En México, defender el derecho a la salud se ha vuelto un peligro, alertaron organizaciones de la sociedad civil, quienes exigieron que el espionaje contra activistas promotores del impuesto a las bebidas azucarada y otras regulaciones para terminar con la obesidad y la diabetes, no quede impune. El fin de semana, The Ne York Times reveló que tres promotores del gravamen a las bebidas con alto contenido calórico fueron víctimas de espionaje cuando impulsaban una campaña para aumentar el impuesto a estos productos. Los activistas informaron que presentarán una denuncia ante la PGR y una queja ante la CNDH.
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Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil exigieron que el espionaje contra activistas promotores del impuesto a las bebidas azucaradas, el correcto etiquetado de productos industrializados y otras regulaciones para terminar con la obesidad y la diabetes, no quede impune.
Un informe de Citizen Lab y la Red de los Derechos Digitales, SocialTIC, Access Now y Amnistía Internacional demostró que tres defensores del derecho a la salud fueron víctimas de espionaje ilegal.
El fin de semana, The New York Times reveló que el doctor Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor; y Manuel Encarnación, de la Coalición Contrapeso, recibieron mensajes entre el 8 de julio y el 17 de agosto del año pasado, con enlaces maliciosos a fin de infectar sus dispositivos móviles con malware para vigilancia comercializado por la firma israelí NSO Group, de la cual «México es asiduo cliente», de acuerdo con Luis Fernando García, de la Red en la Defensa de los Derechos Digitales.
Los afectados, al hacer clic en los enlaces recibidos, el malware identificado como Pegasus se descarga «sigilosamente» en el dispositivo, con lo que los atacantes obtenían el control, así como acceso a utilizar la cámara, el micrófono y GPS, principalmente, explicó.
Calvillo, de El Poder del Consumidor, sentenció: «Somos incómodos para el Gobierno y la industria». Subrayó que en México defender el derecho a la salud «se ha vuelto un peligro».
El activista señaló que la industria cuenta con aliados en el Gobierno: «Fue el Gobierno con nuestros recursos con nuestros impuestos […] El poder económico se ha convertido en poder político», dijo.
Asimismo señaló que dichos mensajes pueden ser considerados amenazas de muerte e intimidación, ya que redireccionaban a la página de la conocida funeraria Gayosso.
En su oportunidad, Luis Fernando García, de la Red en la Defensa de los Derechos Digitales, condenó el hecho y exigió la «inmediata apertura» de una investigación, ya que, subrayó, vulnera el ejercicio a la libertad de expresión.
«Es reprobable, inaceptable y agravia a toda la sociedad», acusó.
Adelantó que presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y exigió que en el caso no prevalezca la impunidad.
Los tres defensores de la salud tienen en común la promoción en 2014 el gravamen contra las bebidas azucaradas en el país. Incluso, recordaron, tanto Encarnación como Calvillo convocaron a una rueda de prensa para exigir el aumento a dicho impuesto, apenas una semana antes de recibir los primeros mensajes. Al la par, el investigador Barquera se pronunciaba a favor del gravamen en sus redes sociales y en foros.
El Gobierno sólo puede utilizar dichas herramientas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y no para limitar la capacidad de defensa y libertad de expresión tanto de activistas como de periodistas, explicó
Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19 y destacó que únicamente es vendido a gobiernos.
