Activistas y organizaciones han denunciado que el PVEM está a punto de dejar en el abandono a los bosques mexicanos, y en la indefensión a las comunidades indígenas que cuidan de la riqueza forestal del país. Sin embargo, ésta no sería primera ocasión en que el partido del Tucán promueve y logra aprobar una legislación que termina por perjudicar al medio ambiente.
En 2015, se aprobaron modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre con las que se prohibió el uso de animales en circos. Pero el PVEM no se preocupó por el destino de decenas de especies que fueron retiradas de estos espectáculos.
Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).- El Senado de la República tiene en sus manos el futuro de los bosques mexicanos. Una iniciativa de Ley presentada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha carecido de consulta pública y, según han denunciado diversas organizaciones, es un “retroceso” en los derechos de indígenas y campesinos en materia de manejo forestal.
El ingeniero Carlos Pérez Sebastián, presidente del Consejo de Vigilancia de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), recriminó que el PVEM nunca se ha acercado ni a los bosques ni a las comunidades que los protegen:
«¿Cuándo el Verde se ha acercado a los bosques, cuándo ha sabido de la silvicultura comunitaria? Creo que nunca, pero sí se sienten con todo el derecho de aprobar«.
«Siempre que aprueban una Ley, la que sea: educativa, energética u otra, siempre nos dicen que es para beneficio de los ciudadanos y la realidad es que siempre nos chingan. Cada Ley es para chingarnos y creo que esa no es la forma de gobernar. Para nosotros es importante que escuchen nuestras propuestas y los problemas que tenemos», añadió.
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El Partido del Tucán ha dejado a su paso promesas convertidas en leyes que no han sido fructíferas. Los hechos apuntan a que el PVEM no hace un análisis a fondo de sus propuestas que, la mayoría de los casos, han resultado negativas para la sociedad. Para muestra basta mencionar su Ley en torno a los circos sin animales.
En 2009 y 2012, el PVEM transmitió spots por televisión y radio, además de inundar las calles con anuncios espectaculares que contenían frases como “Por un circo sin animales, Partido Verde”. Para mediados de 2015, con las modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre, quedó prohibido el uso de animales silvestres y domésticos en los circos. Así que elefantes, leones, tigres, cebras, camellos, osos, changos, caballos y hasta hipopótamos dejaron de aparecer en espectáculos.
No obstante, en enero de 2016, este medio dio a conocer que el partido no se detuvo a pensar en el destino que les esperaría a los animales que fueran sacados de los circos, ya que de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los dueños no estaban “obligados a notificar el destino de los ejemplares autorizados para aprovechamiento”.
Ahora, critican activistas, como con los animales, el destino de los bosques está en el limbo, y nuevamente gracias a una Ley promovida por el PVEM.
El pasado 7 de marzo, casi la mitad de los diputados aprobó el dictamen para la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, sólo con el voto en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano. Días después, la minuta fue turnada al Senado, a las comisiones de Medio Ambiente, presidida por la Senadora Ninfa Salinas, del PVEM, y de Estudios Legislativos primera, a cargo del Senador Raúl García Guzmán, del Partido Acción Nacional (PAN).
De acuerdo con Juan Carlos Carrillo, coordinador de Programa en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en la minuta se observan deficiencias importantes relacionadas con los derechos de las comunidades indígenas y la inclusión de género, la regulación, el combate a la ilegalidad; la transparencia en la generación, gestión y acceso a la información, con las facultades institucionales y con la participación social plena y efectiva.
«La minuta con la iniciativa resulta regresiva en materia de derechos humanos, dentro de los que están considerados los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Además, se elimina el uso preferente de los recursos forestales para las comunidades», señaló en entrevista con SinEmbargo.
El especialista indicó que en la Ley Forestal existe la intención de concentrar poder y funciones en la Comisión Nacional Forestal (Conafor), con lo que se reducirían los contrapesos sociales e institucionales en temas de transparencia, eficacia y participación social. Aunado a ello, habría un recorte en las atribuciones del Consejo Nacional Forestal y en el gobierno del Fondo Nacional Forestal.
«Hay regresividad en la participación. El Conaf agrupa a los representantes de diferentes sectores como el empresarial, industrial, de la academia, sociedad civil, indígena, etcétera. Actualmente la Ley dice que el Conaf tiene, entre otras facultades, supervisar, evaluar y dar seguimiento a la política forestal y la iniciativa busca que el Conaf sea sólo un órgano de asesoría y consulta», lamentó.
En cuanto al contenido de la iniciativa, Carrillo informó que el artículo 19 de la minuta establece prácticamente todas las facultades a la Conafor, o sea, deja el ciclo de aprovechamiento forestal en el organismo público descentralizado.
«Se le está dejando todo el paquete a la Conafor, es decir, va a decidir cómo, cuándo y a quién le autoriza el aprovechamiento forestal, a quién se lo modifica y a quién se lo revoca. [La Ley] deja a la Conafor como la dueña de todas las canicas en términos de apoyo. Se le deja todo el ciclo y todo el poder a una sola institución sin establecer contrapesos o candados. Resulta demasiado peligroso. Los riesgos de corrupción están al día. No estoy acusando a nadie de corrupción, sencillamente digo que la mejor forma de corregir la corrupción es con una estructura legal que genere candados y contrapesos. Si se estructura así desde el inicio la forma de hacer Gobierno, se le da todo el poder a una sola cabeza y se generan riesgos», explicó.
Raúl Benet, coordinador de políticas publicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, indicó que con la transferencia de atribuciones de la Semarnat a la Conafor, para otorgar los aprovechamientos, se desata el riesgo de un conflicto de interés «porque los mismos que hacen el fomento para promover que se hagan los planes, son los mismos que los aprueban, o sea, Conafor sería juez y parte y pueden aprobar cosas que no están suficientemente revisadas».
Por ello, el activista destacó que en caso de que la Ley sea aprobada como está ahora, se corre el riesgo de que algunos bosques de ciertas regiones del país «queden abandonados y crezca la ilegalidad», por ejemplo, la tala y el tráfico de madera. «[Los ecosistemas] podrían quedar abandonados para actividades ilícitas, se podrían propagar plagas e incendios y el no tener una buena Ley no nos va a ayudar a combatir esos temas», remarcó.
Finalmente, hizo un llamado a los senadores a «que se den la oportunidad de integrar la Ley y abran el proceso de análisis. Busquen una Ley que tenga la capacidad de agrupar al sector forestal en beneficio de los bosques. Aprovechen la oportunidad de salir con una Ley mucho mejor», exhortó.
Pérez Sebastián aclaró que las comunidades no se oponen a que se apruebe la Ley Forestal, pero piden ser escuchados y se les dé a conocer antes de que sea aprobada. «Que nos digan en qué nos beneficia y en qué nos perjudica y se quiten de sacar tantas leyes porque muchas no se respetan», urgió.
