Las Zonas Económicas Especiales, un proyecto creado por el Gobierno federal con el argumento de ayudar a las zonas mas pobres del país, están diseñadas justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio, y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, particularmente en la región del Itsmo de Tehuantepec, y son «la validación de una política económica de despojo», denuncian organizaciones indígenas, como Articulación de Pueblos Originarios del Itsmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (Apoyo).
Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– El Gobierno federal mexicano asignó el diseño de las futuras Zonas Económicas Especiales (ZEE) a consultoras privadas y vinculadas con los negocios derivados de la Reforma Energética, como Evercore, fundada por el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pedro Aspe Armella.
Entre los pobladores de los territorios susceptibles de ser impactadas con los megaproyectos que implican estas nuevas ZEE, en cambio, no ha habido consulta previa.
“La Ley [Federal de ZEE] se decretó sin tomar en cuenta a los dueños de la tierra. Hay muy poca información”, dijo Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
“Todavía no hay la certeza de lo que van a abarcar las ZEE, porque están ubicando el polígono; lo que llama la atención es que no hay información suficiente para las comunidades en razón de este tipo de proyectos que van a impactar fuertemente a la región del Istmo de Tehuantepec”, agregó Marcos Leyva, de la asociación Servicios para una Educación Alternativa (Educa), con sede en la capital de Oaxaca.
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Las ZEE, de acuerdo la descripción del Gobierno federal, serán polígonos en los que habita población con bajos ingresos en diversas partes del país con “ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva” –como define la Secretaría de Economía–, empezando por el corredor del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
Para diseñarlas, hacer los diagnósticos y determinar su ubicación específica, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras, que fue asignado por el Gobierno federal para conducir el proyecto de las ZEE) contrató en 2016 a un grupo de consultoras privadas vinculadas con empresas beneficiadas por la Reforma Energética.
Una de éstas es Evercore, fundada como Protego por el ex Secretario de Hacienda de Carlos Salinas, Pedro Aspe, e inversionista de Diavaz Offshore, empresa que en 2015 ganó un contrato para explotar un campo petrolero en Tamaulipas y otro Chiapas.
La otra consultora es ADhoc, de Aarón Dychter Poltolarek, ex subsecretario de Transportes en los sexenios de Ernesto Zedillo Ponce de León y de Vicente Fox Quesada, y también integrante del Consejo de Administración de Infraestructura Energética Nova, o IENOVA, que actualmente opera más de 500 kilómetros de gasoductos en el país.
El diseño de las ZEE, ha anunciado el Gobierno federal, busca “democratizar la productividad” en regiones del país con altos niveles de pobreza pero ricas en “ventajas naturales”, como el Istmo de Tehuantepec.
Pero, de acuerdo con los habitantes de esa región, la Ley Federal de ZEE es una amenaza más de despojo de sus territorios en beneficio de grandes empresas privadas.
“La ZEE busca impactar su ‘estrategia de desarrollo’ justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio, y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, por lo que la creación de la ZEE en la región del Itsmo es la validación de una política económica de despojo”, denunció el pasado 17 de marzo el grupo de Articulación de Pueblos Originarios del Itsmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (o Apoyo).
Desde el municipio de Juchitán de Zaragoza, Apoyo difundió el posicionamiento en un comunicado en el que anunció la interposición de un amparo colectivo contra la ampliación de los proyectos eólicos en la región –en la que hay ya más de 20 parques privados– y que consideran un avance de la nueva política federal que impulsa las ZEE.
“La segunda fase de desarrollo eólico es la punta de lanza de las Zonas Económicas Especiales, que se caracterizan por tener leyes y reglamentos muy específicos que violan los derechos individuales y colectivos de las comunidades y sólo benefician a las empresas privadas”, agregó el comunicado.
Marcelino Velasco, integrante del Centro de Derechos Tepeyac, en Salina Cruz, explicó que Apoyo es un grupo de diversos pueblos y organizaciones sociales de la región formado para enfrentar los diferentes “mega-proyectos” que se impulsan en la zona sin consultar a los habitantes.
Entre éstos, dijo, están los parques eólicos, los tendidos eléctricos de alta tensión, concesiones mineras y la construcción de dos gasoductos –uno de ellos previsto para trasladar combustible entre el Itsmo con el Golfo de México–, y todos parte del plan impulsado por las ZEE.
RECHAZAN EMPLEOS “EXPLOTADORES”
Desde 2016, después de la publicación de la Ley Federal de ZEE y de su reglamento, las organizaciones de la región denunciaron que el nuevo ordenamiento significaba un “cambio total en el estatus legal de la región” a favor de “grandes empresas privadas” cuyos beneficios económicos no se habían distribuido entre la población local.
“No explican que, en todo el mundo, los empleos en las ZEE son de los más explotadores y alienantes, ni que el desarrollo se busca para el gran capital y las empresas privadas, no para los pueblos y comunidades indígenas, quienes tenemos un concepto totalmente diferente de lo que significa desarrollo”, advirtió Apoyo en septiembre pasado.
En un análisis de la LFZEE, la organización también advirtió que términos como los del artículo 30 permiten la expropiación de tierras comunales con fines de “utilidad pública” pero que serán para las empresas privadas.
“Al declarar como ‘utilidad pública’ el despojo de tierras, esta Ley genera la idea de que estos proyectos benefician al interés común de la población. Sin embargo, son proyectos pensados para empresas privadas que sólo desean obtener ganancias a costa de nuestras tierras, sus bienes naturales y nuestro trabajo”, advierte el texto.
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En entrevista vía telefónica, Beas cuestionó también el argumento de la “democratización de la productividad” y explicó que, en realidad, fue con los megaproyectos que se han instalado en el itsmo desde hace más de un siglo –la primera refinería del país, el ferrocarril transísmico– como inició el despojo de tierras las comunidades indígenas y campesinas que ahora forman los cinturones de extrema pobreza.
“Y este modelo lo agudiza; es un modelo que genera mayor pobreza. ¿Qué ha pasado con los parques eólicos? Se ha generado muy poco empleo (…) en la operación de los parques se requiere sólo de seis a ocho personas por cada uno”, dijo Beas.
“Y, a final de cuentas, la ZEE en el Itsmo de Tehuantepec es la prolongación de un modelo de extracción, de despojo de recursos naturales en beneficio de empresas extranjeras; ese es el sentido. Cuando hablamos de gasoductos no son para la gente: están pensando en exportar el gas a China”, agregó.
Desde diciembre pasado, investigadores de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), también advirtieron cómo la Ley Federal de las ZEE convierte a agentes privados en autoridades de facto sobre polígonos ricos en recursos naturales, con capacidades para decidir sobre seguridad y tránsito de bienes y personas.
“Es de especial atención el inciso XII del artículo 33 de la LFZEE que asigna como responsabilidad del Administrador Integral la de ‘operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la Zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes. Dichas funciones podrán presentarse con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia de las mismas se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas”, citaron los investigadores Patricia Legarreta y Oscar Pineda en el análisis.
“Este apartado no sólo es inconstitucional, ya que atenta contra el derecho al libre tránsito, sino que es una amenaza directa a la soberanía nacional en tanto que un Administrador Integral puede ser una persona moral cuya atribución es decidir quién puede acceder a la zona o quién está atentando contra la seguridad de la misma. Esta disposición es regresiva y puede fomentar la conformación de cuerpos de seguridad ‘especiales’ o ad-hoc para resolver o disolver cualquier conflictividad social”, agregó el texto, publicado en diciembre pasado en la revista de la organización Educa.
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