Efecto Duarte
Luego de la desaparición de Javier Duarte, esta dejó el sabor de que el gobierno lo había dejado ir, o al menos esa fue la dirección que tomaron las especulaciones de los ciudadanos mexicanos. Pero esta teoría no sólo tuvo fuerza entonces, sino también ahora, tras su captura. El efecto Duarte como factor determinante en para favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones 2017, parece ser una de las estrategias de dicho partido, sin embargo, las intensiones detrás de la captura del veracruzano no ha pasado desaparecidas a la ciudadanía, y podría no generar los resultados deseados. Al respecto en El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola, escribe que: «resultaba increíble que no lo hubieran seguido […], cuando se veía venir que el Gobernador de Veracruz terminaría en problemas con la justicia. Tomado ese pulso público, en las altas esferas del gobierno federal llegaron a la conclusión de que sería muy bueno aprehenderlo antes de las elecciones de junio, cuando se renuevan las gubernaturas del Estado de México, Coahuila y Nayarit. Consideraron que su detención restaría fuerza a las acusaciones contra el PRI por corrupción y daría discurso de defensa al régimen y a su partido: que si bien Duarte abusó, ya está preso […]. Se les complicó encontrarlo porque Duarte no usaba teléfonos celulares ni cuentas de internet que le tuvieran detectadas, permanecía casi incomunicado y sólo podían deducir su paradero a partir de los seguimientos a sus familiares, abogados y colaboradores. En la urgencia por encontrarlo, la familia de Karime Macías […], recibió una oferta del gobierno: que no irían contra ella ni su familia si les decían dónde estaba el ex Gobernador. Por eso sorprendió en muchos sectores de la opinión pública la narrativa del gabinete de Seguridad sobre su captura: sus hijos viajando con la familia de la mamá en vuelo privado desde el aeropuerto de Toluca, oficializando en la documentación sus nombres y destino, hospedándose en un hotel turístico, visible… Ello ha despertado la sospecha de que Duarte se entregó y no se sabe a cambio de qué. O bien que ‘lo puso’ su esposa o su familia a cambio de que no fueran perseguidos[…]. El Subprocurador Alberto Elías Beltrán negó que la aprehensión se haya negociado. Insistió en que fue fruto de las labores de inteligencia federales».

Respecto al «Efecto Duarte», el periodista Carlos Marín, tiene una opinión distinta y en su columna del diario Milenio, escribe que «si Joaquín Guzmán Loera emblematiza el narcotráfico internacional, Javier Duarte la corrupción aquí, y es ‘El Chapo’ del PRI. Una supuesta ‘entrega pactada’ […]. Es insensato, por decir lo menos, imaginar que la captura hubiese sido negociada. Lo que sucede es que los mismos que hace días decían que el gobierno lo protegía hoy dicen que todo es simulación. Para empezar, hay que tomar en cuenta que el detenido tendrá mañana una primera audiencia ante un juez… del Poder Judicial de otro país. Desde su comparecencia inicial en Guatemala […] el ex Gobernador podrá decir lo que quiera, inclusive denunciar la supuesta negociación o para quiénes o por qué saqueó el erario veracruzano. Y añado lo que Federico Berrueto acotó después y que hace impensable un ‘pacto’: la sentencia sobre Duarte ocurrirá, con toda seguridad, cuando ya no esté en funciones el actual gobierno federal…»

Sin embargo, otro de los que abordan una entrega pactada por parte Duarte y el gobierno es el periodista Salvador García Soto, quien escribe en El Universal, que: «si […] la captura de Javier Duarte de Ochoa fue un asunto pactado o administrado por el gobierno federal con la idea de ganar una supuesta rentabilidad electoral para las complicadas elecciones que enfrenta el PRI en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, podría afirmarse desde ahora que el cálculo fue fallido. En medio del escepticismo generalizado, que se niega a reconocer un logro de la justicia mexicana en esa sorpresiva y tardía detención, es muy difícil […] que el tener a Duarte preso y sujeto a juicio en estos momentos, vaya a generar algún beneficio que impacte el competido escenario electoral en los tres estados que eligen Gobernador en junio próximo […]. Lo que se buscaría entonces es detener en estos comicios el ‘efecto Duarte’, que en 2016 provocó sangría de votos para el PRI y la pérdida de 8 de 12 gubernaturas en disputa. Por ahora el operativo de “inteligencia” que llevó a detenerlo en Guatemala no tuvo el impacto que en el gobierno buscaba y despertó más especulaciones y suspicacias sobre la información oculta tras la versión oficial. Un tema que impactó negativamente fue que el Subprocurador Alberto Elías Beltrán, descartara que Karime Macías, la esposa de Duarte, no sería detenida porque no hay orden de aprehensión en su contra. Eso avivó versiones de un arreglo con la familia del mismo Duarte negociado a cambio de información sobre su paradero […]. Eso lleva a pensar dos cosas: primero que el Presidente Peña pidió respetar ‘a la familia’, como cuando afirman que se molestó porque Yunes exhibió diarios y cosas de la señora en un montaje político en febrero; y segundo que, dejar libre a la esposa, podría ser un ‘as bajo la manga’ que el gobierno se guarda para tener un elemento de presión y control sobre lo que Duarte sabe y puede declarar en un juicio sobre las redes políticas y de complicidad que lo protegieron […]. Duarte supo que no había escapatoria y […] ya no mostró sorpresa, aunque quiso jugar con los agentes al cambiarse el apellido, pero tras tomarle las huellas dactilares, vino el esposamiento y luego su sonrisa, esa sonrisa que para algunos rayó en el cinismo y la soberbia, y para otros en el nerviosismo y el delirio; en el primer caso sería la sonrisa de quien se sabe protegido y en el segundo, de quien se evade de la realidad».

Las presiones para el castigo del ex mandatario veracruzano vendrán de todos lados, asegura en el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos. Y además menciona que: «Javier Duarte […], debe tener claro que van con todo en su contra. Los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideran que debe enfrentar un juicio político, por lo que presionarán a las demás bancadas de la Cámara de Diputados para que se investigue a fondo al exmandatario. Francisco Martínez Neri, coordinador perredista en San Lázaro, urgió a los demás legisladores a trabajar de lleno en el tema, al recordar que el 30 de abril concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Marko Cortés, coordinador de los diputados del PAN, exigió al gobierno federal la inmediata extradición de Duarte. El tiempo se agota y se debe resolver la extradición lo más pronto posible. A trabajar a contrarreloj.

En más sobre Javier Duarte, en Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe acerca de otro componente electoral importante en el desfalco que el veracruzano cometió contra el estado que gobernó y comenta que «sería de risa, si las consecuencias para los veracruzanos no fueran tan graves, la exigencia de los priistas de que se aplique todo el peso de la ley a Javier Duarte ahora que ha sido capturado. Es como si el duartismo, esa manera de robarlo todo con cinismo escalofriante, se haya dado en el vacío. Como si un ladronzuelo desconocido se hubiera metido a saquear la casa mientras nosotros estábamos de vacaciones. No. Nadie estaba de vacaciones. La casa fue saqueada mientras todos estaban ahí y disfrutaban de la fiesta. Las redes, crueles y memoriosas, han dado vuelo republicando los tuits de varios miembros del gabinete y priistas distinguidos felicitando o mandando saludos cordiales a Duarte durante todos estos años. Sería sencillo descartarlos como una anécdota más de eso que pasa en las redes. Pero algo dicen. Por ejemplo, que durante casi seis años nadie tocó, nadie investigó desde el gobierno federal a Javier Duarte. Tal vez en el último año le quitaron el saludo, dejaron de visitarlo, pero nada más. […], el destino de Duarte, como el de otros gobernadores, parece tener un componente electoral. Medina, César Duarte, Padrés, pronto, Borge, antes Granier, los tamaulipecos, todos fueron perseguidos después de perder una elección para su partido. Los electores sabían, los gobiernos no quisieron actuar […]. ¿Cuántos procuradores recibieron alertas de la Auditoría Superior de la Federación que sobre Duarte hizo observaciones, en cinco años, por 34 mil millones de pesos? ¿Cuántos miembros de su gabinete pueden decir que no sabían lo que Javidú hacía? ¿Cuántos miembros del Congreso veracruzano no recibieron dinero y prebendas para hacer como que no veían? ¿Cuántos presidentes del PRI lo abrazaban mientras Duarte desfalcaba al estado? ¿Y los desaparecidos? ¿Y los muertos? No. Que nadie se haga el sorprendido. Duarte se robó la casa mientras todos disfrutaban de la fiesta. Nadie dijo nada. Siguieron bailando […]. La borrachera, cuentan, fue espectacular.

En tanto, en el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, destaca la falta de acciones contra la esposa de Javier Duarte, hecho que ha reforzado la idea de que existe un acuerdo entre el ex mandatario y el gobierno federal para su entrega, ante lo cual y comenta que «los muy fijados en cuestiones legales se preguntan cómo es que Karime Macías, esposa de Javier Duarte, no es buscada por la Procuraduría General de la República (PGR) de Raúl Cervantes. Por que, más allá de la presunción fundada de que fue cómplice de su marido y de los diarios en los que detallaba operaciones presuntamente ilícitas, hay un delito que la involucra y que está a la vista de todos. ¿O ya se le olvidó al Ministerio Público federal la existencia de un pasaporte con la foto de Macías pero a nombre de Gabriela Ponce Arriaga el cual fue decomisado en Tapachula en noviembre pasado? Y bien claro se lee en el artículo 243 del Código Penal Federal que la falsificación de documentos oficiales es un delito que merece penas de entre cuatro y ocho años de prisión. Suponiendo sin conceder que la ex primera dama de Veracruz no tuvo naaada que ver con ese delito, lo deseable sería que en la PGR al menos le dieran una revisada. No vaya a ser que al rato digan que Duarte se entregó a cambio de -gulp- inmunidad para su esposa».

La interrogante sobre la risa de Duarte sigue siendo motivo de preguntas para la opinión pública, y en el Excélsior, la periodista Yuriria Sierra, se une al cuestionamiento y escribe que: es la risa, una de las características que más se asocia con la persona pública de Javier Duarte […], desde que aparecieron las primeras señales de abuso y corrupción. Javier Duarte […]. Con esas risotadas casi siempre fuera de lugar, y no por la estridencia […], sino por los motivos que las provocaban. La risa y la burla como mecanismo de defensa, como medio falaz para desacreditar al interlocutor, como rayo láser para desviar la atención hacia otro lado. Y es que la pregunta que nos hemos estado haciendo todos desde que el sábado por la noche vimos las imágenes de la detención de Duarte en Guatemala: ¿de qué carajos se está riendo? Y es que no fue un momento, fueron varios en los que al veracruzano se le vio sonriendo y aparentando una tranquilidad que sorprende en alguien con tantas cuentas por pagar. ¿Acaso ríe Duarte por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal que se le imputan? […]. ¿Se ríe de las empresas fantasma que creó para la triangulación de recursos y ese enriquecimiento inexplicable que le permitió tener decenas de propiedades? ¿De los centenares de trabajadores en Veracruz a los que no les pueden pagar —todavía hoy— sus quincenas porque Duarte dejó en quiebra al estado? […]. ¿O la risa es por los diecisiete periodistas que fueron asesinados durante su gestión? ¿O de los tres que continúan desaparecidos? […]. ¿O sencillamente le arrancan una sonrisa las 125 fosas clandestinas descubiertas en su estado y en las que se han encontrado más de 250 cuerpos? ¿Le agarró la risa sólo de acordarse que dejó a Veracruz tan endeudado (de 21 mil 500 millones en 2010 a 45 mil 776 millones de pesos en 2016) que no hay recursos suficientes para realizar procedimientos de identificación para todos esos cuerpos encontrados? […]. ¿De qué carajos se ríe Javier Duarte de Ochoa? […]. La risa de Duarte, la del sábado, es la fotografía de su abominación. Y la del entorno que la hizo posible.

En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que lejos de los lujos del hotel en el que se alojaba Duarte antes de su detención, ahora, y de acuerdo con información de autoridades penitenciarias de Guatemala «luego de más de 48 horas de reclusión en la prisión militar de Matamoros, el ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte no ha recibido ninguna visita, ni siquiera la de Rodrigo Sandoval, quien se ostentó como su abogado y afirmó el domingo a la prensa que había hablado con él. Lo cierto es que Duarte, el recluso número 27, no ha solicitado ningún tipo de atención especial y duerme, como el resto de los internos, en una cama de piedra».

La detención de Tomás Yarrington comparte las características del «Efecto Duarte» en lo que al componente electoral se refiere, así lo manifiesta en Milenio, el periodista Joaquín López Dóriga, quien escribe que: «durante años, en el caso de Tomás Yarrington, […] y durante meses, en el de Javier Duarte […], ambos priistas defenestrados por su partido, se exigió su detención tras sus respectivas fugas […]. En uno y otro, se daba por cancelada su detención. En el de Yarrington, por ser un tema viejo, y en el de Duarte, por ser actual con sus presuntas relaciones con el poder y financiamiento de campañas que, aseguraban, salpicaban a todos. Y de ahí, acusaban, al gobierno del Presidente Peña Nieto, las complicidades se daban por hechas y el encubrimiento por descontado. Por todos estos enunciados, que no razones, se concluía: jamás serían detenidos. Y sin embargo, en una continuidad inédita, en menos de una semana cayeron los dos prófugos […]. A la primera captura, en Florencia, siguió el escepticismo de la sospecha crónica, era un asunto del gobierno de Estados Unidos y en el que México ni las manos había metido; en el segundo, en Guatemala, que era un acto electorero. Es decir, lo que hace diez días era un imposible, bueno, dos imposibles, que los detuvieran, se convirtió en realidad, pero a ésta siguieron las declaraciones sospechosistas, encajadas en el malestar nacional y en los tiempos e intereses de campañas. Para algunos en la política fueron peor las detenciones, que exigían, que la impunidad de la fuga, que condenaban. Y es que, al parecer, les quitaron un tema de campaña».

Duarte, Yarrington y los pasaportes
Uno de los factores que ha permitido a ex funcionarios de gobierno permanecer, al menos temporalmente fuera del alcance de la justicio, ha sido la falsificación de identificaciones. El hecho debería preocupar a nuestras autoridades, y por ello en El Universal, el periodista y escritor, Héctor de Mauleón, escribe: «aquel día, Tomás Yarrington llegó a la estación de Paula, en Calabria, con una maleta […]. Ignoraba que el Servicio de Operaciones Centrales de la policía italiana lo seguía de cerca […]. La policía lo detuvo […], el ex Gobernador ‘negó ser él’ y mostró una credencial y un pasaporte mexicano falsos […]. En un cateo realizado posteriormente en la habitación de su hotel se encontró otro pasaporte. Esta vez, con su nombre verdadero. El Instituto Nacional Electoral, INE, informó más tarde que en el Registro Federal de Electores no existía registro alguno con el nombre de José Ángel Márquez Pérez. Dicha persona no apareció en el padrón. La Comisión Nacional de Seguridad, CNS, realizó una búsqueda en Plataforma México, […] existía un pasaporte a nombre de José Ángel Márquez Pérez […]. Pero no era Tomás Yarrington quien aparecía en la foto, sino un niño de 12 años. Quien había entregado a Yarrington aquel pasaporte había cuidado que la identidad robada no apareciera en ningún registro […]. No hallaría antecedentes criminales, ni crediticios, ni electorales, ni de ningún tipo […]. Al ex Gobernador prófugo de Tamaulipas le habían entregado la identidad perfecta. La persona que le extendió aquel pasaporte sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Era un profesional en el arte de entregar pasaportes que no dejaran huella […]. A mediados de los años 90 se descubrió que el hermano del ex Presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, poseía una extensa serie de documentos apócrifos. Todos a nombre de Juan Guillermo Gómez Gutiérrez.  Juan Guillermo tampoco existía […]. De entonces a la fecha, políticos, narcotraficantes y hasta delincuentes comunes son detenidos en México con documentos que acreditan identidades falsas. Para no ir muy lejos, en noviembre de 2016 fue detenido en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, un hombre que iba a entregar en la frontera dos pasaportes. Uno a nombre de Alex Huerta del Valle y otro al de Gabriela Ponce Arriaga. Uno tenía la foto del ex Gobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte; el otro, el de su esposa, Karime Macías. En Plataforma México no aparecieron registros que contuvieran estos nombres. ‘Ambos eran completamente originales’, explica Ricardo Márquez Blas, titular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública de la CNS: otra vez, se había cuidado que nada fuera a ‘brincar’, que Alex y Gabriela fueran dos fantasmas […]. Según Márquez Blas, en México hay 52 modelos distintos de licencia de conducir, con 2 mil 507 medidas distintas de seguridad. Esa falta de homogeneidad facilita, a través de la corrupción, la obtención de identidades falsas. El CNS cree que parte de la solución consiste en homologarlas para dificultar el trabajo a los Yarrington y a los Duarte. Que lo hagan pronto».

Seguridad manipuada
En el Universal, su Editorial, asegura que: «¿es posible combatir la inseguridad con políticas públicas construidas a partir de diagnósticos erróneos? Aunque la respuesta más obvia tendría que ser negativa, contra toda lógica ello es precisamente lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años. Esto pone de relieve un serio problema de manipulación de cifras delictivas que impide apreciar en toda su magnitud al fenómeno delictivo. De acuerdo con el informe Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva, elaborado por la organización México Evalúa, la disminución inducida de cifras es una práctica común en nuestro país y, mucho peor, se acentúa en periodos previos a elecciones. La manipulación de esta información no distingue partidos políticos y tiene como objetivo incidir en la percepción ciudadana sobre los gobiernos estatales o municipales. En el fondo, quienes en ello incurren priorizan los criterios políticos y electorales por encima del interés público […]. ¿Qué sucede, entonces, si las autoridades correspondientes no miran a detalle a la inseguridad pública, con todas sus implicaciones sociales? No estarán en posibilidades de diagnosticar correctamente un problema público que lacera a miles de mexicanos a lo largo de la geografía nacional; bajo esta óptica, los gobiernos no podrán dar respuestas desde las instituciones a regiones enteras que viven sometidas por el poder estructural del crimen. En los próximos meses distintos estados de la República tendrán elecciones locales en las que se elegirán nuevos gobernadores, congresos locales y presidentes municipales. En esta lógica, el electorado y organizaciones civiles tendrían que estar atentos a la información difundida por los gobiernos que serán puestos a prueba en las urnas y hacer los cuestionamientos pertinentes […]. La ciudadanía tendrá que demandar conjuntamente que los datos sobre criminalidad a partir de los que se diseñan las políticas en la materia sean veraces, puesto que la seguridad de todos va de por medio».

Redacción/SinEmbargo

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