Juan Adrián, Mateo y Gabriel, de cuatro, ocho y 11 años de edad, perdieron la vida en un supuesto enfrentamiento entre policías estatales y un grupo delictivo en San Miguel de Allende. Por este crimen sólo hay un detenido: el padre de los menores, quien era el velador del lugar donde ocurrieron los hechos y señalado por la Procuraduría del estado como un «multihomicida» y traficante de drogas y armas. Más de mil personas marcharon este lunes en calles de dicha ciudad con los féretros de los tres menores para exigir justicia y una investigación clara.
San Miguel de Allende, 16 de enero (SinEmbargo/ZonaFranca).- Juana Luna, esposa de Antonio y testigo presencial del momento en que sus tres hijos fueron asesinados por impactos de arma de fuego, desmintió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE) al aseverar que en ningún momento señaló a su esposo como el victimario.
El pasado sábado, agentes ministeriales irrumpieron en una finca ubicada en la comunidad Ampliación Cieneguita, en San Miguel de Allende, donde se registraron cuantiosas detonaciones, aparentemente del grupo táctico de la PGJE que se apersonó en el lugar, lo que ocasionó el cierre de la carretera a Dolores Hidalgo.
Posteriormente se supo del fallecimiento de tres niños: Juan Adrián, Mateo y Gabriel, de cuatro, ocho y 11 años, respectivamente, quienes eran hijos de Antonio y Juana.
Un día y medio después de que los hechos, la PGJE informó en un comunicado que como saldo de un enfrentamiento, cuyo origen sigue siendo confuso, murieron tres menores de edad a manos de su propio padre, quien se desempeñaba como velador en la finca donde sucedieron los hechos.
En la versión oficial de la Procuraduría, se aseveró que fue la madre de los menores quien señaló a su cónyuge, de haber asesinado a sus hijos.
No obstante, en declaraciones concedidas al Periódico AM, Juana Luna aseguró que nunca declaró que su esposo trató de asesinarla y que tampoco ultimó a los tres menores.
La PGJE también señaló que la balacera se originó cuando un grupo de hombres armados atacó a los elementos que atendían un reporte, los agresores escaparon y en el lugar solo quedaron el ahora detenido, su esposa y sus tres hijos.
Juana Luna dijo que esas declaraciones nunca las dio a las autoridades. Presente en su domicilio, donde ya velaban los cuerpos de sus hijos, la mujer relató que su detención y la de su esposo ocurrió con una gran serie de fallas en el debido proceso.
Indicó que desde que fue trasladada al Ministerio Público, los agentes nunca le proporcionaron un abogado de oficio, tampoco le permitieron realizar una llamada telefónica, la hicieron firmar hojas en blanco, incluso, dijo que lo declarado por ella no concuerda con lo que se señaló en el expediente.
ADEMÁS
De acuerdo con Juana Luna, como cada fin de semana pasarían la noche en la finca donde su esposo trabajaba como velador. Cuando dormían comenzaron a escuchar las detonaciones y momentos después hombres armados ingresaron al domicilio sin identificarse como elementos policiacos.
“La familia completa se escondió en un baño en la planta alta, al percatarse de que los hombres armados subían por las escaleras, Antonio Luna que portaba un arma, comenzó a realizar detonaciones hacia las escaleras, bombas de gas fueron lanzadas al baño, por lo que se lanzaron al suelo”.
Cuando los hombres armados ingresaron al sanitario, colocaron a todos boca abajo. Juana escuchó cuando los agentes arrebataron el arma a Antonio Luna para después realizar unas detonaciones, después pudo escuchar que se la regresaron y lo obligaron a sostenerla.
“Le dijeron ‘entréganos esa arma’, y entonces a mí me jalaron y me voltearon, después escuché disparos, pero yo no sabía de quien y mi esposo estaba volteado conmigo, en eso le dijeron, ‘¡Ten cabrón agárrala!’, entonces mi esposo se quedó con ella”, dijo Periódico AM.
En el lugar dijo ser interrogada por elementos que le aseguraban que fue su marido quien había matado a los niños cuando se encontraban en el baño, que incluso era grabada con un aparato telefónico.
La versión oficial de la Procuraduría motivó que este lunes, alrededor de mil personas, entre familiares, vecinos y amigos de los tres menores de edad marcharan para exigir justicia y que se libere al padre de las víctimas.
En tanto, hoy mismo la Jueza de Control calificó de legal la detención de Antonio Luna. La audiencia del caso se desahogó con carácter de privada en la Sala 2 de Oralidad del Poder Judicial con sede en San Miguel de Allende. La audiencia de vinculación se realizará mañana martes.
MIL PERSONAS MARCHAN EN SAN MIGUEL
Este lunes, alrededor de mil personas, entre familiares, vecinos y amigos de los tres menores de edad que murieron la noche del sábado en un presunto enfrentamiento entre fuerzas estatales y un grupo de sicarios en San Miguel de Allende, Guanajuato, marcharon para exigir justicia y que se libere al padre de las víctimas.
La manifestación fue convocada a partir de las 10:30 horas en la escuela Ignacio Ramírez, en la colonia Aurora, donde Mateo y Gabriel, de ocho y 11 años de edad, estudiaban el cuarto y sexto grado, respectivamente
La banda de guerra de la escuela Ignacio Ramírez, a la pertenecían las víctimas, se integró a la marcha.
La gente, principalmente padres de familia con sus hijos, se congregó afuera de la escuela, sobre la avenida Aurora, a la espera del cortejo fúnebre, que partiría rumbo al templo del Oratorio, en pleno centro de San Miguel de Allende, donde realizan la misa de cuerpo presente.
Poco después de las 11:00 horas, la directora de la escuela declinó de realizar un homenaje a los menores dentro de la institución.
Algunos padres de familia confesaron su enojo porque la directora no accedió a abrir la escuela para que al menos por un momento los restos pudieran recibir algún tipo de homenaje, bajo el argumento de que “no era propicio”; por ello realizaron la valla sobre la calzada Aurora.
A las 11:45 horas llegó a las afueras de la escuela el cortejo fúnebre con los cuerpos de Juan Adrián, Mateo y Gabriel.
A 100 metros ya estaba una valla de alumnos, padres de familia y vecinos, más de 300 personas, para acompañar con globos y listones blancos los restos de los niños al templo del Oratorio.
Al mismo tiempo se desarrolló la audiencia del presunto responsable, el padre de los niños, identificado sólo como Antonio. La defensa del indiciado pidió que la audiencia sea privada, petición concedida por el Poder Judicial.
Según fuentes extraoficiales, el padre de los menores fue trasladado de los separos municipales al Centro de Readaptación Social (Cereso) de esa ciudad.
