Con la renuncia de Javier Duarte, a 15 días de entregar el poder en Veracruz, se abre oficialmente la temporada de caza de gobernadores. A partir de ahora todos los gobernadores están bajo la lupa y todos son candidatos al bote, como lo es ya el veracruzano.

No voy a defender a los gobernadores, en su mayoría son impresentables, pero hay dos puntos que son fundamentales para entender lo que está pasando. El primero es que los gobernadores en México pasaron de «puro baboso», como le dijo un ex Secretario de Gobernación de las épocas del partidazo a un Gobernador que se le quiso poner al brinco, a reyes chiquitos, en el más fiel reflejo del personaje de Trino. El segundo punto es que se vuelve muy complicado que el Gobierno federal, y particularmente ésta administración, sea quien acuse a los gobernadores de corruptos. Nunca mejor aplicado aquel dicho del burro hablando de orejotas.

De las muchas cosas que podemos reprocharle a Fox (la principal es no haber terminado la transición, pero ese es otro tema) está el haberle dado a los gobernadores el fondo de excedentes petroleros sin haber puesto los candados necesarios y la vigilancia sobre el gasto. Los miles de millones de dólares que debieron haber consolidado la infraestructura y el combate a la pobreza en este país terminaron en gastos superfluos, engrosamientos de nóminas y burocracias y por supuesto, en los bolsillos de muchos gobernantes y sus cuates. Pasamos, sin transición alguna, de un esquema de gobernadores sumisos (en seis años, Salinas cambió por su voluntad a 16 de los 32 gobernadores del país) a gobernadores empoderados, adinerados y sin contrapesos reales en sus estados.

El segundo tema tiene que ver con la falta de legitimidad del Gobierno de Peña Nieto. El Presidente puede arrancar una gran cruzada contra la corrupción de los gobernadores, involucrar a los partidos en esta lucha (particularmente el PRI) hacer grandes y tronantes anuncios y eso no servirá de nada para quitar la estela de corrupción que deja la administración de Peña a cada paso. Una verdadera batalla contra la corrupción no puede partir ni del Ejecutivo no del Legislativo federal; simplemente no tiene la legitimidad para hacerlo. Con sus bemoles, la única que tendría hoy esa fuerza sería la Suprema Corte.

Detrás de Duarte vendrán más gobernadores. Ya se habla de Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, y el PAN podría poner su parte con la cabeza de Guillermo Padrés, el ex gobernador de Sonora. Pero una vez más la justicia que se busca es selectiva y por acuerdo político; una justicia corrupta de origen.

La temporada de gobernadores servirá, pues, para liberar la furia de los cazadores, pero no para ordenar el ecosistema político del país.

Diego Petersen Farah

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