La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción realizó este día la entrega de nombramiento de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA. Mariclaire Acosta Urquidi, Alfonso Hernández Valdez, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Jacqueline Peschard Mariscal conformarán el cuerpo de ciudadanos que, entre otras atribuciones, vinculará dicho órgano con organizaciones de la sociedad civil y académicos y formulará los formatos de declaraciones (patrimonial, de intereses y fiscal) y políticas anticorrupción.
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Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- «La corrupción es una gangrena que se cuela por todo nuestro tejido social que socava el Estado de Derecho», expresó Jacqueline Peschard Mariscal, quien a partir de hoy funge como la primera presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), la instancia base del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el ambicioso edificio legal que se proponen construir organizaciones no gubernamentales.
La Comisión de Selección del Sistema realizó este día la entrega de nombramiento de los cinco integrantes del CPC.
Mariclaire Acosta Urquidi, Alfonso Hernández Valdez, José Octavio López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Jacqueline Peschard Mariscal conformarán el cuerpo de ciudadanos que, entre otras atribuciones, vinculará al Sistema Nacional Anticorrupción con organizaciones de la sociedad civil y académicos; integrará el órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva del Secretariado Técnico (propondrá a su titular); y formulará los formatos de declaraciones (patrimonial, de intereses y fiscal) y políticas anticorrupción.
Tras recibir su constancia oficial de nombramiento en las instalaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los cinco integrantes del CPC refrendaron su compromiso con la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la transparencia, la fiscalización y el control de recursos públicos.
Asimismo, señalaron que su labor principal consistirá en asegurar que las instituciones encargadas del combate a la corrupción, a nivel federal, cumplan con sus obligaciones.
«No somos órganos acusadores, no tenemos facultades para iniciar indagatorias y denunciar. Esas son atribuciones de las dependencias federales por estructura legal», refirió Luis Manuel Pérez.
De acuerdo con la presidenta del CPC, su propósito será establecer canales ágiles de participación ciudadana y de organizaciones civiles.
La primera tarea del Comité será reestructurar la parte técnica del SNA, estructurar el Secretariado Ejecutivo del sistema, construir políticas anticorrupción y la Plataforma Nacional Digital (PND), además de herramientas para la medición de la corrupción.
«Vamos a trabajar para que las instituciones hagan su trabajo de acuerdo con sus propias capacidades y facultades, para ser el contacto, la voz y los ojos de los ciudadanos», detalló Peschard.
La Comisión de Selección del SNA estuvo integrada por José Luis Caballero, Cynthia Cantero, Antonio Gómez, Edna Jaime, Sergio López Ayllón, María Elena Morera, Juan E. Pardinas, Viridiana Ríos y Pedro Salazar.
Edna Jaime, integrante del Comité de Selección, aseveró que de «los problemas internos la corrupción es el problema más indignante y más preocupante». Mencionó que los integrantes del CPC «serán uno de los arietes para derribar la corrupción», y que, por lo tanto, la sociedad espera mucho de ellos, por lo que espera que sus decisiones estén basadas en la Ley y en los principios.
A UN AÑO DE PROMULGADA LA LEY DEL SNA…
El 27 de mayo de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas constitucionales que crearon el SNA. Éstas establecen que se habrá de agrupar en un Comité, para que actúen de manera coordinada bajo una Política Nacional Anticorrupción, a las diferentes instancias encargadas de prevenir, perseguir y castigar a servidores públicos y particulares que incurran en dicho delito. De ese modo, el SNA estará conformado por un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana, un Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización e incluirá la integración de los sistemas anticorrupción de los 32 estados de la República Mexicana.
En septiembre de 2016 se lanzó la convocatoria para que instituciones académicas, organismos públicos y privados, además de organizaciones sociales, sindicales y empresariales, postularan candidatos para conformar el Comité de Participación Ciudadana. Los aspirantes debían contar con diversos requisitos, entre ellos, ser mexicanos, tener experiencia en materia de transparencia, un título universitario y ser un miembro destacado de la sociedad.
El pasado lunes 30 de enero, la Comisión dio a conocer a los integrantes del primer CPC. El proceso de selección se realizó a través de una sesión pública que incluyó la evaluación exhaustiva de expedientes de los candidatos, entrevistas públicas, foros de consulta ciudadana y un largo proceso deliberativo. Se tomó en cuenta la experiencia profesional y la perspectiva disciplinaria de los aspirantes.
La doctora Jacqueline Peschard Mariscal será, por un año, la primera presidenta del CPC y también estará al frente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Los demás integrantes conformarán el Comité en periodos de dos a cinco años: Mariclaire Acosta, dos años; Octavio López, tres años; Luis Manuel Pérez, cuatro años; y Alfonso Hernández, cinco años.
LAS COMISIONES DEL SNA
El Comité Coordinador estará conformado por siete actores: los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción; la Secretaría de la Función Pública; el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y del Instituto de Acceso a la Información Protección de Datos Personales, además de un representante del Consejo de la Judicatura y un miembro del Comité de Participación Ciudadana.
Este Comité estará encargado, principalmente, del diseño, promoción y evaluación de la política nacional anticorrupción; y de nombrar al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA (que estará a cargo de la Plataforma Digital Nacional).
Mientras, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública. En él, participarán siete miembros rotatorios de las entidades de fiscalización superiores locales y las secretarías encargadas del control interno de las entidades federativas, quienes tendrán el puesto durante dos años.
El 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el DOF las leyes secundarias que dan vida al SNA: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas o «Ley 3de3”; la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; las Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; las Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; las Reformas al Código Penal Federal; y la Ley de la Fiscalía General de la República.
Estas leyes establecerán los casos y las circunstancias en las que los servidores públicos serán sancionados por delitos de enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de sus funciones o por la adquisición de bienes no justificables. Sin embargo, uno de los aspectos más polémicos al respecto, es el hecho de que el Presidente de la República no pueda ser acusado por actos de corrupción o conflictos de interés durante su mandato.
De acuerdo con el Artículo 108 de la Constitución Mexicana: todos los funcionarios públicos «serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”. Sin embargo, continúa: “[el] Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.
A un año, 8 meses y 13 días de que los legisladores mexicanos dieran pie al SNA, el primer compromiso de los 266 firmados por Enrique Peña Nieto en 2012, crear la Comisión Nacional Anticorrupción, no ha sido cumplido. Incluso, debido a la complejidad del proyecto, ni los miembros de las organizaciones civiles que lo impulsan ni los observadores de la política mexicana esperan que el sistema esté listo antes de 2018, año en que concluirá la actual Administración.
De ese modo, el Presidente Peña Nieto muy probablemente no llegará a encabezar el sistema que propuso. Mientras, al país la corrupción le cuesta el 10 por ciento de su Producto Interno Bruto (cerca de dos billones de pesos al año), de acuerdo con lo expresado por Luis Almargo Lemes, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2016.
LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Mariclaire Acosta Urquidi es Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Política y Gobierno en América Latina por la Universidad de Essex de Inglaterra. Se desempeñó como Investigadora Afiliada de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y como Directora para las Américas del Centro Internacional para la Justicia Transicional. Actualmente funge como Directora de la Oficina en México de Freedom House, una organización dedicada a la defensa de los derechos fundamentales de las personas en todo el mundo.
Alfonso Hernández Valdez es un destacado académico del ITESO de Guadalajara. Cuenta con dos maestrías, una en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago y otra en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y con un Doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Chicago. Anteriormente se desempeñó como Especialista del Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información del Instituto Nacional Electoral (INE) y como Director de Estudios e Investigación en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) -hoy Instituto de Acceso a la Información Protección de Datos Personales (INAI)-.
José Octavio López Presa obtuvo la Licenciatura en Actuaría en la Universidad Anáhuac y un Master in Business Administration (MBA) en la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). Fue Comisionado Fundador del IFAI, trabajó en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en Transparencia Internacional, entre otras instituciones. Hoy en día se desempeña como Consejero Fundador de Causa en Común, una organización ciudadana que promueve mecanismos para transparentar la rendición de cuentas del Gobierno de México.
Luis Manuel Pérez de Acha es Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho con especialización en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM. Ha participado de manera activa en la promoción de iniciativas ciudadanas para fomentar la rendición de cuentas y la apertura de información pública en México. Fue el abogado encargado de representar a organizaciones de la sociedad civil en litigios estratégicos como “Yo Contribuyente” y ha abierto la brecha jurídica para instrumentos de defensa de los ciudadanos como el “interés legítimo”. También cuenta con experiencia en litigio en recursos administrativos, juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y juicios de amparo en materia constitucional. Es socio fundador de PDeA Abogados.
Jacqueline Peschard Mariscal es Licenciada en Sociología y Maestra en Ciencias Políticas por la UNAM, además de contar con un Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Michoacán. Se desempeñó como Consejera Electoral en el Instituto Federal Electoral -ahora INE- y como Comisionada y Presidenta del IFAI -hoy INAI-. Hoy en día es profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
