A poco más de tres meses de las elecciones, partidos de oposición han denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a funcionarios públicos por condicionar la entrega de apoyos a cambio de votos en diversos municipios del Estado de México, lo cual viola la Ley General de Delitos Electorales. La dependencia ya investiga. Especialistas en sociología y clientelismo destacaron la relación de «dependencia mutua, pero desigual» entre mexiquenses y el PRI, quien los ha «controlado» con dádivas desde 1929 en un contexto de pobreza. «Si toda la vida viven en total exclusión y el PRI los invita y les ofrece dinero o un puesto de poder, significa cierta movilidad social, y lo aceptan por beneficio propio», dijo el académico e investigador Lukasz Z. Czarnecki.
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Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).– En el Estado de México, cuna de 11 millones 120 mil inscritos en el padrón electoral y líder en feminicidios, inseguridad, pobreza y corrupción, la relación política-económica entre los mexiquenses y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que los ha gobernado casi un siglo desde 1929, se trata de una dependencia mutua y desigual que se ha generado con ayuda de liderazgos sociales internos que buscan escalar a puestos políticos, aseguraron especialistas.
«En el Estado de México, como en pocos lugares del país, esta estructura donde el PRI y la sociedad se van difuminando uno en el otro, es donde más claro se ve y por eso ha sido tan complicado sacarlos del poder en los últimos 80 años», afirmó Alejandro de Coss Corzo, sociólogo por la London School of Economics and Political Science.
En época preelectoral, los partidos Morena, de la Revolución Democrática y Acción Nacional han denunciado con pruebas a funcionarios públicos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por entregar a los habitantes del Estado de México tarjetas con dinero, computadoras, celulares y herramientas de trabajo a cambio de la copia de la credencial para votar, lo cual viola el artículo 11 de la Ley General de Delitos Electorales y amerita multa y cárcel. Este día la dependencia abrió las carpetas de investigación.
De Coss Corzo descartó que la ciudadanía se conforme con las dádivas.
«Es una relación de intercambio muy desigual, en la cual reciben migajas, pero en una situación de desigualdad, pobreza y desesperación pueden ser más de lo que obtienen a través de un trabajo o trabajos honrados […] Es lo que hay y les garantiza aunque sea un mínimo», determinó el sociólogo.
Lukasz Z. Czarnecki, doctor en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que el gobierno del PRI desarrolló una política de hacer la pobreza «llevadera» regalando apoyos o especies y eso, dijo, es clientelismo.
«Da poquito, pero no acaba con la pobreza [en la entidad hay 8 millones en esa situación de los 16 millones de habitantes]. No representa a la gente, sino suplanta y destruye. Cuando tienes hambre no sabes salir del círculo de la pobreza que el gobierno mantiene; no ofrece el cambio ni un trabajo, sino un salario mínimo de 80 pesos. Si alguien te regala algo, lo que sea, claro que lo aceptas porque vives en completa marginación», aseguró el autor de una investigación sobre clientelismo y el uso político de los programas en la política social.
Morena documentó que desde septiembre del año pasado el gobierno del priista Eruviel Ávila Villegas –quien aseguró que lo seguirá haciendo y que lo «dejen gobernar»– ha realizado 55 actos públicos y repartido mil 186 tarjetas de débito Banorte que en total suman 3 millones de pesos. Su hija, Isis Ávila, desde su presidencia en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la entidad, ha encabezado actos masivos en los que se regalan tarjetas «La Efectiva Liconsa» con montos que van de los 2 mil 750 a 3 mil pesos cada una, a cambio de una copia de la credencial de elector.
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Este partido de oposición también acusó que hace dos semanas el priista, también a cambio de las copias de credenciales de sus padres, entregó 20 mil laptops a 5 mil estudiantes con promedio de 9.5 o más que habitan San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca, Chimalhuacán y Los Reyes.
El sociólogo Alejandro de Coss destacó que el Gobierno del PRI y el estatal entiende que en un contexto «con mucha desigualdad y pobreza» puede mantener una «relación de control y subordinación» con la sociedad local, quien a su vez sabe que con este tipo de mecanismos puede obtener «una calidad de vida ligeramente mejor, medianamente digna, en un estado sumamente pobre».
Además, añadió, adentro «hay muchos liderazgos sociales» que han aprendido que movilizar votos de sus vecinos para el PRI no solo trae ciertas mejoras para su comunidad, sino «que ellos pueden volverse visibles e incluso después acceder a alguna diputación local».
El académico e investigador Lukasz Z. Czarnecki coincidió en que «el PRI logró tejer estas relaciones de subordinación y conquistar grupos intergeneracionales. Si toda la vida viven en total exclusión y el PRI los invita y les ofrece dinero o un puesto de poder, significa cierta movilidad social, y lo aceptan por beneficio propio».
El PRD, por su parte, denunció la semana pasada directamente al Alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos, y al Secretario de Salud estatal, César Nomar Gómez Borge, por realizar el martes 14 de marzo un reparto de seis mil tarjetas con dos mil pesos cada una en el Estado de México (12 millones de pesos en total) a través del programa «Mujeres que logran en grande». Ante la Fepade presentó un audio como prueba donde «se establece la conducta delictiva» del Gobernador Eruviel Ávila.
De acuerdo con el Sol Azteca, también se entregaron teléfonos celulares a 200 mil estudiantes, así como un millón de tarjetas para realizarse estudios clínicos.
Finalmente, el Partido Acción Nacional denunció al PRI ante la Fepade por utilizar a su organización adherente Central Campesina Independiente (CCI) para dar herramientas de trabajo, fertilizantes y paquetes con alimento en Atlacomulco a cambio de una copia de la credencial para votar. Presentaron como prueba un audio donde se escucha a la secretaria general de la CCI Maricruz Cruz Morales afirmar que «dígase lo que se diga, el dinero para comprar los diversos apoyos lo proporcionó el Presidente».
«Están claramente condicionando estos apoyos con recursos públicos a cambio del voto en la elección de gobernador en el Estado de México», declaró el blanquiazul. «Que el PRI deje de lucrar con la pobreza y con la necesidad de la gente, como suelen hacerlo en los procesos electorales».
La fracción II del artículo 11 de la Ley general de Delitos Electorales expone que se impondrán de doscientos a cuatrocientos días de multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:
«Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición. Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo».
Los especialistas aseguraron en entrevista que el PRI ha estado 88 años gobernando el Estado de México porque sus habitantes también tienen miedo al cambio.
«El miedo al cambio aparece por las estructuras de la subordinación. Las políticas no son públicas sino clientelares. El PRI también gobierna con el miedo», dijo Lukasz Z. Czarnecki, también maestro en derecho por la Universidad Jagellona de Cracovia (Polonia).
«Es motivo de ansiedad si va a cambiar la forma en la cual te has relacionado con el poder a través de este tipo de entregas de dinero, especie o apoyos, si cambia el interlocutor que tienes y conoces, con quien has trabajado una relación larga. La reticencia al cambio también es por pensar que lo que venga no solamente no será mejor sino que les va a retirar esto poco con lo que ya cuentan», añadió Alejandro de Coss, de The London School of Economics and Political Science.
De Coss concluyó asegurando que «no es menor» que los candidatos a gobernar el Estado de México durante los próximos años estén empatados en intención de votos. El PRI «está muy preocupado» porque estos mecanismos que ha usado por décadas están perdiendo efectividad, por lo que ya se volvió «más cínico y evidente».
Para desmontar este sistema, finalizó, más que ofrecer «promesas vagas de cambio», los partidos tendrían que plantear formas muy concretas de reducir la dependencia de esta gente a los apoyos sociales y fomentar actividades productivas.
