«¿Por qué el Gobierno ha apoyado y violado la Ley sistemáticamente siempre en contra de las comunidades mayas y de la ciudadanía en favor de las empresas, en este caso, de Monsanto? ¿Para quién trabaja, Peña Nieto?», cuestionan activistas en pro de los cultivos orgánicos, quienes exigen al Presidente de la República «dejar de trabajar para Monsanto y hacerlo para nosotros, para las comunidades».
Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- La petición de la Presidencia de la República a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que anule el decreto que prohíbe los cultivos transgénicos en Yucatán, es una muestra de que el Gobierno «es una sucursal más de Monsanto», acusaron activistas.
En octubre de este año, el Gobernador Rolando Rodrigo Zapata Bello declaró al estado de Yucatán como zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados para preservar la biodiversidad y la calidad de los productos de las comunidades rurales y costeras; además de abrir paso a los cultivos orgánicos.
Sin embargo, el pasado 13 de diciembre, Humberto Castillejos Cervantes, consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, promovió ante el máximo tribunal del país una controversia constitucional a fin de solicitar la invalidez de dicho decreto.
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En entrevista para SinEmbargo, Luis Arturo Carrillo Sánchez, integrante del Colectivo Ma OGM, explicó que –de acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos– la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) son las instituciones facultadas por la Federación para establecer zonas libres de transgénicos, no obstante, acusó, «éstas han desoído y discriminado a las comunidades mayas yucatecas que se las solicitaron desde 2012».
Dicha solicitud –presentada por los municipios de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Tekax, Ticul, Tixmehuac, Tizimín y Tzucacab a finales de 2012–, explicó, fue debidamente respaldada por los cabildos de las localidades y por el Gobierno yucateco, pero al día de hoy «sigue sin ser tomada en cuenta».
Eduardo Batllori Sampedro, secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Yucatán, dijo a este medio: «Nos queda claro que no es facultad del estado establecer a Yucatán como zona libre de transgénicos, de acuerdo con la Ley de Bioseguridad, pero nuestra intención es fijar una postura al respecto y sentar un precedente en relación a riesgos e impactos que no habían sido considerados en el otorgamiento de los permisos sobre los cultivos de soya genéticamente modificada a nivel peninsular y particularmente en Yucatán».
Al respecto, Carrillo Sánchez, subrayó que el decreto «no es un capricho del Gobernador» y fue emitido a fin de «subsanar la ineficacia de las autoridades federales». Asimismo, agregó, «es un decreto legítimo, pertinente y necesario».
«Si en su momento la Federación hubiera dado trámite [a la solicitud de declaratoria], no hubiera sido necesario que el Gobierno local emitiera una; pero no le conviene declarar esta zona libre de transgénicos porque Sagarpa y Semarnat son sucursales de Monsanto, han hecho todo para dejar entrar organismos genéticamente modificados», acusó.
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Por ello, el activista cuestionó el actuar del Presidente: «¿Por qué el Gobierno ha apoyado y ha violado la Ley sistemáticamente siempre en contra de las comunidades mayas y de la ciudadanía, y a favor de las empresas, en este caso, Monsanto. ¿Para quién trabaja, Peña Nieto?». Y le pidió: «Deja de trabajar para Monsanto y ponte a trabajar para nosotros, para las comunidades».
«Van 4 años sin dar respuesta a la solicitud de decreto, pero a 48 días de que el Gobierno local hiciera lo propio, Peña Nieto ya metió un recurso para derogar. ¿De dónde viene esa celeridad? Obviamente de Monsanto, la empresa está presionando directamente al Presidente para reaccionar rápido a la situación. Monsanto está controlando no sólo Sagarpa y Semarnat, Monsanto está controlando a la Presidencia de la República», sentenció.
En una carta de respaldo, alrededor de 700 organizaciones y miles de ciudadanos calificaron como «valiente, responsable, oportuno y bien sustentado» el decreto de Yucatán como zona libre de transgénicos y aplaudieron el actuar del Gobierno local, quien –en atención al generalizado rechazo ciudadano a los transgénicos–, solicitó reiteradamente a la Federación la celebración de Convenios de Coordinación en materia de organismos genéticamente modificados, sin encontrar respuesta alguna.
Los inconformes reiteraron que los transgénicos suponen daños para la salud, la cultura, el medio ambiente y la economía, ya que al dar paso a monocultivos promueven la deforestación y los fertilizantes químicos y plaguicidas utilizados repercuten en otras actividades como la apicultura, que sostiene a miles de familias.
