La pasada reunión de José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con los gobernadores fue un fracaso desde la misma convocatoria.
Seguramente en un cálculo costo-beneficio se decidió en Los Pinos que no iría Peña Nieto a esa reunión, cuando ha sido rutina que los presidentes asistan a este singular sindicato para escuchar y establecer medidas de atención a problemas regionales o viceversa y que los gobernadores le brinde apoyo político en situaciones de emergencia como las que estamos viviendo.
La respuesta fue que a la oficina del Secretario en Palacio Nacional sólo llegaron 21 de los 32 jefes de gobierno estatales y entre las ausencias destaca la de Miguel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien se excusó de asistir por “problemas de agenda”, cuando antes había declarado que sólo asistiría si el conclave político lo presidía Peña Nieto, cosa que no sucedió pese a la imperiosa necesidad que imponían la dinámica de marchas, bloqueos, saqueos y protestas en redes y calles en varios puntos del país.
El evento fue desangelado, burocrático y a nadie dejó satisfecho, tanto que ni siquiera se tomó la también rutinaria foto de los gobernantes sonrientes y tampoco se concretó la conferencia de prensa conjunta, donde se informaría de los resultados de la reunión. Cada uno de los asistentes regresó a sus estados y responsabilidades públicas sin nada bajo el brazo. La reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el titular de la SHCP, había sido un fracaso en toda la línea.
Y no hay que dar mucha vuelta al asunto para saber que lo que llevó al fracaso fue la postura inamovible de la Presidencia de la República. Tanto las posturas previas de Meade Kuribreña y el Presidente Peña Nieto estaban en sintonía. No se daría ni un paso atrás en el llamado "gasolinazo", y tampoco se tomarían decisiones que podrían ir a favor de la lucha contra la corrupción o el ajuste del costo del Gobierno.
Lo que sabemos significó el segundo "no". Gustavo de Hoyos ,líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), asistió a la reunión, pero no firmó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar por considerarlo “improvisado, incompleto e insuficiente”.
¿Qué significado tienen estos dos rechazos de quienes tradicionalmente han sido interlocutores sistemáticos y disciplinados de la Presidencia de la República?
La primera es simbólica: el Gobierno se demostró que no es capaz de convocar y acordar posturas ante el tema del "gasolinazo", es altamente probable que de haber ido a Palacio Nacional, la reunión hubiera dado de qué hablar y escribir mucho. No hubiera pasado por la incapacidad de tener un pronunciamiento conjunto por las obvias diferencias entre los partidos, incluso con los que firmaron el Pacto por México. Los gobernadores priistas son minoría, sólo son 15 de los 32 ejecutivos estatales.
Y si bien no todos los gobernadores tienen la misma intensidad que obligue a tomar medidas de emergencia, porque hay una franja de estados donde la revuelta no ha prendido más allá de las redes sociales, es en el centro y el norte del país donde las manifestaciones de repudio al "gasolinazo" y a Peña Nieto son más numerosas, pero además el universo de las redes sociales son las más activas, pues durante las 24 horas del día circula información, análisis, memes, fotos, videos y convocatorias. No hay día que no pase alguna movilización ciudadana.
Sin embargo, por los niveles de conflicto, posturas como la de Coparmex dan un carácter nacional a lo que ha traído consigo el "gasolinazo". Está en sintonía con el reclamo de la calle de que el sistema de corrupción, impunidad y dispendio en la esfera de la administración pública debe tener punto final. Se calcula que la corrupción en los gobiernos alcanza niveles nunca vistos y los gobernadores corruptos son una pequeña muestra que se dimensiona en estados quebrados financieramente.
De ahí, entonces, que la mirada debemos ponerla además del corto plazo, como sería la reducción del IEPS, en decisiones estructurales. Que ataquen los lastres que provocan e incentivan la corrupción.
Recientemente, Viridiana Ríos, una doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard, publicó en Excélsior un artículo sugerente donde corrige la pregunta del Presidente Peña Nieto: "¿Qué hubieran hecho ustedes?", por la de "¿qué debiéramos hacer ante el 'gasolinazo'?", y que, me parece, contribuye sustantivamente a establecer rutas de salida a los problemas económicos, sociales y políticos:
- Poner freno al robo de gasolina que alcanza los mil millones de dólares anuales, es decir, se pierden 27 mil barriles de gasolina diarios;
- Se deben crear condiciones de competencia entre las gasolineras mediante la ampliación de la infraestructura para transportar y almacenar combustibles, pues no hacerlo favorece los monopolios regionales y los abusos de los concesionarios;
- Ríos recomienda invertir en transporte público dignos en las zonas conurbadas de manera que anime la creación de mejor infraestructura, elimine los monopolios de taxistas y reducir el porcentaje de ganancias de Uber que terminan en Silicon Valley;
- Asimismo, invertir en refinerías y ductos pues al no hacerlo encarece los precios de las gasolinas; y, finalmente
- Reducir la corrupción en la asignación de la obra pública.
Se podrían agregar otros puntos, pero estos son estratégicos. Si el gobierno quiere recuperar la iniciativa política y evitarse exhibidas de falta de carácter, convocatoria y capacidad para construir acuerdos para un escenario de crisis no estamos, aunque se nos quiera poner, en una disyuntiva de suma cero, donde lo que pierde uno lo gana el otro. Hay de donde echar mano, sin necesidad de que la burbuja nos estalle a todos en la cara, pero para eso necesitamos un Presidente capaz de evitar que le digan a la buena que "no".
