La inestabilidad política en México se ha traducido en violencia. Las acusaciones de corrupción con las que cargan varios de los mandatarios estatales también se ven reflejadas en los bajos niveles de seguridad pública. El pasado 5 junio arrastró una serie de cambios en la vida de 14 estados donde hubo elecciones. Vacíos de poder dejados por algunas transiciones de Gobiernos estatales han propiciado que el crimen gane terreno.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- La inestabilidad política en los estados del país se ha visto reflejada en el incremento de la violencia. Especialistas apuntaron que los cambios políticos en México también influyen en las tendencias de incidencia delictiva.
“En algunos estados estas transiciones han sido muy complejas y se han soltado muchos amarres en las policías locales y las procuradurías, yo creo que los controles internos se han debilitado. En Veracruz se ha desbordado el problema”, dijo el experto en seguridad Alejandro Hope.
Entre enero y septiembre los homicidios dolosos ascendieron a nivel nacional 20 por ciento en relación al mismo periodo del año pasado.
Mismo plazo en el que Veracruz, cuyo ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa anda prófugo, presentó un repunte del 119 por ciento.
El 12 de octubre el otrora mandatario estatal anunció que solicitaría licencia para dejar su cargo y atender la serie de denuncias por enriquecimiento ilícito en su contra.
“A decir por observación yo creo que desde la salida del Gobernador, la diferencia hasta ahora, es que la violencia que se ha incrementado. Es una suerte de poner el estado como un polvorín, al borde un estadillo”, dijo Rosío Córdova Plaza, investigadora de la Universidad Veracruzana.
La investigadora lamentó que la ola de asesinatos haya incluido a personal docente y estudiantil , y resaltó el caso de la profesora Guadalupe Mora Palacios, de 71 años, quien fue asesinada y encontrada en una bolsa en su domicilio en la ciudad de Xalapa.
El Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares tomará posesión el próximo 1 de diciembre.
Y un prolongado plazo entre los comicios de junio y la toma de protesta arrecia los hechos delictivos, apuntó el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México Marco Arellano Toledo.
“Son meses, el reacomodo de acuerdos entre la clase política y los grupos delincuenciales se vuelve muy complicado. Una forma de sentar a los nuevos funcionarios es tendiendo miedo, y los grupos criminales empujan para sentarse a negociar”, explicó.
Si bien los homicidios dolosos incrementaron en 22 estados de la república, en aquellos donde hubo elecciones la violencia fue un tema incluido en los discursos de campaña tanto para las candidaturas oficiales, como para las de oposición.
La organización civil Semáforo Delictivo acusó que el Gobierno de Quintana Roo maquilló las cifras, al punto de que en mayo, un mes antes de las elecciones del 5 de junio, la Procuraduría del estado reportó un solo homicidio doloso.
EL DESCONTROL NACIONAL
Hoy el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), una organización civil que monitorea la violencia, presentó este martes su informe sobre la incidencia delictiva entre enero y septiembre.
El ONC expuso que las entidades con mayores tasas de víctimas por cada 100 mil habitantes fueron Colima con una tasa de 6.52 víctimas de homicidio doloso; Guanajuato con 3.02 víctimas de homicidio culposo; Tamaulipas, con una tasa de 0.47 víctimas de secuestros; y San Luis Potosí, con una tasa de 1.19 víctimas de extorsión.
“El crimen opera con la indiferencia del Gobernador en la medida que un Gobierno no asume con responsabilidad de generar condiciones para los ciudadanos, y habrá alguien que encuentre en este espacio una oportunidad para obtener poder”, dijo Francisco Rivas, director del ONC.
PACTO POR LA SEGURIDAD
La organización Cauce Ciudadano, junto al ONC, propuso al Gobierno federal este martes la firma de un pacto por la seguridad. En el que se pretende que obtener un detalle claro de la estrategia de seguridad.
“Sería tratar de que quienes nos hemos especializado tengamos algo que decir y podamos generar un trabajo en conjunto, de corresponsabilidades. Eso ya se solicito y estamos esperando la respuesta”, dijo Rivas.
Al finalizar agosto el Gobierno federal oficializó el anuncio de una estrategia de reforzar la seguridad en 50 municipios del país, los cuales reportan más del 40 por ciento de los homicidios a nivel nacional.
Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil enfatizaron que la mayor parte de estos municipios ya reciben recursos por haber sido priorizados de forma previa; cuyos resultados no detuvieron el alza de los homicidios.
“El argumento que nos dan las autoridades de que el homicidio aumenta porque hay confrontación entre los grupos a lo que nos remite es que el Estado no puede controlar el territorio”, dijo Francisco Rivas.
