El escándalo de los sobornos millonarios de la constructora Odebrecht en varios países de Latinoamérica ha sacudido a la región. En Venezuela, los diputados buscan impulsar la investigación para detectar a los funcionarios corruptos,: República Dominicana ya solicitó información a Estados Unidos sobre las acusaciones; el presidente Juan Manuel Santos dijo que solicitará información «que involucre a funcionarios y/o contratos» y su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, negó haber recibido sobornos de Odebrecht mientras fue primer ministro en el gobierno del mandatario Alejandro Toledo. En México, La Secretaría de la Función Pública (SFP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) recoplina información para determinar si funcionarios del gobierno recibieron los pagos por 10.5 millones de dólares por parte de la empresa brasileña.
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Por Franklin Briceño
LIMA, Perú (AP) — La revelación de que Odebrecht pagó millonarios sobornos durante 15 años en diez países de Latinoamérica amenaza con sacudir gobiernos como el de Venezuela, Ecuador, Colombia o Panamá, algunos de ellos todavía en funciones.
Varios países anunciaron este jueves que abrirán indagaciones y pedirán información a Estados Unidos y Brasil luego que el gigante brasileño de la construcción se declaró culpable en una corte de Nueva York de violar leyes contra los sobornos en el extranjero, tras una intensa investigación de corrupción en Brasil.
José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, dijo a The Associated Press que en el corto plazo «se viene una crisis política, similar a la que está viviendo Brasil, en varios de estos países de Latinoamérica».
Ugaz, un abogado criminalista peruano, añadió que la confesión del pago de los sobornos «revela que la región está seriamente impactada por temas de gran corrupción y esto no es un problema ideológico, hay expresidentes y gobiernos de tendencia de izquierda, socialdemócratas y de derecha».
En un amplio acuerdo de culpabilidad con una corte federal neoyorquina difundido la víspera por el Departamento de Justicia estadounidense donde se mencionan los sobornos en diez países de la región, Odebrecht detalló que entre 2006 y 2015 pagó en Venezuela unos 98 millones de dólares a funcionarios e intermediarios no mencionados.
El gobierno de Venezuela no comentó el caso pero la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, anunció que impulsará una investigación sobre todos los proyectos que desarrolló Odebrecht para determinar quiénes estuvieron implicados en los sobornos.
«La mayoría de las obras que hoy están manos de Odebrecht no sólo tienen sobreprecio sino que no han sido culminadas y algunas de ellas están paralizadas a pesar de que se dieron millonarios anticipos», dijo el diputado opositor Julio Montoya a The Associated Press.
El legislador precisó que la firma brasileña logró numerosos contratos para la construcción de puentes, carreteras, líneas férreas y proyectos eléctricos en Venezuela gracias a las estrechas relaciones del fallecido presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro con Odebrecht y sus aliados políticos de Brasil, los ex gobernantes Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
En República Dominicana, la Procuraduría General informó que ha pedido a las autoridades estadounidenses información sobre los 92 millones de dólares en sobornos que la firma brasileña realizó a funcionarios entre 2001 y 2014, lo cual le permitió ganar 163 millones.
La empresa brasileña ha suscrito en el país caribeño varios contratos millonarios para la construcción de obras de infraestructura, que incluyen autopistas, hidroeléctricas y acueductos. En la actualidad construye la central termoeléctrica de Punta Catalina, en el oeste del país, cuya adjudicación en 2014 fue cuestionada por supuesta sobrevaluación.
De acuerdo con los documentos divulgados por el Departamento de Justicia -que consideró al escándalo «el mayor caso de soborno extranjero en la historia»- en Panamá Odebrecht pagó 59 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
La constructora brasileña se convirtió en los últimos 12 años en la mayor contratista en Panamá y se adjudicó contratos por más de 9 mil millones de dólares. Entre ellos estuvo la construcción de la primera línea del metro capitalino, que se licitó en mil 452 millones de dólares pero terminó costando casi un 40 por ciento más.
Odebrecht forma parte del consorcio que construye una segunda línea del metro adjudicada en 2015 por casi 2 mil millones de dólares e integra otros multimillonarios proyectos de vivienda impulsados por el gobierno del actual presidente Juan Carlos Varela.
En Perú el presidente Pedro Pablo Kuczynski negó haber recibido sobornos de Odebrecht mientras fue primer ministro en el gobierno del mandatario Alejandro Toledo (2001-2006).
«Puedo garantizar que no recibí nada, ni hice nada», dijo a la prensa Kuczynski, a quien se le reabrió a inicios de diciembre una investigación fiscal que indaga si hace una década, como primer ministro, favoreció con una ley a Odebrecht para que obtenga licitaciones.
Autoridades estadounidenses afirman que Odebrecht pagó 29 millones de dólares a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, periodo en el que recibió más de 143 millones en ganancias. Los pagos se hicieron durante los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
En Perú existen otras cuatro investigaciones ligadas a una gran red de corrupción en Brasil pero sólo una de ellas involucra a la constructora brasileña y se refiere a una licitación en 2014 de un plan para construir un gasoducto en la que Odebrecht fue el único postor y ganó.
En Colombia la oficina del presidente Juan Manuel Santos dijo que solicitará información «que involucre a funcionarios y/o contratos».
Según los documentos estadounidenses, Odebrecht detalló que entre 2009 y 2014 pagó en Colombia unos 11 millones de dólares. El Secretario de Transparencia de la presidencia colombiana, Camilo Enciso, dijo a la radio local Caracol que los sobornados serán colocados «en la picota pública y tendrán que ser judicializados y sancionados».
Ecuador también pedirá detalles sobre pagos ilegales que la firma brasileña hizo entre 2007 y 2016 y sumaron 33.5 millones de dólares.
«Con la investigación se busca identificar nombres, cuantías y conocer adónde fueron a dar esos recursos», dijo el fiscal general Galo Chiriboga entrevistado por la radio pública de Ecuador.
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En Guatemala el gobierno del Jimmy Morales aún no se ha pronunciado pero la fiscal general Thelma Aldana confirmó que existen dos investigaciones referentes al caso.
Según los documentos estadounidenses Odebrecht pagó 18 millones de dólares en sobornos entre 2013 y 2015 durante el gobierno de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes renunciaron a sus cargos en 2015 y están presos por acusaciones de corrupción.
En Argentina, la diputada nacional opositora Margarita Stolbizer presentó el jueves una denuncia ante la justicia para que se inicie una investigación sobre el destino de los 35 millones de dólares que Odebrecht dijo haber pagado en concepto de sobornos a funcionarios locales para obtener contratos por 275 millones de dólares durante el gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).
«A esta altura a nadie le asombra una denuncia de episodios de corrupción que vinculan al Ministerio de Planificación», la dependencia que tenía bajo su órbita la obra pública durante el gobierno de Fernández. «Si en un lugar estuvo focalizada la corrupción en los últimos años fue justamente ese ministerio», agregó en referencia a las múltiples causas judiciales que salpican a ex funcionarios del área.
La constructora brasileña participó de la ampliación de un gasoducto, la construcción de una planta de la estatal petrolera argentina YPF y el soterramiento de un ramal del ferrocarril.
Odebrecht, que es considerado el mayor conglomerado de construcción e ingeniería de Latinoamérica, también admitió haber pagado sobornos en Brasil por 349 millones de dólares y en México por 10,5 millones.
El Departamento de Justicia informó en la víspera que Odebrecht y su petroquímica Braskem acordaron pagar una multa combinada de al menos 3.500 millones de dólares para que se retiren las acusaciones de que sobornaron desde 2001 a funcionarios en 10 países de Latinoamérica y dos de África para obtener contratos por un centenar de proyectos públicos.
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Los periodistas de The Associated Press en Venezuela, Fabiola Sánchez; en Colombia, César García; en Panamá, Juan Zamorano; en Guatemala, Sonia Pérez; en República Dominicana, Ezequiel Abiu López y en Argentina, Débora Rey colaboraron en esta nota.
