Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos acordaron con la Subprocuradora de Derechos Humanos de la dependencia, Sara Irene, reunirse el próximo 9 de febrero con el Procurador Raúl Cervantes.
Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo/EFE).- Luego de seis meses de que se rompió el diálogo entre los padres de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y la Procuraduría General de la República (PGR), el próximo 9 de febrero sostendrán un encuentro con Raúl Cervantes Andrade, anunció el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra.
Esta mañana, padres de los 43 desaparecidos y miembros de diferentes organizaciones sociales se reunieron afuera de las oficinas de la PGR para exigir una mesa de diálogo y justicia para los desaparecidos de Iguala.
Los manifestantes bloquearon los principales accesos del edificio y una comisión encabezada por el abogado fue recibida por la Subprocuradora de Derechos Humanos de la dependencia, Sara Irene Herrerías.
Por su parte, Rosales Sierra informó que se acordó que en la reunión este presente algún representante del Mecanismo de Seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para mediar entre las partes.
Además, adelantó que el 10 de febrero se tiene prevista otra reunión pero con funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
«Debemos decirle a la PGR que aquí vamos a estar vigilantes con la actuación que estén teniendo (…) estaremos aquí para seguir exigiendo verdad y justicia», aseveró Rosales.
Dijo que, 28 meses después de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, «estamos como al principio, no tenemos pistas de dónde se encuentran nuestros compañeros estudiantes, lo único que tenemos son investigaciones irregulares, viciadas».
De acuerdo con la versión oficial de lo ocurrido esa trágica noche, policías corruptos detuvieron esa noche a los estudiantes y los entregaron a miembros de un grupo de delincuencia organizada, quienes los asesinaron, incineraron y arrojaron sus cenizas a un río.
El Ejecutivo, denunció Rosales, «pretende dejar la responsabilidad material a policías municipales de Iguala y Cocula -el municipio donde está el basurero donde supuestamente los estudiantes fueron incinerados- que ni siquiera estuvieron activos el día de los hechos».
El abogado también recordó que en una libreta de contactos de Sidronio Casarrubias, identificado como líder del cártel Guerreros Unidos, aparece el nombre de Omar García Harfuch, quien es titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
«Ese es el tipo de funcionarios que tiene la PGR», acusó Rosales frente a la fiscalía, agregando que este dato, que salió a la luz por una investigación periodística, es una muestra de cómo el Gobierno ocultó «información sensible»
A las 16 horas, los padres y organizaciones marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, a 28 meses de que ocurrió la desaparición de los jóvenes estudiantes.
