Aun cuando ni el Poder Judicial ni la Procuraduría General de la República han confirmado que, efectivamente, existe una orden de aprehensión contra el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el hecho de la comisión de los ilícitos no asombra a los mexicanos, sí llama la atención que finalmente, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, investigue, procese y pida sanción para un corrupto anidado en su partido el PRI.

Según la periodista Denise Maerker, el delito en investigación y origen de la orden de aprehensión sería el desvío de recursos del Gobierno del Estado de Veracruz, por un monto de 500 millones de pesos, utilizando empresas fantasma para la adquisición de bienes.

Sin embargo los dineros que no han encontrado buen destino en la administración estatal de Veracruz se cuentan por miles de millones de pesos. A la ya deuda histórica de Javier Duarte con la Universidad Veracruzana que fue denunciada por la Rectora Sara Ladrón de Guevara, y que supera los dos mil millones de pesos, se suman otras que poco a poco y ya envalentonadas las víctimas, se atreven a señalar.

Por ejemplo, al Organismo Público Local Electoral, el Gobierno de Veracruz cuando aún estaba en las manos de Duarte de Ochoa, le debía 167 millones de pesos. A una veintena de empresas de créditos para trabajadores del Estado, de esos que los pagos se descuentan vía nómina y el Gobierno tiene la obligación de saldar, les debe mil 45 millones de pesos. Además, de acuerdo al Regidor Víctor Hugo Vázquez, del Ayuntamiento de Veracruz, el Gobierno del Estado le debe a ese municipio 150 millones de pesos.

Ya en totales, el Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz, calcula que la deuda pública del Gobierno de Javier Duarte y hasta diciembre de 2015, asciende a los 64 mil 886 millones de pesos, pero que si se suman 35 mil millones de pesos de gasto federalizado sin comprobar, aquello podría llegar a los 99 mil millones de pesos en deuda pública. Por su parte la diputada panista del Congreso de Veracruz, Ana Cristina Ledezma, ha declarado que entre deuda bancaria, adeudos a proveedores, daño patrimonial, y recursos pendientes por transferir entre otros, el Gobierno de Javier Duarte debe más de 180 mil millones de pesos.

Todo eso, por supuesto, acumulado en los cinco años y meses que se mantuvo en el cargo de Ejecutivo Estatal. Deudas que fueron incrementando año con año ante la pasividad de Cabildos, la permisibilidad del Congreso y la condescendencia del Gobierno Federal, tanto del panista encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y cuanto más del priísta que maneja Enrique Peña Nieto.

Duarte fue un monstruo de la corrupción que entre todos los poderes y los ciudadanos, lo dejaron crecer. Las denuncias de corrupción, de transas, de irregularidad y venganzas, se consideraron serias en los últimos dos años. A excepción de los periodistas que con el asesinato de cada uno de los 17 periodistas que fueron muertos durante la administración del priísta, hicieron manifestaciones y denuncias diversas, los poderes del Estado guardaron silencio hasta hoy.

Dejar que los Gobernadores actúen con abusos, excesos y una conducta delictiva, sin considerar serias las denuncias ciudadanas, periodísticas, de la oposición, convierte a los otros poderes, al Legislativo y al Judicial, en cómplices de la irregularidad ¿Cuántas ocasiones los diputados de Veracruz tuvieron la oportunidad de llamar al Gobernador a rendir cuentas en cinco años y no lo hicieron? ¿Por qué en el Poder Judicial no se le dio seguimiento a las denuncias de ciudadanos afectados?

Los escenarios catastróficos de corrupción e irregularidades administrativas en un gobierno se pueden evitar. Baste la supervisión de los otros poderes y la denuncia ciudadana. La prensa libre siendo voz de las víctimas, replicando las denuncias anónimas, ciudadanas y legales, sobre los excesos, abusos y arbitrariedades.

En Baja California, como en muchos otros estados seguramente, la situación no es muy distinta. Antes del primer semestre de este 2016 y en el Semanario ZETA, a denuncia de profesores que no tenían recursos suficientes para administrar sus escuelas en el nivel básico, investigamos y denunciamos cómo el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, panista, por cierto, llevaba cerca de nueve meses sin pagar a las escuelas el subsidio conocido como Beca Progreso, instaurado cuando se prohibió a las escuelas cobrar cuotas a los padres de familia. La educación sería verdaderamente gratuita con el apoyo adicional del Gobierno del Estado. Pero nada, la administración de Vega debía más de 340 millones de pesos a las escuelas bajacalifornianas. La semana siguiente a la publicación periodística, a través de un boletín informaron que destinarían 70 millones de pesos para ese efecto, acumulándose la deuda.

Hace un par de semanas, también a raíz de una denuncia ciudadana, los periodistas investigaron otro adeudo del Gobierno del Estado de Baja California: 476 millones de pesos que no ha pagado a la Universidad Autónoma de Baja California. Del caso, no ha aparecido boletín donde el Gobierno se comprometa a saldar o aminorar la suma.

Si sumamos esas dos deudas, tendríamos que la administración de Francisco «Kiko» (así le gusta que le digan) Vega le debe, solo a instituciones educativas, más de 800 millones de pesos. La administración panista recién cumplió los tres años de gobierno, y ya acumula deudas. Esto sin contar las que pudiera tener con otras instancias o proveedores que no han denunciado los casos.

Pero bueno, del adeudo de Beca Progreso, hubo tímidos reclamos de algunos sectores de la sociedad civil, y muy pocos y muy silenciosos del Poder Legislativo, mientras que de los 476 millones que debe a la Universidad Autónoma de Baja California, sí hubo un reclamo por parte del Rector, una denuncia por parte de la fracción priísta en el Congreso del Estado, y la inclusión del tema en la tribuna de la Cámara de Diputados en los siguientes días.

Los diputados de oposición solicitaron que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid compareciera ante el Congreso para conocer el porqué del adeudo con la Universidad, sin embargo los diputados panistas, mayoría en esta cámara local, votaron contra esa iniciativa; se convirtieron en cómplices del Gobernador al “ayudarle” para que no rinda cuentas donde las tiene que rendir, el Congreso del Estado.

La sociedad denuncia los casos de abusos del Gobernador de Baja California, las transacciones comerciales, los convenios y las concesiones, las deudas, pero el Congreso del Estado lo protege, y el Gobierno Federal aún no lo alcanza ni a dimensionar (a pesar que es panista), ni a ver, por lo tanto no lo investigan.

En México hay muchos Duartes en potencia. Gobernadores que alejados de la administración federal, amañados con el Poder Legislativo y complacientes con el Poder Judicial, actúan con total impunidad abriendo así el margen para que el problema crezca a los niveles de Javier Duarte de Ochoa.

Adela Navarro Bello

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