El Consejo de Ministros del gobierno español aprobó este viernes la extradición de Diego Gabriel Cruz Alonso, de 21 años y doble nacionalidad mexicana y española. El joven integraba una banda de cuatro cibernautas conocida como «Los Porkys» que presuntamente abusó sexualmente de una joven de 17 años a la que forzaron a entrar en un vehículo a la salida de un club en un lujoso barrio de Boca del Río, en Veracruz, en enero de 2015.
Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo/AP).- El Consejo de ministros del Gobierno de España accedió a conceder la extradición a México de Diego Gabriel Cruz Alonso, miembro de «Los Porkys» acusado por el delito de violación tumultuaria en contra de una menor de edad -en 2015 en Veracruz-, confirmó este día el Ministerio de Justicia español por medio de un comunicado.
Cruz Alonso estará recluido los próximos días en la cárcel de Soto del Real en Madrid, donde permanece en detención provicional desde junio de 2016, mientras las autoridades mexicanas envían a los agentes policiales delegados para cumplir con el proceso de extradición.
En México, el presunto violador de 21 años de edad podría enfrentar una condena de ente 12 y 40 años de cárcel por el delito de “pederastia tumultuaria”, castigo que podría ser superior al que recibiría en España, en donde sería acusado de agresión sexual agravada, delito penado con 15 años de encierro.
Con la firma de la extradición se cumple uno de los últimos pasos para concluir con un proceso que ha durado seis meses a partir de la detención de Cruz Alonso -acaecida el 10 de junio en la ciudad de Madrid-.
El joven integraba una banda de cuatro cibernautas conocida como «Los Porkys» que presuntamente abusó de una joven de 17 años a la que forzaron a entrar en un vehículo a la salida de un club en un lujoso barrio de Boca del Río, en Veracruz, en enero de 2015.
Ante la parálisis inicial de las autoridades, el padre de la víctima acudió a la prensa local y la polémica obligó a la justicia a retomar la investigación.
A principios de diciembre los jueces de la Audiencia Nacional habían desestimado un recurso de la defensa en el que, entre otros argumentos para impedir el juicio en México, se alegaba que Cruz Alonso era ciudadano español y que la atención mediática que había cobrado el caso podría llevar a un proceso injusto.
En su sentencia los magistrados españoles tampoco admitieron la existencia de indicios de que Cruz Alonso podría sufrir maltratos en prisiones mexicanas, como había alegado la defensa.
