La petición ¡Basta de desarrollos irregulares y corrupción!, colgada en la plataforma Change.org, señala que con la construcción de la autopista que conecta la Ciudad de México y Toluca con Valle de Bravo se ha detonado «una nueva explosión inmobiliaria» en la zona que «ha carecido de la planeación y regulación adecuadas y que cada vez más reduce los espacios de bosques y recreación al aire libre».
Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).- El Observatorio Ciudadano de la Cuenca lanzó un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a negar la autorización de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo al proyecto Bosques de Pamejé, en Valle de Bravo, Estado de México, y al Edil Mauricio Osorio Domínguez a rechazar las licencias de construcción, ya que, considera, el proyecto no cumple con las disposiciones legales y ocasionará un «grave» daño ambiental a la zona.
«Aún estamos a tiempo de que no sea impactado el ecosistema. Hacemos un llamado a la Semarnat a que niegue la autorización de la manifestación de impacto ambiental porque no hay un estudio específico y minucioso del ecosistema y a que, cuanto antes, publique el plan de manejo del Área Natural Protegida (ANP) de la Cuenca Valle de Bravo-Amanalco», dijo Juan Carlos Lara, abogado del Observatorio Ciudadano, en entrevista para SinEmbargo.
Lara explicó que el sitio donde se pretende llevar a cabo el proyecto en cuestión se encuentra en un ANP, donde habitan 80 especies de flora y fauna listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. De ellas, ocho están en Peligro de Extinción, 35 en Protección Especial y 37 Amenazadas; además de que 37 son endémicas.
En la zona se prevé la edificación de 250 casas, hoteles boutique, condominios horizontales, club social y deportivo, restaurante y opciones de recreación. El proyecto se pretende edificar en una superficie de 76.9 hectáreas, de las que sólo 13 continuarán boscosas, aunque «de forma aislada y fragmentada», denunció Lara.
El sitio es un bosque de pino y encino que, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), es el tipo de vegetación predominante en la cuenca de Valle de Bravo.
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El activista explicó que el proyecto bosques de Pamejé fue aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México en noviembre 2015. En esa fecha se expidió un Plan Parcial de Incorporación Territorial que, de acuerdo con Juan Carlos Lara, careció de participación pública, ya que las audiencias se realizaron en lugares privados y sin acceso al público.
Acusó además que en el Plan faltan estudios específicos acerca de la biodiversidad, sobre especies de flora y fauna silvestres. «No hace referencia a la parte ambiental», dijo.
Explicó que al ser un proyecto de casas, hoteles y otros proyectos inmobiliarios, únicamente se enfoca en la calidad de construcción, lo cual, ambientalmente «no es relevante. Si no se conoce el tipo de biodiversidad que existe en el sitio, evidentemente no hay forma de prever los daños que se van a ocasionar ambientalmente».
En dicho Plan se asegura que «el planteamiento previsto considera el potencial económico y estructurador de la zona en la que destaca el impulso al desarrollo de actividades económicas y habitacionales con un eje rector de protección al ambiente y mejoramiento del ecosistema», sin embargo, se fundamenta en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo, cuya versión vigente se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado desde 2006, por lo que Lara indicó que es obsoleto.
La petición ¡Basta de desarrollos irregulares y corrupción!, colgada en la plataforma Change.org, señala que con la construcción de la autopista que conecta la Ciudad de México y Toluca con Valle de Bravo, se ha detonado «una nueva explosión inmobiliaria» en el poblado que «ha carecido de la planeación y regulación adecuadas y que cada vez más reduce los espacios de bosques y recreación al aire libre».
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«[Valle de Bravo] es un nicho de oportunidad para los desarrolladores, pero no hacen los estudios necesarios, no son minuciosos para determinar el tipo de flora y fauna existentes en la población, en los bosques de pino y encino. Es un ANP de competencia federal, pero la propiedad de la tierra es de particulares, por ello, es más difícil tratar de conservarla», comentó Lara.
El activista acusó que a fin de lograr la autorización, el desarrollo incurrió en varias irregularidades y violaciones a los distintos programas de ordenamiento ecológico y urbano del municipio. Explicó que para que el Plan pudiera ser ejecutado se requería una revisión por parte de la Semarnat, en un proceso de evaluación de impacto ambiental, lo cual no se realizó sino hasta finales de 2016, un año después de su expedición.
Recordó que el Artículo 32 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente señala que los planes parciales deben ser presentados ante la Semarnat por la autoridad que lo gestó, en este caso le correspondería al Ayuntamiento de Valle de Bravo.
«Valle de Bravo está creciendo demasiado, para ser un ANP. Hay una cuenca que surte de casi el 40 por ciento el agua de la Ciudad de México y Toluca. [El proyecto] no es bueno porque acarrea problemas de contaminación de agua y aire. Hay embotellamientos en distintas partes de Valle de Bravo por el turismo», advirtió.
«Siempre la urbanización acarrea contaminación porque tiene que haber vialidades […]. Habrá descarga de aguas residuales y aunque digan que van a poner planta de tratamiento, o lo que sea, la contaminación se va a dar porque eso es lo que provoca la urbanización. No se puede asegurar que no habrá contaminación de los cuerpos de agua, por ejemplo», alertó.
