Guillermo Padrés Elías se disculpó con su partido, el Acción Nacional, a través de una carta por no haber asistido a la audiencia a la que fue citado, porque si lo hacía, explicó, «sería aprehendido y exhibido públicamente». El PAN le suspendió sus derechos partidistas al ex Gobernador de Sonora como medida cautelar ante las investigaciones por fraude y lavado de dinero que pesan sobre él.
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Guillermo Padrés Elías, el ex Gobernador de Sonora buscado por la Procuraduría General de la República y por la Interpol por presunto fraude fiscal y lavado de dinero, debía comparecer este día ante el Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo, no acudió «para evitar ser aprehendido y exhibido».
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Padrés Elías envió una carta a la Comisión Anticorrupción del PAN, en la que informó que no le sería posible presentarse “físicamente a la audiencia en cita so pena de ser aprehendido y exhibido públicamente en beneficio de intereses políticos espurios”, motivo por el que solicitó se le tuviera presentado por escrito y por ofrecidas todas las pruebas, aportadas en su comparecencia del 26 de septiembre pasado.
La misiva fue leída a los asistentes a la audiencia por el presidente de dicha Comisión, Luis Felipe Bravo Mena, quien aseguró que seguirá con el procedimiento de mérito conforme lo dispone el Reglamento de la misma, hasta que se emita la determinación que en derecho procede.
Desde septiembre pasado, un juez concedió a la PGR una orden de aprehensión en contra del ex Gobernador sonorense acusado de defraudación fiscal y lavado de dinero, por 8.8 millones de dólares a través de una empresa fachada con sede en Holanda.
Sobre Guillermo Padrés también pesan las acusaciones de ejercicio abusivo de funciones y enriquecimiento ilícito, las cuales también están, presuntamente, involucradas con del origen del dinero.
El 14 de octubre, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para localizar y detener a Padrés Elías, “prófugo buscado para un proceso penal”.
Por todas estas acusaciones, el PAN suspendió provisionalmente, desde el 12 de octubre, los derechos partidistas del ex Gobernador “en tanto se llevan a cabo las investigaciones por las acusaciones de probables delitos” por parte del aún militante.
El Acción Nacional informó desde el 8 de septiembre que los primeros casos que investigaría su recién instalada Comisión Anticorrupción serían los Sonora y Monterrey, cuya ex Alcaldesa, Margarita Arellanes, es acusada de uso indebido de funciones y desvío de recursos públicos: “La comisión decidió darle prioridad a dos casos que nos parecen de importancia y relevancia sobre la que el partido debe de poner ya atención y abundar una investigación: son los casos de Sonora y Monterrey”, dijo entonces Bravo Mena.
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A Guillermo Padrés se le considera, junto con el Gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia, igual que los ex mandatarios de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, estos últimos buscados también por la justicia estadounidense.
En el caso del veracruzano, aunque la Secretaría de Gobernación ya reconoció su fuga, no se ha informado de manera oficial que se haya emitido una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como aseguraron hace unos días medios nacionales.
Javier Duarte, cuyo paradero es incierto desde hace 12 días, luego de que pidió licencia al Congreso de Veracruz para separarse de manera definitiva de su cargo y poder enfrentar, aseguró, las acusaciones en su contra, deberá presentarse mañana ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Revolucionario Institucional (PRI).
“Se fijan las 13:00 horas del día 25 de octubre de 2016, a efecto de llevar a cabo la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y formulación de alegatos”, informó este día la Comisión del tricolor en un oficio.
El pasado 26 de septiembre, el órgano interno del PRI acordó retirarle los derechos partidistas a Duarte de Ochoa y a otros seis militantes y funcionarios del estado de Veracruz.
