Los informes de auditoría de las Cuentas Públicas de 2010 a 2014 realizados por la Auditoría Superior de la Federación, así como las consideraciones expuestas en la Evaluación de la Política Pública de Deuda realizada por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2011, revelan que la mayor parte del dinero del endeudamiento neto del Sector Público Federal se destina al pago del servicio de la deuda, lo que origina que ésta crezca año con año. “Asimismo, reflejan que no existe una evaluación sobre los beneficios sociales que la deuda pública aporta, ni se identifica el destino de los ingresos derivados del endeudamiento», expuso la ASF.
Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la mayor parte de la deuda del Sector Público Federal se destina en gran parte al pago de los mismos pasivos, sin que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) demuestre su utilidad social o el destino de los recursos.
De acuerdo con la auditoría 40-GB realizada a la SCHP para “fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la política de deuda del Sector Público Federal”, de cada cien pesos que el Gobierno federal contrató en pasivos en 2015, 86.7 fueron para la amortización y pago del costo financiero de la misma, y sólo 13.3 pesos fueron para la realización de proyectos de inversión o actividades productivas.
Y así, agrega la revisión, ha sido desde al menos el año 2010.
“Los informes de auditoría de las Cuentas Públicas de 2010 a 2014 realizados por la ASF, así como las consideraciones expuestas en la Evaluación de la Política Pública de Deuda realizada por la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de 2011, revelan que la mayor parte de los recursos que se obtienen del endeudamiento neto del Sector Público Federal se han destinado al pago del servicio de la deuda, lo que origina que ésta crezca año con año”, dice la revisión.
“Asimismo, reflejan que no existe una evaluación sobre los beneficios sociales que la deuda pública aporta, ni se identifica el destino de los ingresos derivados del endeudamiento; ante situaciones atípicas, como la crisis de 2008-2009, la economía mexicana es sensible por lo que no es sostenible, obligando al uso del crédito para hacer frente al gasto presupuestario; si bien diferir el pago de la deuda y ampliar los plazos de vencimiento es un alivio a las finanzas de corto plazo, no se resuelve el problema dado que endosa el pago a los gobiernos futuros”, agrega la ASF en su Informe de la cuenta pública de 2015, presentada el 15 de febrero.
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El reporte explica que la Deuda del Sector Público Federal, ubicada en diciembre pasado en nueve billones 306.4 mil millones de pesos, está integrada por los compromisos financieros contratados por el Gobierno Federal, las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Banca de Desarrollo –como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco de Comercio Exterior, Nacional Financiera, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).
También explica que “deuda pública en México ha sido un elemento histórico importante para financiar el gasto gubernamental, justificando su uso para alcanzar un mayor desarrollo económico y, con ello, elevar la calidad de vida de los mexicanos”.
Pero la Secretaría de Hacienda, encuentra la revisión de la ASF, no acreditó haber aprobado los proyectos y programas que requirieron financiamiento ni determinó si las dependencias públicas que obtuvieron este tipo de recursos tenían capacidad de pago.
“La SHCP no acreditó que para determinar las necesidades financieras conociera por conducto de las Secretarías de Estado, encargadas de la coordinación del sector que corresponda, los proyectos y programas de actividades debidamente aprobados por dicha secretaría, que requieran de financiamientos para su realización”, dice uno de los resultados.
“De igual manera, la SHCP no acreditó que dichos proyectos y programas estuvieran aprobados por la SHCP conforme a la capacidad de pago de las entidades del sector público promotoras de los financiamientos, ni que estableció el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de inversión productiva de largo plazo, los ingresos derivados de dichos proyectos, así como de los nuevos proyectos a contratar y su monto, por entidad y por tipo de inversión, en la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación de 2015”, agrega.
Además de falta de mecanismos para determinar necesidades y capacidad de pago de las entidades que recibieron recursos, la ASF encuentra que Hacienda –en 2015 conducida por el hoy Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso– tampoco vigila sus avances en los pagos.
“La SHCP no contó con los reportes mensuales de 2015 enviados por las entidades del Sector Público Federal con los saldos y movimientos de las líneas de créditos, así como con los oficios de autorización para los créditos externos y de oficios de toma de nota para los créditos internos, ni con el Sistema Estadístico de Deuda (SEDE), por lo que la dependencia no acreditó la vigilancia a las entidades respecto de la suficiencia para realizar los pagos de los financiamientos aprobados, ni la supervisión de los pagos de los programas de financiamiento contratados, así como tampoco la verificación del pago de capital e intereses de los créditos contratados por las entidades”, dice.
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En 2015, el saldo de la deuda bruta del Sector Público Federal fue de ocho billones 430 mil 561.7 millones de pesos y representó el 46.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esta proporción del PIB, plantea la ASF, es más del doble de lo que la deuda representaba en 2007, cuando era de tres billones 485 mil 513 millones de pesos y sólo el 22.4 por ciento del PIB.
“En opinión de la ASF, la SHCP contrató y administró la deuda del Sector Público Federal, atendió las necesidades del gasto, y contribuyó a mantener la estabilidad macroeconómica del país; sin embargo, continuó el problema de insuficiencia de la capacidad de pago para reducir el saldo de la deuda, ya que si bien los resultados de los indicadores de sostenibilidad y vulnerabilidad se ubican dentro de los rangos sugeridos por el FMI, en 2015 los ingresos presupuestarios representaron el 23.5 por ciento (4,266,989.5 millones de pesos) del PIB, en tanto que el saldo de la deuda bruta del Sector Público Federal representó el 46.5 por ciento (8,430,561.7 millones de pesos) del PIB, siendo mayor en 97.5 por ciento a los ingresos presupuestarios disponibles por el Sector Público; lo que significa que la deuda sigue creciendo, ya que se continúa recurriendo al endeudamiento interno y externo para pagar el saldo acumulado de la deuda y cubrir el costo financiero de la misma”, dice.
La ASF también reporta que, en 2015, el sector público federal contrató deuda por dos billones 948 mil 74 millones de pesos; la mayoría de los cuales –2.1 billones– se destinaron a la amortización al saldo de la misma deuda e, insiste la ASF, sin que haya reportes de los beneficios sociales de tal contratación de pasivos.
“Se realizó el pago oportuno de principal por un monto de 2,148,962.9 millones de pesos mediante amortizaciones al saldo de la deuda del Sector Público Federal; sin embargo, no existió una evaluación sobre los beneficios sociales que la deuda pública aporta, ni se identificó el destino de los ingresos derivados del endeudamiento”, concluye el dictamen.
“Del financiamiento obtenido, se destinaron 2,148,962.9 millones de pesos (72.9 por ciento) a la amortización del saldo de la deuda, 408,287.2 millones de pesos (13.8 por ciento) al pago del servicio de la deuda y 390,823.9 millones de pesos (13.3 por ciento) quedó disponible para financiar proyectos de inversión, lo que significó que, en ese año, por cada 100 pesos de financiamiento obtenido, se destinaron 86.7 pesos a la amortización y pago del costo financiero de la deuda, quedando disponibles 13.3 pesos para destinarlos a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas”, agrega.
Ante las deficiencias, la ASF recomendó a la Secretaría de Hacienda coordinarse con las entidades del Sector Público Federal para mejorar la “determinación de necesidades de financiamiento” de cada dependencia, así como fortalecer la vigilancia de la capacidad de pago de cada una, a fin de que se hagan oportunamente los depósitos de capital e intereses.
“Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere investigar las causas por las que no acreditó la aprobación de los proyectos y programas que requirieron de financiamientos en 2015; y con base en los resultados, adopte las medidas para que pueda determinar las necesidades de financiamiento y su pago, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 11 de la Ley Federal de Deuda Pública, y 17, fracciones I, III y V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada”, recomienda la ASF.
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