Ya da cosa asomarse cada mañana al puesto de periódicos o abrir en la computadora las páginas web de los diarios. Invariablemente nos encontramos con un nuevo escándalo de corrupción atribuible a nuestra encantadora clase política. El asombro, que cada vez es menor, lleva al coraje y acaba irremediablemente en la frustración. No pasa nada.

Hace dos días nos enteramos que la bolsa millonaria que manejan los diputados para asignar obras a cambio de los consabidos moches “expandió la transa” en la contratación irregular de empresas y obras no realizadas o de mala calidad. La Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías con posible daño al erario por más de 221 millones de pesos en los fondos que se asignan para estados y municipios.

La nota publicada este 7 de marzo en el diario en Reforma bajo la firma de la reportera Verónica Ayala, pone que el Informe sobre el análisis de la Cuenta Pública 2015 reportó que los recursos “se ejercieron con fallas e incumplimiento como gastos injustificados, conceptos no autorizados, obras inexistentes, desvíos a gasto corriente e incluso infraestructura y equipamiento que no se localizó”.

Indica el reporte que la mayor afectación corresponde al Fondo de Infraestructura Deportiva, donde los resultados de las auditorías realizadas suman 154.6 millones de pesos de probable daño. Cita como ejemplo el caso de Monterrey, donde supuestamente se adquirieron juegos infantiles, bancas y equipos de ejercicio que no fueron encontrados.

Es decir, además de la práctica inaudita que permite a cada uno de nuestros legisladores federales disponer (aparte de su dieta, comisiones, bonos, apoyos, aguinaldos, prestaciones, canonjías) de una bolsa de entre 25 y 30 millones de pesos cada año para destinarla a obras en su municipio, distrito o estado de manera absolutamente discrecional y sin rendir cuentas a nadie, a cambio del respectivo porcentaje –el moche—ahora nos enteramos de que esas asignaciones son muchas veces ficticias o en el mejor de los casos observan gravísimas anomalías en su aplicación. Y todo ello, con la más completa impunidad.

La práctica, que en el colmo del cinismo los propios legisladores, las fracciones parlamentarias y los partidos mismos han defendido o camuflado bajo otras denominaciones persiste a pesar de los escándalos de corrupción que prohíjan. Y me refiero por supuesto a todos las franquicias políticas que tenemos que mantener y soportar, por orden de antigüedad: PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, Encuentro Social.

Un caso reciente, concreto y fehaciente nos fue dado a conocer en el mismo periódico por mi admirado colega y amigo Mayolo López, que por sí mismo describe a la vez la inmoralidad de los legisladores, la inutilidad de los órganos partidarios supuestamente dedicados a combatir la corrupción en sus propias filas y la impunidad que finalmente prevalece, otra vez.

Ocurre que la Comisión Anticorrupción del PAN, cuya ineficacia ha sido igualmente escandalosa, investigó, encontró y documentó por fin un caso de flagrante corrupción de militantes de su partido. Tan grave es el asunto, adelanta el reportero, que recomendará al CEN la disolución del Comité Estatal en Yucatán por la práctica de moches en la que habrían incurrido varios de sus integrantes, entre ellos el actual dirigente y ex diputado federal Raúl Paz.

Precisa la información que el organismo que encabeza Luis Felipe Bravo Mena abrió hace ocho meses una investigación especial sobre la dirigencia estatal a partir de al menos seis denuncias. “La indagatoria también involucra a ex diputados que utilizaron recursos del Ramo 23 para destinarlos a proyectos de infraestructura y desarrollo económico en los estados y municipios a cambio de recibir un porcentaje”, pone.

«En el dinamismo de los moches, varios diputados federales asignaron obra de manera directa y eso, con alguien en medio, agenció propinas o mochadas para el diputado equis o zeta», confió una fuente que tuvo acceso al expediente, escribe Mayolo.

En el caso del líder estatal panista y coordinador de la bancada en el Congreso local, Raúl Paz, se acreditó que estuvo involucrado en la práctica de los moches como diputado federal en la 52 Legislatura. A mediados del año pasado, una decena de militantes del PAN había solicitado a la Comisión Anticorrupción que investigara y sancionara a sus correligionarios involucrados en el cobro ilegal de comisiones.

Las pesquisas refieren que cada uno de los ex legisladores federales recibía, conforme a lo que se ha estilado en San Lázaro, una bolsa de 30 millones de pesos, con la que gestionaban obras en sus municipios. «¿Cuál ha sido el modus operandi? El diputado equis o el diputado zeta llegaba a las oficinas de los Alcaldes, se presentaba y anunciaba: ‘Me dieron 30 millones. Aquí están. Aquí traigo una capacidad de asignación. ¿Quién me la compra? ¿A cambio de qué?'», refirió la fuente consultada por el reportero de Reforma.
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Todo está comprobado y documentado. Sin embargo, han pasado ya siete días desde que la información fue dada a conocer, el pasado viernes 3 de marzo, y el CEN que encabeza Ricardo Anaya Cortés no ha dicho una sola palabra al respecto. ¡No pasa nada! Hay que entender que el presidente nacional panista está muy ocupado en denunciar la corrupción en los estados gobernados por el PRI, en acusar de “criminal” el aumento en el precio de las gasolinas o en advertir el peligro que para México representa Andrés Manuel López Obrador. Válgame.

Twitter: @fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

https://dev.sinembargo.mx/author/franciscoortiz/

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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