarios prófugos.

En México la justicia no existe para la mayoría. En México lo que destaca es la impunidad que han de comprar criminales organizados y narcotraficantes, lo mismo que gobernantes deshonestos y policías corruptos. En México los malos hombres y las malas mujeres hacen lo que quieren porque pueden.

Hace unos días. El 7 de abril de 2017, quienes trabajamos en Zeta terminamos aquel miércoles con la noticia que otra vez, estábamos amenazados. En esta ocasión un integrante del no extinto cártel de los hermanos Arellano Félix dio la orden para que las oficinas de Zeta fuesen atacadas con una bomba.

No es la primera ocasión. En noviembre de 2016, un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, dio una instrucción criminal muy parecida a sus sicarios. En ambos casos, en Zeta hemos hecho pública la información. Estamos convencidos que publicarlo, compartirlo con lectores, nuestra sociedad, con las organizaciones de protección y defensa de la libertad de expresión y de los periodistas, nos resguarda de los ataques. Por lo menos lanzamos un mensaje: no estamos solos. Aun cuando las autoridades no investiguen, y el binomio corrupción-impunidad sea el flagelo de la justicia, hay grupos de la sociedad civil organizada, ciudadanos comunes y periodistas, que somos solidarios y procuramos amortiguar los ataques a la libertad de expresión.

En los días siguientes a la amenaza, la Comisión Nacional delos Derechos Humanos emitió la solicitud de medidas cautelares para quienes trabajamos en Zeta. Previo a ello, unidades de la Policía Estatal Preventiva cuidaron nuestras oficinas, mientras grupos del Ejército Mexicano hacen rondas por las inmediaciones del Semanario (de hecho ya las hacían por zonas catalogadas como peligrosas, y hoy han sumado un punto: la casa convertida en oficinas, ubicada en el 4633 de la avenida Las Américas en El Paraíso).

¿Por qué un hombre o un grupo de personas pueden ordenar el asesinato de 250 personas y confinar sus cuerpos a fosas clandestinas? ¿Qué lleva a una mente criminal a privar de la libertad, vejar, asesinar, manipular el cuerpo y apretujarlo en una bolsa de basura junto a siete más? ¿Por qué un narcotraficante que se ha coludido con un gobierno y con un partido político, es el principal sospechoso de asesinar a la periodista? ¿Por qué Javier Duarte y su esposa acumularon riqueza a costa del erario, y se fueron libres con ello? ¿Por qué un narcotraficante lanza amenazas contra un medio de comunicación libre?

La respuesta a todas las interrogantes es porque pueden. En México alguien puede acabar con la vida de otro, porque puede hacerlo, porque tiene un arma, porque guarda un sentimiento negativo, porque tiene la complicidad de un estado omiso, de un ministerio público deficiente, y en el peor de los casos, porque ha comprado impunidad.

Lo mismo aplica a los gobernadores corruptos. Roban porque pueden, porque se les permite, porque encuentran complicidad en los Congresos de los Estados, en los diputados de su mismo partido que los protegen hasta en tanto no se den a la fuga. Pueden hacerlo porque existe una Auditoría Superior de la Federación que no hace su trabajo de manera eficiente, y comparte responsabilidades con autoridades locales en el mismo sitio del robo.

De igual forma un narcotraficante puede asesinar a una periodista y no ser detenido por ello. Sea porque compró la protección de policías, de agentes del ministerio público o incluso de jueces, para salir libre de sus delitos, o sea porque lo investiga de manera deficiente un estado rebasado y muchas veces coludido con el narcotráfico y la criminalidad organizada.

México es un país sin Ley donde los criminales, los políticos, los funcionarios, los narcotraficantes, los ciudadanos con medios económicos suficientes, hacen lo que quieren y saben que no serán perseguidos, y en un momento dado, pueden huir.

Muchos hechos insólitos están sucediendo en nuestro país, sin consecuencias legales. 43 estudiantes desaparecidos. 22 civiles asesinados, 250 cráneos arrumbados en una fosa, 22 periodistas asesinados en Veracruz, otros más luchando por su vida, otro tanto amenazados, otros que han perdido la vida en diversos estados, todos casos sin solución judicial, sin encontrar justicia.

México es un país sin Ley porque no se aplica, porque se vende, se esconde y se aprovecha por parte de los criminales, los de calle y los de las drogas, como los que se encubren con un traje y un cargo público. Periodistas asesinados, amenazados, inmersos en una sociedad como testigos diarios de tantos crímenes sin castigo, en un País donde el Estado de Derecho solo existe en el discurso oficial.

Adela Navarro Bello

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