Un juez en Estados Unidos concedió la libertad a Luis Carlos Castillo-Cervantes, conocido como «el Rey de los Dragones», acusado de lavado de dinero y fraude bancario, sin embargo, deberá permanecer en su domicilio con vigilancia las 24 horas del día través de un GPS colocado en su cuerpo.
Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- El empresario Luis Carlos Castillo-Cervantes, conocido como «el Rey de los Dragones», quedó en libertad tras acordar una fianza de 30 millones de dólares en una audiencia celebrada el pasado lunes.
Castillo-Cervantes fue enterado de que el juez de la Corte de Distrito Sur en Corpus Christi, Jason B. Libby, autorizó el acuerdo para enfrentar en libertad las acusaciones en su contra.
El «Rey de los Dragones», quien pagó 300 mil dólares de los 30 millones que se fijaron como fianza, además del desembolso, tendrá que cumplir con ciertas restricciones impuestas por el juez.
Según documentos de la Corte, el acusado de lavado de dinero y fraude bancario, deberá permanecer en su domicilio, no podrá viajar al extranjero, hará entrega de su pasaporte al Gobierno, y no tendrá contacto con otros involucrados o víctimas del caso. Contará con vigilancia las 24 horas del día través de un GPS colocado en su cuerpo.
NEXOS CON EL PRI
Otro hecho relevante dentro del caso de Luis Carlos Catillo-Cervantes, son los posibles nexos con ex gobernadores priístas, entre los que se encuentran Natividad González Parás y Rodrigo Medina, de Nuevo Léon; así como Enrique Martínez y Martínez, Humberto Moreira y Jorge Torres López, de Coahuila; al igual que Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, de Tamaulipas.
En primera instancia, Castillo-Cervantes habría buscado llegar a un acuerdo con la justicia estadounidense similar al de Javier Villarreal Hernández, ex tesorero de Coahuila; es decir, aportar información que ayude a identificar a otros involucrados en el caso, así como la renuncia de sus bienes que se encuentran proceso de incautación. De esa manera, su pena en la cárcel podría reducirse.
Dicho acuerdo, sólo sería posible si el empresario tamaulipeco, se declara culpable. En caso de proclamarse inocente ante la Corte, iría a juicio y su destino lo decidiría un jurado estadounidense.
Su próxima audiencia fue programada para el 3 de enero de 2017 en la Corte de Distrito Sur.
