A un año y medio de terminar su sexenio, el Presidente Enrique Peña Nieto corre el riesgo de dejar un legado de cifras en la opacidad. Indicadores de violencia y de pobreza en algunos casos han registrados retrocesos, y especialistas consideran que en términos generales poco se ha hecho en este sexenio por tener datos más confiables. ¿Cómo realiza el Gobierno sus planes si no es con información comprobable?
Ciudad de México, 15 de abril (SinEmbargo).– Las mediciones de pobreza o inseguridad en el país han quedado en entredicho durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. O así lo sostienen especialistas tras la reciente designación de Paloma Merodio Gómez como vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Pese a finalmente ser designada a mediciones de Medio Ambiente, la nueva integrante de la junta de Gobierno del Inegi tendrá voto en las mediciones de pobreza de la dependencia. Una situación vista con escepticismo por activistas.
“La designación de Merodio no ayuda a la confianza en el Inegi y sus cifras. Los directivos como la vicepresidencia tienen una responsabilidad. Y lamentablemente ella no cumple ni con los requisitos legales, ni con la perspectiva de autonomía que debe caracterizar a esa oficina”, dijo Rogelio Gómez, ex integrante de Acción frente a la Pobreza.
Tras una serie de dudas manifestadas por el Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Merodio fue aprobada para ocupar su nuevo cargo.
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La Diputada federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Araceli Damián González, quien es profesora e investigadora con licencia del Colegio de México (Colmex), refirió que Merodio es una pieza política que une a la Secretaría de Desarrollo Social y al Inegi.
“Sedesol credencializó a los pobres para tratar de bajar los índices de pobreza. Les dio nuevas credenciales ya se para el IMSS u otras cuestiones. Esto crea un problema de captación, porque el Inegi lo va a reportar como un ingreso corriente, monetario. Cuando no lo es, no sirve para comprar ni comida”, señaló Damián González.
Las dudas sobre la idoneidad de los aspirantes a la Junta de Gobierno se remontan a diciembre de 2015, cuando el Senado ratificó para ingresar a la Junta a Julio Santaella Castell, pese a tener una fuerte cercanía con Peña Nieto.
Una vez dentro, el 30 de diciembre de 2015 Santaella fue nombrado Presidente del Inegi, y las decisiones unilaterales comenzaron a hacerse públicas.
En julio de 2016, la nueva medición sobre la pobreza, a través del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS), dejó de ser comparable con registros anteriores, desde 1984.
En medio de la crisis del país, el nuevo trabajo refirió que en un año aumentaron las percepciones de los hogares más pobres en 33.6 por ciento.
Aunque en un principio el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó una férrea oposición, ésta se fue diluyendo, destacó Damián.
La pobreza en México aumentó de 2008 a 2014, al pasar de 44.3 a 46.2 por ciento. Un total de 55.3 millones de personas, expuso en diciembre el Coneval.
“Entonces cualquier modificación que tenga que ver con reducción de carencias y mejora de ingresos, es muy relativa, porque no es una mejora real sino en la respuesta”, añadió Gómez en referencia a los nuevos resultados que se presentarán en agosto.
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INCONTABLES DESAPARECIDOS
Las cifras de desparecidos en México también acarrean una serie de críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil, quienes acusan a Peña Nieto de maquillar los datos.
“Sí hay una intención sobre todo para ocultar aquellas desapariciones forzadas, donde participa el Estado, hay una política para esto”, dijo Héctor Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo México.
El subregistro se presenta en las propias cifras oficiales.
Mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó esta semana que hasta diciembre se contabilizaron 32 mil 236 registros de personas desaparecidas, en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) hay 30 mil 973 casos hasta el reciente enero.
“Cada instancia tiene una metodología diferente. Algunos registran personas ausentes, otras no localizadas o desaparecidos. No hay un registro único. Y el problema es que no se apegan al estándar internacional”, explicó Cerezo.
No obstante, organizaciones de la sociedad civil sostienen que estos números son poco confiables, en especial si se considera que sólo uno de cada 10 delitos son denunciados en México.
En su más reciente informe la CNDH hizo un conteo del número de fosas clandestinas en el país. A través de información otorgada por las procuradurías estatales sumó 855 fosas.
La CNDH enfrentó la opacidad de las instancias de procuración de Justicia. Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Morelos y Nayarit, no presentaron ningún dato sobre fosas, pese a ser algunos de los estados con mayor número.
De los mil 548 cuerpos encontrados en fosas clandestinas, 152 eran mujeres, es decir, 9.81 por ciento; en tanto que el 68 por ciento eran hombres, y el resto no fueron identificados.
“No nos dicen cuántas son cometidas por particulares y cuántas por autoridades”, dijo Cerezo.
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