¿Qué hay más corrupto que una justicia pactada?; ¿qué puede ser más peligroso para la democracia que una justicia selectiva, mandada desde las cúpulas? El pacto de los partidos para procesar a gobernadores corruptos es en sí mismo un acto de corrupción. El mensaje es terrible: en un sistema político tan corrupto como el nuestro los delitos no se persiguen por  respeto a la ley sino por necesidad política.

Javier Duarte, uno de los emblemáticos gobernadores del nuevo PRI (Peña dixit) y Guillermo Padrés, el prototipo de empresario panista, esos que dicen que ellos no robarán porque ya son ricos (cuando en realidad son ricos porque han sido tanzas desde tiempo atrás) no son muy distintos de otros gobernadores, otros funcionarios o compañeros de partido. Lo que tienen en común, y que los distingue de sus colegas, es la desfachatez pero sobre todo la orfandad; los dos perdieron el padrinazgo político que los protegía.

Tampoco es casualidad que hayan huido; estaba en el libreto. Ambos, seguramente, se enteraron de su orden de detención antes que los encargados de detenerlos. No sé si alguno de los dos terminará cayendo en las “garras” de la justicia mexicana o si vivirán felizmente exiliados en alguna de sus propiedades en el extranjero, de los que estoy seguro es que cuatro o cinco de sus colaboradores más cercanos terminarán en la cárcel pagando por sus propios delitos y por los de sus jefes. Deberíamos de patentar ya el concepto de subsidiariedad penal.

La lucha contra la corrupción no puede venir del gobierno y los partidos porque son juez y parte. Ningún gobierno, de ningún partido ha salido bien librado. Si bien Peña y compañía han demostrado que también en la manera de robar hay niveles, los presidentes y gobernadores panistas han tenido escandalosos casos de corrupción, al igual que López Obrador u otros gobernadores del PRD. La corrupción, que no es como quisieran los políticos un asunto cultural y un comportamiento tolerado por la mayoría de los mexicanos, solo se podrá combatir cuando se haga desde fuera, desde la sociedad civil, y con un poder judicial independiente.

La tribuna, hambrienta, aplaudirá a rabiar la persecución y más aún la caída de cualquier gobernador o funcionario de alto nivel, pero después de ello la administración pública seguirá siendo tan corrupta como antes. Hoy son Duarte y Padrés y quizá mañana el otro Duarte, el de Chihuahua, y Borge, el de Quinta Roo. Y si el público pide más sangre la habrá, se encontrará a quién más perseguir para limpiar al presidente y a los partidos, pero ni van a regresar lo que se llevaron ni se va a terminar la corrupción.

La justicia pactada y selectiva no es un acto democrático, es un autoritarismo coral. No fortalece a las instituciones del país, las debilita. No es justicia, es venganza. ¿Eso es lo que queremos?

Diego Petersen Farah

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