La organización Impunidad Cero denunció que en la Ciudad de México 12 millones de personas se encuentran en riesgo en caso de algún siniestro ocurrido al utilizar transporte público concesionado. Evidenció que la Semovi otorga permisos a quienes presentan documentos expedidos por instituciones denominadas mutualidades, mismas que no están reconocidas ni reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ni por la Condusef. Cerca del 50 por ciento de las personas que requieren hospitalización tras un accidente vial adquieren una deuda 100 veces mayor a sus ingresos.
Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- En la Ciudad de México, gobernada por Miguel Ángel Mancera Espinosa, 12 millones de personas se encuentran en riesgo de impunidad en caso de algún siniestro ocurrido al utilizar transporte público concesionado, ya que la Secretaría de Movilidad (Semovi) otorga permisos a quienes presentan documentos expedidos por instituciones denominadas mutualidades, mismas que no están reconocidas ni reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) ni por la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), reveló una investigación de la organización Impunidad Cero.
Los especialistas e instituciones a favor de la legalidad evidenciaron que el Gobierno capitalino no garantiza la protección a los usuarios de dicho modo de transporte, o sea, al 60 por ciento de los capitalinos. Las unidades, señaló la investigadora Mara Rivera, se encuentran «protegidas» con mutualidades que no cuentan con el respaldo financiero para -si es el caso- cubrir la indemnización.
Además señaló que el 90 por ciento de los microbuseros que operan en la capital lo hacen bajo dicha modalidad y no por un seguro comercial.
Mara Rivera detalló que los riesgos de que ocurra un accidente mientras se viaja en este tipo de transporte son altos y por si fuera poco, resaltó que el 25 por ciento de los percances viales en la urbe son causados precisamente por el transporte público, especialmente por taxis y microbuses.
Cerca del 50 por ciento de las personas que requieren hospitalización tras un incidente vial llegan a adquirir una deuda 100 veces mayor a sus ingresos y en la mayoría de los casos esta no puede ser adjudicada a ninguna institución pública ni privada, ya que ni la Condusef ni la Profeco están facultada para atender una queja en caso de incumplimiento de indemnización por parte de quienes trabajen bajo la protección de una mutualidad.
Por su parte, Federico Reyes Heroles, presidente del consejo, señaló que el 60 por ciento de las personas que fallecen en un accidente vial son atribuibles al transporte público concesionado.
«Es un desprecio de la vida increíble […] Detrás están los transportistas que parecen ser más poderosos que los jefes de Gobierno. Tenemos que actuar, ya nos acostumbramos a vivir con este ‘salvajismo institucional'», dijo.
Impunidad Cero subrayó que de acuerdo con la Ley de Movilidad de la CDMX, uno de los requisitos que deben cubrir los interesados en obtener un permiso para la operación de transporte público de pasajeros o carga, es contratar una póliza de seguro vigente para «indemnizar los daños y perjuicio, que con motivo de dicha actividad pudiese ocasionar a los usuarios, peatones, conductores o terceros en su persona o patrimonio», señala el artículo 90.
No obstante, según una solicitud de información pública realizada por el proyecto de la sociedad civil, la Semovi afirma que «la documentación presentada por los concesionarios se sujetará al principio de buena fe, mismo que estará sujeto en todo momento a la verificación de la autoridad», además asegura que si dichos documentos resultan ser falsos «serán sujetos a las penas en que incurran […] de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la CdMx».
«La autoridad está dejando todo a la buena fe de los choferes […] Por lo ponto están desamparados quienes tengan un percance con un microbusero», denunció la investigadora.
Ante la situación remarcó la necesidad de que el Gobierno capitalino retome y lleve a cabo el programa de revisión que anunció desde 2012, donde reconoció que las mutualidades no tienen capacidad financiera para responder en caso de accidente.
La realidad es que existen operadores de taxis, microbuses y camiones que han logrado tener el permiso correspondiente al presentar una póliza expedida por una mutualida, que de acuerdo con la Condusef y la CNSF «no están reconocidas, no son supervisadas y no tienen permiso para operar», destacaron.
