Organizaciones de la sociedad civil y académicos han acusado que la iniciativa de reforma a la Ley, presentada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es un retroceso en los derechos de indígenas y campesinos en materia de manejo forestal comunitario. Indicaron que el dictamen aprobado en la COMARNAT generaría efectos adversos al sector forestal y a los bosques. Exigieron al Gobierno federal garantizar la consulta previa y someter la iniciativa a un amplio debate entre todos los actores involucrados.
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Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- El dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable aprobado el pasado 21 de febrero por de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (COMARNAT) de la Cámara de Diputados, carece de consulta, no resuelve los problemas del sector forestal e incluso presenta retrocesos en materia de derechos, denunciaron éste día productores, organizaciones y académicos.
Algunas organizaciones de la sociedad civil habían acusado previamente que la iniciativa de reforma a la Ley, presentada por la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es un retroceso en los derechos de indígenas y campesinos en materia de manejo forestal comunitario.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), los inconformes hicieron un llamado a los Legisladores a no aprobarlo cuando sea sometido a votación en el Pleno del Congreso de la Unión y, por el contrario, convoquen a un proceso de reforma de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable abierto y transparente, ya que la iniciativa presentada el 20 de septiembre de 2016 por la Diputada Alma Arzaluz se dictaminó «en lo oscurito y con prisa», denunciaron.
«El partido promovente no atendió la solicitud de más de 100 organizaciones de todo México ni del Congreso del Estado de Oaxaca, que demandaron la apertura de la discusión del documento de iniciativa de reforma de Ley Forestal», señalaron en conferencia de prensa.
Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), aseguró que las autoridades exhiben una «necesidad de control con las políticas forestales. Muestra un proyecto de Gobierno autoritario que no quiere dejar ningún resquicio de participación ciudadana».
Además, remarcó que dicha iniciativa deja abierta la posibilidad de que los bosques sean impactados, debido a un manejo inadecuado, al ser arrebatado de las comunidades indígenas. Benet criticó que la «avaricia y codicia» representan al PVEM y no «un verde relacionado con el medio ambiente».
Además, indicaron que el dictamen aprobado en la COMARNAT generaría efectos adversos al sector forestal y a los bosques, ya que, a su parecer, inhibe el manejo sustentable de los ecosistemas, por lo que significa un retroceso. Ante éste panorama, subrayaron la necesidad de desechar el proceso «opaco» y trabajar detalladamente en una reforma a la ley en materia que sí responda a las necesidades del sector.
En su oportunidad, Carlos Pérez Sebastian, de Silvicultura Ocote Real, lamentó que «las leyes se hacen para saquear los territorios y permitir que siga habiendo un gran saqueo de nuestros territorios para dejar pasar a las empresas trasnacionales. Estas reformas han servido para saquear nuestros territorios, las autoridades actúan en contubernio con los empresarios».
Por ello, exigió que las comunidades sean tomadas en cuenta antes de dictaminar, ya que «[los legisladores] no pueden hacer lo que quieran porque nosotros les pagamos, aunque ellos se crean intocables y se den vida de reyes».
«El Gobierno nos restringe y nos quita derechos a quienes protegemos los bosques», indicó.
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Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) remarcó que la iniciativa omite la misión al manejo comunitario y viola los derechos de los pueblos indígenas.
«[La iniciativa] deja de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo forestal comunitario […] Se debe garantizar la consulta previa, por ello es necesario que la iniciativa sea sometida a un amplio debate entre todos los actores involucrados».
Gonzalo Chapela, académico de la Universidad de Chapingo, señaló que el proceso de la iniciativa «ha sido una historia de tropiezos y de compromisos incumplidos».
«No tiene prácticamente ningún avance en comparación con la Ley vigente desde 2003. En contraparte presenta retrocesos importantes y desaprovecha múltiples propuestas para mejorar el marco jurídico del sector. [La iniciativa] nos parece irregular y poco conveniente», subrayó.
