México está muy lejos de ser un ejemplo en el respeto a los derechos humanos en Latinoamérica y el caso Ayotzinapa muestra que el Gobierno federal y las instituciones de justicia carecen de la voluntad política para, con las leyes, dar las respuestas a las familias de los normalistas asesinados y desaparecidos hace dos años, considera Maureen Meyer, directora del programa sobre México de WOLA. Además, afirma, en la actuación de autoridades como Tomás Zerón de Lucio, constructor de la «verdad histórica» junto con el ahora ex Procurador Jesús Murillo Karam, y cuya versión ya fue desacreditada por el GIEI, hay suficientes pruebas de obstrucción de la justicia para ser sancionados, pero en vez de eso el Gobierno federal lo premia con un puesto y salario de mayor rango.
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Maureen Meyer, directora del programa sobre México en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, sus siglas en inglés), lo advirtió desde el año pasado: en la víspera de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal para todo el país, el tamaño del reto que tiene México en esta materia puede medirse a partir de la indagatoria que la Procuraduría General de la República hizo por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, basada en confesiones, tortura y periciales cuestionadas que formaron la “verdad histórica”.
A casi dos años de este crimen, esta versión oficial que afirma que los 43 normalistas fueron asesinados en un basurero de Cocula y esparcidos en el río San Juan ha sido desacreditada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Pero uno de sus autores principales de esta hipótesis, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, acaba de ser nombrado secretario técnico del Consejo Seguridad y ascendido a nivel de Subsecretario de Estado.
“Da el mensaje de que gente irresponsable o señalada de ser responsable de obstrucción de la justicia, en el caso, y en particular de alteración de evidencia, no van a ser investigados y, en vez de investigarlos y sancionarlos, los están premiando con otro puesto dentro del Gobierno mexicano”, dijo Meyer, quien también integra el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia con sede en México.
“También muestra que el Gobierno tiene muy poco interés en ir más allá de esa teoría [la “verdad histórica”] y de investigar tanto la obstrucción de la justicia o el actuar de las autoridades que crearon esa versión histórica y, más preocupante aún, en buscar la verdad sobre qué es lo que pasó con los estudiantes”, agrega.
Desde WOLA, Meyer trabaja con las organizaciones mexicanas de derechos humanos que acompañan la demanda de justicia de las víctimas de los 43 estudiantes normalistas. Y, como parte del monitoreo de la asistencia de Estados Unidos a México dentro de la Iniciativa Mérida, ha revisado también los avances de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, promovido desde la capital norteamericana.
Entrevistada con motivo del segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas y una vez que el nuevo sistema ha entrado en vigor en todo el país, Meyer considera que como “preocupante” el futuro de este nuevo procedimiento debido, dice, a que las prácticas que generan las confesiones, como la tortura, no se van a erradicar sólo con “cambios en el papel” y menos, agrega, si a los responsables no se les investiga.
“Es un problema mayor en México que no se va a quitar solamente con cambios en el papel, y creo que el pendiente en el tema de la tortura en particular es investigar a los responsables”, dijo la experta.
“Hay muchos casos de personas liberadas que fueron torturadas y [la confesión] era la única evidencia en su contra, pero no hay muchos casos de oficiales sancionados por practicar la tortura. Y si México no empieza a investigar y sancionar a los responsables, la tortura va a seguir como un práctica continua en el país”, agregó.
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–Tomás Zerón de Lucio acaba de ser ascendido a una subsecretaría de Estado. ¿Qué mensaje envía el Estado mexicano con este nombramiento?
–Muy preocupante, porque da el mensaje de que gente irresponsable o señalada de ser responsable de obstrucción de la justicia, en el caso, y en particular de alteración de evidencia, no van a ser investigados y, en vez de investigarlos y sancionarlos, los están premiando con otro puesto dentro del Gobierno mexicano. Creo que también Zerón, como uno de los que está detrás de la “verdad histórica” presentada por el Gobierno mexicano, también muestra que el Gobierno tiene muy poco interés en ir más allá de esa teoría y de investigar tanto la obstrucción de la justicia o el actuar de las autoridades que crearon esa versión histórica y, más preocupante aún, en buscar la verdad sobre qué es lo que pasó con los estudiantes.
–El vocero de los familiares, Felipe de la Cruz, menciona que ellos consideran que Zerón puede saber dónde están los demás estudiantes, de alguna manera, porque él habría sacado los restos de Alexander Mora. ¿Qué percepción tienes alrededor de esto?
–Creo que es precisamente por esto la importancia de investigar su papel en el Río San Juan y por posible obstrucción de la justicia, porque ahí es donde se descubrió el único resto que se pudo identificar de los estudiantes. Entonces, investigar cómo actuó Tomás Zerón en ese momento y qué más sabe del caso. Y devuelve también la importancia de que la PGR retome en serio la investigación y haga todo lo posible para encontrar a los estudiantes, pero también para sancionar a los responsables tanto por su desaparición como a los funcionarios que han bloqueado la investigación, incluyendo el tema de la tortura de los detenidos que se presentan como quienes más respaldan la versión histórica del Gobierno mexicano.
–Esta posición dada a Zerón de Lucio, este “premio”, como lo han llamado los padres de los 43 y sus abogados, ¿es un probable aliciente para el delito?
–Yo creo que es un mensaje de que «te vamos a proteger» y que de vamos, como Gobierno, a proteger a las personas que apoyaron al Gobierno mexicano en su mentira a la población mexicana en cuanto a lo que pasó con los estudiantes, y en que no se va a sancionar. Es decir, da una muestra de respaldo de su trabajo dentro de la Procuraduría General de la República y un mensaje de que tanto él y probablemente otros funcionarios no van a ser investigados por su actuar en el caso.
–Ante la entrada en vigor de la Reforma Penal, parece que, de nuevo, hay avances en el papel pero no en los hechos. ¿Qué tan común son estos vicios de investigación en los sistemas judiciales mexicanos?
–Creo que un reto principal de México en lo general, conforme van avanzando en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, es justamente cómo asegurar que sus fiscales, peritos, mientras están por un lado recabando evidencia científica, no volver a lo que ha sido la historia de la justicia mexicana: depender de una confesión –muchas veces obtenida bajo tortura– para respaldar los casos.
–¿Qué tanto se ha avanzado en combatir estas prácticas desde que empezó el sistema hace casi 10 años, en Chihuahua?
–El nuevo sistema en principio debe tener salvaguardas para que no se permitan confesiones obtenidas bajo tortura en los juicios. Obviamente hay muchos retos. Recientemente entró una tesis de la Suprema Corte en agosto pasado, que casi daba para no tener que investigar los casos de tortura si la tortura no fue sólo para obtener la confesión. Entonces es preocupante; por ejemplo, en Chihuahua, aun en estados donde se ha hecho la transformación del sistema de justicia, teníamos casos como el de Israel Arzate [acusado por la masacre de Villas de Salvárcar] que fue torturado y presentado ante una juez diciendo «fue torturado» y ella tampoco quería admitir eso como parte del caso. Entonces, creo que lo que muestra este caso, como otro gran número de casos, es que es un problema mayor en México que no se va a quitar solamente con cambios en el papel. Yo creo que el pendiente en el tema de la tortura en particular es investigar a los responsables. Hay muchos casos de personas liberadas que fueron torturadas y [la confesión] era la única evidencia en su contra, pero no hay muchos casos de oficiales sancionados por practicar la tortura. Yo creo que si México no empieza a investigar y sancionar a los responsables, la tortura va a seguir siendo una práctica continua en el país.
–¿Cómo se ve México desde Washington, en un comparativo con respecto a América Latina?
–Como un país que está enfrentando muchos retos, pero que es reticente a nivel del Gobierno federal a aceptar la magnitud de la crisis que tiene, y con un Gobierno que trata de maquillar todo mejorando su imagen sin ver ni atender los problemas de raíz. En el tema de derechos humanos, y en el caso de Ayotzinapa en particular, creo que se ve que sigue siendo un caso resaltado en la cobertura mediática internacional, un caso de preocupación de parte del gobierno de Estados Unidos, emblemático para mostrar no solamente la trágica de desaparición de 43 estudiantes, sino cómo refleja también muchos miles más de casos de desaparecidos en México que no tienen avances, que no tienen respuesta del Gobierno y que también reflejan las debilidades del sistema penal.
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–¿Hay otros países en el continente con este nivel de atrocidades en este momento?
–Por el caso Ayotzinapa, el de Tlatlaya, el de Tanhuato, aparte de los casi 28 mil desaparecidos desde 2007, por el tema de la tortura, México a nivel regional es un país con grandes desafíos en materia de derechos humanos. En el tema de desaparecidos, creo que es el país que tiene más registros de ese crimen a nivel actual. Se podría mirar a Centroamérica, y tienen graves violaciones a derechos humanos perpetradas en sus conflictos internos, pero es otra como categoría de delito el que está viviendo México. Yo creo que este país está lejos de ser un campeón o modelo de respeto a los derechos humanos en la región. Y creo que es importante resaltar que, a nivel regional, México contrasta con otros países que sí están viviendo otros avances. Está Guatemala, por ejemplo, que está teniendo su comisión internacional contra la impunidad y que ha podido encarcelar y someter a juicio al ex Presidente Otto Pérez Molina, y otros países que están viendo avances y sanciones por delitos y graves violaciones cometidas en el pasado.
–¿Qué consideras que debe hacer México para resolver el caso Ayotzinapa en particular y para abatir estos índices de impunidad en general?
–En el caso de Ayotzinapa es importante que la expectativa sea que sí se puede resolver, que sí se puede seguir indagando en las líneas de investigación propuestas por el GIEI tanto en el tema de dónde seguir con la búsqueda y también viendo las posibles hipótesis que habían presentado sobre los motivos de los ataques y así mostrar que México tiene un compromiso con los derechos humanos, que hará lo posible para resolver el caso. Pero, fuera de Ayotzinapa, creo que se tiene que mostrar que el compromiso con los derechos humanos no es sólo aprobar leyes o crear fiscalías o nuevas oficinas, que si bien es importante que México tenga mejor marco legal y por eso están las discusiones en la Ley General de la Tortura y la de Desapariciones, tener buenas leyes en papel no significa que automáticamente se va a reflejar en la situación del país. Creo que México tendría que empezar a hacer mayores esfuerzos para combatir la impunidad, sancionar e investigar a sus propios funcionarios responsables de violaciones a derechos humanos. Los números actuales son pésimamente bajos como para mostrar que hay avances, son 13 casos de sentencias por desaparecidos contra funcionarios en la historia, o por lo menos desde que México informa, y 15 casos por tortura desde 99. Compara con la magnitud de la situación del país y son números insignificantes. Entonces, creo que México tendría que mostrar que sí tiene la voluntad política para sancionar a los suyos, obviamente de la mano con seguir implementando y trabajando para mejorar la capacidad del sistema penal, en cuanto a la capacidad de investigar delitos y la capacidad de los funcionarios de actuar conforme a su deber.
–¿Cuál es tu expectativa, cuánto crees que le falte a México para esto?
–Creo que México lo que tiene avanzando a su favor es que sí hay mucho más esfuerzo por parte de la sociedad civil de tocar el tema de la impunidad, de expresar preocupaciones por la corrupción; hay definitivamente una gran cantidad de iniciativas para impedirla, como la ley anticorrupción, de manifestarse más contra el nivel de impunidad que existe en el país. Creo que incluso los resultados electorales de las gubernaturas [de junio pasado] muestran también un reciente coraje de la población mexicana contra la corrupción. Creo que sí hay un creciente sentimiento de que México necesita un cambio. Lo que falta ver es cómo los partidos y el Gobierno mismo toman y reflejan esta frustración en cambios en su actuar y en políticas, iniciativas o en aceptar otras formas de asistencia técnica internacional, como se vio con el GIEI.
–¿Serán suficientes estos castigos, la presión, para generar voluntad política y resolver los casos?
–Hay que ver. Creo que es difícil saber en realidad, pero creo que sí se ve que se ha podido avanzar en marcos legales, en el Sistema Nacional Anticorrupción, o en estas leyes generales en el Congreso, que reflejan también ese impulso o presión de la sociedad para hacer cambios en el Gobierno, como la Ley “3 de 3”, las iniciativas ciudadanas para buscar mayor transparencia. Hay que ir viendo cómo puede la sociedad, con el apoyo de la comunidad internacional, avanzar en esas iniciativas y generar suficiente presión para que el Gobierno sienta que sí se tiene que escuchar.
–¿Qué tan necesaria es la voluntad política para abatir la impunidad?
–Es esencial. Lo que muestra el trabajo del GIEI es que puedes tener expertos tanto derecho penal o derechos humanos mostrando cómo hacer una investigación criminal de ese nivel, cómo descartar hipótesis y presentar otras posibles; creo que lo que también mostró el GIEI es que, al final de cuentas, el Gobierno los corrió del país, no pudieron seguir con su trabajo por los obstáculos que puso enfrente el Gobierno mexicano, como para poder entrevistar a los militares, hacer entrevistas, había muchos obstáculos, además de una campaña en su contra que muestra que se puede aceptar asistencia técnica pero, si no hay voluntad política, solamente puede alcanzar ciertos logros. Se sabe lo que no pasó con los estudiantes, se sabe que no fueron quemados en el basurero y que hay posibles búsquedas para seguir investigando el caso. Pero el tema es la voluntad: si el Gobierno mexicano quiere mostrar su compromiso para combatir la impunidad, tendría que empezar con este caso y sí mostrar que tiene interés en investigar y dar con el paradero de los estudiantes.
–Pero Zerón acaba de ser ascendido…
–Entonces lo que muestra es que ahorita no se ve que exista tal voluntad. Esperamos que nos compruebe lo contrario el Gobierno de México.
