Las entidades con más ataques registrados en contra de defensores del medio ambiente, de la tierra y el territorio, entre junio de 2015 y julio de 2016, fueron el Estado de México y Sonora, con 12 casos cada uno, según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Por debajo están Oaxaca con 6; Puebla con 5, Colima y Campeche con 4; Veracruz y Chiapas con 3; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con 2; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y la capital mexicana con un caso cada una.
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- México no es un lugar seguro para los defensores del medio ambiente y de los recursos naturales. Apenas el pasado 16 de enero, el activista Isidro Baldenegro, galardonado en 2005 con el Premio Ambiental Goldman por proteger los bosques de la Sierra Tarahumara, fue asesinado a tiros en Chihuahua.
El hecho ha sido condenado por distintas organizaciones de las sociedad civil como Amnistía Internacional, Greenpeace, el Centro para la Diversidad Biológica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), entre otras. Incluso, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, expresó su indignación y lamentó la “trágica pérdida” de Baldenegro, a quien llamó “defensor indígena comprometido y altruista”.
En entrevista para SinEmbargo, Alejandra Leyva Hernández, abogada especialista en Derechos Humanos del Cemda, alertó que «lo más grave del asesinato de Isidro Baldenegro es que no se trata de un hecho aislado. Se da en un contexto de violencia generalizada en el país contra los defensores del medio ambiente, de la tierra y el territorio. Es reflejo de lo que viven muchos activistas que son agredidos con amenazas, hostigamiento, criminalización y culminan en la muerte».
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Leyva Hernández recordó que el activista ambiental fue desplazado de su comunidad y criminalizado. En 2003, Isidro estuvo preso por presunta posesión ilegal de armas y mariguana, pero los cargos fueron retirados un año después, luego de que las autoridades determinaran que la Policía había cometido abusos durante su detención, según información de Associated Press. El activista también acusó, en su momento, a influyentes taladores locales de persuadir a las autoridades de fabricar cargos en su contra.
De junio de 2015 hasta julio de 2016, en la República Mexicana se registraron 63 agresiones contra activistas. Los ataques fueron desde amenazas, criminalización y detenciones ilegales, agresiones físicas, y hasta asesinatos, documentó el Cemda en el «Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México», presentado hace unos días.
El documento detalla que las entidades con más ataques registrados en contra de defensores ambientalistas fueron el Estado de México y Sonora, con 12 casos cada uno. Por debajo están Oaxaca con 6; Puebla con 5, Colima y Campeche con 4; Veracruz y Chiapas con 3; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Baja California Sur con 2; y finalmente Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y la capital mexicana con un caso cada uno.
De los 63 casos documentados, el Cemda informó que 17 correspondieron a obras hidráulicas y políticas públicas de administración del agua; 10 a minería; 8 a proyectos de infraestructura; 7 a hidroeléctricas; 5 a proyectos inmobiliarios; 4 sobre despojo de tierras y territorio; 4 de proyectos eólicos; 2 por contaminación; 2 por proyectos turísticos; 2 por siembra de transgénicos y 2 más por tala clandestina.
El Centro señaló que los ataques hacia los activistas fueron perpetrados por diversos agresores, entre ellos, autoridades del Estado a nivel municipal, estatal y federal (el 43 por ciento). También identificaron a personal de las empresas que emprenden los proyectos y que «con violencia defienden sus intereses económicos frente a la oposición de las comunidades». Además, otras agresiones fueron perpetrada por gente de la propia comunidad afectada al existir divisiones, y, en otras ocasiones, provinieron de particulares que tienen algún interés que se ve afectado.
Detalló que otro 31 por ciento de los atacantes no fue identificado, mientras que el 14 por ciento fue adjudicado a particulares; el 7 por ciento al personal de las empresas; el 3 por ciento a la gente de la misma comunidad y el 2 por ciento a grupos del crimen organizado.
En el caso de los ataques provenientes de una autoridad, la organización observó que en el 56 por ciento de los casos, los autores fueron autoridades estatales, en el 22 por ciento, autoridades municipales y en el 22 por ciento restante, autoridades federales.
En ese sentido, Leyva acusó que «hay una posición del Estado de omisión frente a los hechos. Hay una falta de voluntad política para enfrentar la situación con medidas sobre todo preventivas y de protección. Se está dejando en total indefensión a los activistas y está conminando en éstos lamentables hechos».
La organización identificó que de los 63 casos registrados entre junio 2015 y julio de 2016 se cometieron en total 86 agresiones, ya que en algunos se perpetró más de un tipo de ofensiva. De ellos, se identificó un homicidio. Mientras, los ataques más frecuentes fueron las amenazas, con el 24 por ciento; después la intimidación con 19 por ciento; la criminalización con 18 por ciento, y las agresiones físicas se presentaron en un 15 por ciento. Otras agresiones identificadas fueron el hostigamiento con 11 por ciento; la difamación con 6 por ciento; la privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y robo, con un 2 por ciento cada uno.
Alejandra Leyva hizo un llamado a las autoridades mexicanas «a respetar derechos humanos y derechos colectivos. Nosotros lo vemos como una forma de atender el fondo del asunto».
La litigante recomendó instaurar medidas preventivas ante este contexto de violencia pero, dijo, «sabemos que hay un problema de fondo que es económico y que no respeta derechos de pueblos indígenas».
«Que se materialice una voluntad política real, si no ninguna medida va a poder ser eficaz. Hay un contexto de impunidad, de corrupción, donde no se atienden las problemáticas de fondo en los conflictos socioambientales y hay un ánimo de agredir a las personas que defienden sus derechos», destacó.
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AMÉRICA LATINA AGREDE A SUS ACTIVISTAS
Recientemente, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) publicó un nuevo informe sobre abusos y violaciones a derechos humanos en contra de defensores y defensoras en América Latina. En él se documentaron 51 casos de intimidación y amenazas, 36 muertes, 34 desalojos y 27 golpizas o diferentes formas de violencia.
El CIEDH situó a México entre los países más peligrosos para los activistas, acompañado por Colombia, Guatemala, Honduras y Brasil.
Un informe del año pasado de Global Witness reportó que 185 activistas ambientales fueron asesinados a nivel mundial en 2015; dos tercios en América Latina, “por mucho el mayor número de muertes reportadas anualmente”.
En 2014, el mismo análisis documentó 88 asesinatos contra personas defensoras de tierra y medio ambiente en la región: 29 en Brasil, 25 en Colombia, 12 en Honduras, 5 en Guatemala, 3 en Paraguay, 3 en México, 1 en Costa Rica y 1 en Ecuador.
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En entrevista con SinEmbargo, Karen Hudlet Vázquez, investigadora y representante para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), señaló que las agresiones a los activistas son «graves y preocupantes», ya que en diversas ocasiones se reportan intimidaciones, amenazas y asesinatos.
La investigadora acusó que en el país se registra abuso al derecho a la tierra, al territorio y/o al agua; al derecho a la consulta, participación y/o información. Y explicó que con las protestas de los inconformes, llegan las intimidaciones, amenazas y otras agresiones.
Los casos, subrayó, «no pueden quedar en la impunidad. Se debe encontrar a los responsables de los abusos y de los ataques a los defensores y defensoras para que no haya un clima tolerante ante la situación, por un lado, por otro, el Estado mexicano tiene que evitar los proyectos que causan conflictos por el daño a las comunidades y al medio ambiente».
