En 2015, la Conasami anunció, junto con los dirigentes de las cámaras empresariales más importantes del país, que el aumento al salario mínimo para 2016 sería de 2.94 pesos, para situarlo en 73.04 pesos. Ante esa decisión, diversas organizaciones de la sociedad civil impulsaron el debate sobre la necesidad urgente de recuperar los salarios mínimos para evitar una nueva oleada de pobreza generada principalmente, por los bajos ingresos de los mexicanos.
Aunque el aumento para 2017 es apenas una buena señal, expertos coinciden en que los niveles de pobreza y desigualdad, el débil crecimiento de la economía y la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, agudizarán la problemática salarial, por lo que no se debería descartar un segundo aumento para 2017; la STPS ha descartado desde ahora ese incremento, pese a que los analistas insisten que hay condiciones óptimas para otorgarlo.
Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) anunciaron el jueves pasado que el aumento al salario mínimo para 2017 sería de 80.04 pesos diarios. El ajuste se realizó a través de una fórmula que incluye un incremento nominal de 4 pesos y otro de 3.9 por ciento. Es decir, 7 pesos más respecto a la cantidad decretada para este año.
Por primera vez, las autoridades negaron que el aumento provocaría un incremento en la inflación, pero descartaron la posibilidad de otro aumento en 2017 debido al escenario adverso a nivel nacional e internacional.
Este aumento de 9.58 por ciento es el más alto en 16 años, pues durante ese tiempo los incrementos anuales no rebasaron los 3 pesos.
Aunque la noticia, de acuerdo con expertos en el tema, es una señal positiva que indica que hay disposición por comenzar a recuperar el poder adquisitivo del salario, éste aún resulta insuficiente para la subsistencia básica de un trabajador y su familia. Además de que mantiene a México aún con uno de los salarios más bajos de norte y Centroamérica.
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A lo largo de 2016, académicos y sociedad civil alertaron sobre una nueva oleada de pobreza, generada por las condiciones económicas del país que mantienen estancado el salario, a pesar del incremento en la cobertura de programas sociales o la generación de nuevos empleos.
Luego del anuncio de las autoridades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que reconoció el porcentaje final del incremento como un avance, pero instó a ser breve en la continuidad de los esfuerzos para alcanzar una suficiencia salarial. Para la CNDH, la importancia del salario radica en la subsistencia con dignidad de las y los trabajadores que perciben ese ingreso.
“Si bien representa un esfuerzo en el camino de la progresividad, sigue siendo insuficiente para alcanzar los niveles de vida digna que se requieren, por lo que se plantea la necesidad de que la revisión de los mismos continúe de manera sostenida en un breve término, a fin de lograr que aquellas personas que perciben el equivalente a un solo salario mínimo dejen de estar situados por debajo de la línea de bienestar, que señalan los indicadores de pobreza en el país”, puede leerse en el comunicado.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el costo de la canasta alimentaria se ubica en 88.70 pesos, por lo que el salario debería ser superior a esa cantidad, como lo establece el Artículo 123 Constitucional.
Proyecciones del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), con un aumento salarial cerca de 3.5 millones de pobres dejarían de serlo, puesto que el ingreso es el principal factor que explica la pobreza.
“La determinación del monto del salario debe tender a alcanzar el mínimo vital que asegure la satisfacción de las necesidades elementales de las y los trabajadores y sus familias. Sin este esfuerzo conjunto y permanente de los sectores e instituciones involucrados en la fijación del salario mínimo, no será posible avanzar ágilmente y de manera eficaz en la reducción de la pobreza, la exclusión y la desigualdad en nuestro país”, agregó la CNDH en días pasados.
EL OBJETIVO: 89.35 PESOS
En entrevista con SinEmbargo, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, consideró que el aumento es importante porque marca el inicio de la recuperación gradual del salario, pero el siguiente paso es darle continuidad, ya que el monto actual ni siquiera cubre lo mínimo indispensable para la canasta básica de una persona.
“El monto, evidentemente, es insuficiente. El contexto internacional nos obliga a tomar medidas que fortalezcan nuestra economía y una de las debilidades de la economía mexicana, son los bajos ingresos de la población, es decir: la pobreza”, comentó.
Luego de la victoria de Donald Trump, diversos sectores de la economía han señalado la urgencia de emprender medidas que fortalezcan el consumo interno, y en ese sentido, el aumento salarial generaba expectativas al respecto, al tratarse de dinero que se queda en el país.
Para el doctor Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el que la Conasami haya escuchado muchas de las demandas de diversos actores es, sin duda, positivo. Organizaciones, algunos gobernadores y empresarios se sumaron para ir ajustando gradualmente el salario mínimo a un nivel tal que pueda ser suficiente para poder mantener a una persona y un dependiente.
“Se planteó un primer aumento y después, a mediados de año, hacer otro ajuste de otros 10 pesos, para llegar a fin de año a los 90 pesos y poco a poco ir ajustando el salario para que vaya retomando el nivel que debe tener. Sí tiene que ser algo gradual, no puede ser de golpe y eso todo mundo lo entendió”, dijo.
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Independientemente de las condiciones internacionales, continuó Cárdenas Sánchez, no se descartaría ese segundo aumento en septiembre de 2017, ya que la medida sí ayuda al fortalecimiento del mercado interno. A éste último factor el Estado le pondrá cada vez más atención en caso de que las intenciones de Trump de terminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se materialicen.
“La amenaza del empobrecimiento ha aumentado y además tenemos problemas que van a afectar las remesas y que pueden afectar la planta productiva en general por las exportaciones y el crecimiento. Ése es el problema”, comentó al respecto Gómez Hermosillo.
Sobre la negativa inmediata de la STPS a un segundo aumento para 2017, señaló que la sociedad civil no quitará el dedo del renglón, ya que la puerta está totalmente abierta para que eso suceda y que antes de que acabe 2017 el salario tiene que ser de 89.35 pesos.
“Con esa cantidad se deja de violar flagrantemente la Constitución y es el umbral mínimo que hay que superar, para colocarnos en una situación en la que por lo menos, una persona que trabaje, sólo una, no quede por debajo de la línea de pobreza. Las condiciones para ello están totalmente puestas y el contexto internacional obliga a que pensemos en el mercado interno y eso tiene que ver con mejorar los ingresos de las personas. Necesitamos fortalecer nuestra economía frente a las dificultades exteriores y una de las grandes debilidades de nuestra economía es la pobreza”, sostuvo.
LA HISTORIA DEL ESTANCAMIENTO
De acuerdo con una investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde los años 70, el Estado adoptó una política laboral que inició un proceso de prevaricación del trabajador.
El estudio rememora que “ante la grave crisis macro económica que se vivía en México en el año de 1987, registrando una híper-inflación galopante acumulada de 159 por ciento, una devaluación del peso del 33 por ciento, la caída del precio internacional del petróleo a 11 dólares por barril”, el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado decidió imponer el 16 de diciembre de ese mismo año el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE), que fue firmado por Fidel Velázquez Sánchez, Presidente del Congreso del Trabajo, por el sector campesino, Héctor Hugo Olivares V., por la Confederación Nacional Campesina, Alfonso Garzón Santibáñez de la Central Campesina Independiente (CCI) y por el lado del sector empresarial el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En ese año se registraron cinco incrementos salariales de emergencia que acumulados alcanzaron la cifra del 80 por ciento, ante los índices de hiper-inflación del 159 por ciento, representando una pérdida del 70 por ciento del poder adquisitivo del salario, “que jamás recuperaría el trabajador mexicano”.
El estudio señala que de 1989 a la fecha no se conocen registros de nuevos aumentos mensuales o de emergencia al salario mínimo para enfrentar y revertir en términos reales la pérdida del poder adquisitivo del salario, mientras que para el 16 de diciembre de 1987 al 25 de abril del 2016, la pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario mínimo es de 79.11 por ciento.
Mientras, en ese mismo periodo, el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) pasó de 3.95 a 213.46 pesos diarios.
“Para el periodo del 16 de diciembre de 1987 al 25 de abril de 2016, representa un incremento acumulado del 1028 por ciento frente al 5304 por ciento del precio de la CAR, es decir, por cada peso que aumenta el salario aumentarán cinco pesos el precio de la CAR, como consecuencia de las políticas salariales basadas en los topes salariales que no han oscilado entre el 3 y el 4.5 por ciento anual impuestas durante los últimos seis sexenios”, agrega el documento.
Entonces, los trabajadores mexicanos para adquirir los alimentos básicos requerirían de un ingreso mensual promedio de 6 mil 403.80 pesos; casi 3 salarios mínimos diarios.
