Suspender los derechos partidistas sólo a César Duarte de Ochoa manda un mensaje anticorrupción incompleto por parte del PRI, pues faltan las sanciones para los ahora ex gobernadores César Duarte Jáquez, Roberto Borge Angulo y Rodrigo Medina de la Cruz, quienes están incluidos en la demanda interna de expulsión por supuestos actos de corrupción, interpuesta por el también priista Armando Barajas Ruiz. El integrante de la corriente Solidaridad afirma que esperará el plazo –no más de 15 días– para conocer si la Comisión de Justicia del tricolor procederá contra esos mandatarios. De lo contrario, dice, irá al Tribunal Electoral de la Federación para inconformarse contra ese órgano interno del Partido Revolucionario Institucional.
Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).– Aún dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la suspensión de derechos como militante al todavía Gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa está considerada como un mensaje anticorrupción incompleto.
De acuerdo con Armando Barajas Ruiz, integrante de la corriente Solidaridad y quien puso la denuncia contra el mandatario, todavía falta que el Partido Revolucionario Institucional aplique el mismo procedimiento en contra de los ex gobernadores César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León, también incluidos en la demanda interna de expulsión por probables actos de corrupción.
En entrevista, Barajas Ruiz informó estar a la espera de que la Comisión de Nacional de Justicia Partidaria del tricolor proceda en contra de los otros tres mandatarios en los próximos 15 días; periodo en el que también, previó, debe desahogarse la audiencia de defensa del veracruzano.
Y si para entonces el partido no ha actuado contra Duarte Jáquez, Medina y Borge, informó Barajas, acudirá a la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación para inconformarse contra la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor, encabezada por Fernando Elías Calles.
“Estoy esperando que actúe la Comisión Nacional de Justicia Partidaria en los mismos términos que en los que se actuó en el caso de Veracruz, porque los asuntos son similares: denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Servicio de Administración Tributaria”, dijo Barajas.
“Entonces, estoy esperando los tiempos, entre una o dos semanas a lo máximo, para, en caso de que no vea actividad procesal en estos tres asuntos, acudir ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de quejarme e iniciar un juicio contra la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, por la negativa a darle celeridad a estos procedimientos”, agregó.
LOS PERJUICIOS DE LOS DUARTE Y BORGE
Desde julio pasado, y luego de que el PRI perdiera siete de los 12 estados en disputa en las elecciones del 5 de junio, la corriente priísta interna denominada Solidaridad interpuso ante la citada Comisión partidaria dos demandas –una contra Duarte Jáquez, Duarte de Ochoa y Borge, y una más contra Medina– para que fueran expulsados del tricolor.
El argumento, de acuerdo con los documentos, es que las presuntas irregularidades cometidas por los mandatarios estatales “constituyen un hecho público y notorio y que influyeron negativamente en las elecciones constitucionales locales en perjuicio de nuestro instituto político”.
Tan sólo Duarte de Ochoa, Duarte Jáquez y Borge Angulo, argumenta la denuncia hecha el 20 de julio, acumulan en su contra al menos 78 procedimientos legales por probables irregularidades durante sus gobiernos; los tres iniciados en 2010.
A la fecha, sin embargo, el procedimiento ha avanzado únicamente en contra de Duarte de Ochoa, cuyos derechos como militante del tricolor fueron suspendidos el pasado 26 de septiembre.
En su contra, de acuerdo con la denuncia de Solidaridad, pesan dos denuncias de la Universidad Veracruzana (UV), que lo acusa de no pagar subsidios por más de 2 mil millones de pesos; 32 procedimientos del SAT ante la Procuraduría General de la República (PGR) por contratos con “empresas fantasma”, así como 26 denuncias generadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “relacionadas con el desvío de recursos públicos provenientes de partidas federales”.
El mismo documento menciona que Duarte Jáquez tiene 17 procedimientos legales en su contra por probables irregularidades encontradas también por la ASF, mientras que Roberto Borge Angulo, Gobernador de Quintana Roo, enfrenta una denuncia penal ante la PGR desde 2014, así como una solicitud del Congreso de la Unión para que se investigue el destino de más de 16 mil millones de pesos.
Rodrigo Medina, ex Gobernador de Nuevo León hasta 2015, recibió en agosto pasado una vinculación a proceso [antes llamado “auto de formal prisión”] por ejercicio indebido de sus funciones.
Los procedimientos de suspensión de derechos como militantes priistas y la eventual expulsión de los mencionados está considerada por una parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI como una medida “preventiva” para evitar que las denuncias de corrupción que los rodean causen más derrotas electorales, sobre todo ante los comicios de 2018.
Este medio solicitó al PRI información sobre los procedimientos con los tres ex mandatarios mencionados. Al cierre de esta información, sin embargo, la petición no había sido respondida.
EL PRI Y LA SIMULACIÓN
La supuesta persecución del Partido Revolucionario Institucional contra Javier Duarte de Ochoa, Gobernador de Veracruz, y unos cuantos colaboradores de su administración, es una jugada del viejo priismo que busca acallar “el mal humor social” , con un “chivo expiatorio” para simular un combate a la corrupción, dijeron ayer expertos en entrevista con SinEmbargo.
Si el PRI realmente estuviera dispuesto a combatir la corrupción, dijo José Antonio Crespo Mendoza, tendría que ir contra los hermanos Moreira [Humberto y Rubén], contra los ex gobernadores César Duarte, Rodrigo Medina, Roberto Borge e incluso contra el Senador Emilio Gamboa Patrón –quien recientemente protagonizó un escándalo por el aterrizaje del helicóptero en el viajaba, propiedad de un empresario, en un sistema de arrecifes considerado Área Natural Protegida, en la Isla Alacranes en Yucatán–, sólo por mencionar algunos.
Si eso sucediera, si el PRI fuera contra todos sus militantes corruptos, agregó el politólogo, se quedaría sin partido, perderían hasta el registro, dijo el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Con Crespo Mendoza coincidió Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, quien afirma que el PRI usa a Duarte de Ochoa, un político ya de desecho, para calmar lo que el Presidente Enrique Peña Nieto llama “el mal humor social”. Pero si realmente se tratara de combatir la corrupción, el tráfico de influencias, el uso ilegal de los recursos públicos y el enriquecimiento ilícito de sus políticos, “se quedaría sin cuadros dentro del partido”.
También Salvador Mora Velázquez, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que aunque el PRI trate de limpiar su imagen, los escándalos en torno a sus principales exponentes continúan evidenciando situaciones viejas e irregulares que no ha podido desterrar.
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