A partir de ahora está encargado del combate a la pobreza. Pero él mismo, si se le ve en el espejo de su declaración patrimonial –el máximo documento de la Transparencia de los servidores públicos– es un funcionario «pobre». En los 45 meses que ocupó la Subsecretaría de Gobierno de la Segob percibió ocho millones 981 mil 616 pesos con 15 centavos, pero el funcionario no presenta casas, automóviles, ni ahorros en cuentas bancarias. Su declaración se reduce a su currículum escolar y laboral. Aparece en primer término la Licenciatura en Derecho cuya cédula obtuvo en 2011.
Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).– En sentido figurado, Luis Enrique Miranda Nava, nuevo encargado de combatir la pobreza en México, es un funcionario «pobre». Su declaración patrimonial –el máximo documento del patrimonio de un servidor público – no presenta casas, ni automóviles, ningún ahorro en cuentas bancarias ni ninguna otra inversión. Se reduce al currículum profesional y académico que incluye la Licenciatura en Derecho por la Universidad Isidro Fabela, cuya cédula profesional obtuvo en 2011.
Luis Enrique Miranda Nava no mencionó posibles conflictos de interés, en la primera, segunda y tercera declaración, presentadas entre 2013 y 2015. Luego, el 27 de mayo de 2015, el funcionario publicó un nuevo documento en el que dijo que no los tenía. Un año después, el 29 de mayo, volvió a presentar la declaración y suscribió que no quería hacer público este renglón.
Este medio digital pudo comprobar en el Colegio de Notarios del Estado de México que su padre, Luis Miranda Cardozo ocupa la Notaría Pública 166 en esa entidad, la cual fue creada en 2011, el último año de Enrique Peña Nieto en el Gobierno del Estado, según consta en la Gaceta de Gobierno de esa entidad. Se trata de un dato que Miranda Nava pudo decir o no ante la Secretaría de la Función Pública como «posible conflicto de interés». Pero el formato de la declaración patrimonial en México, regida por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no es tan estricto para exigir la actividad profesional y empresarial de los parientes en línea ascendente, y buena parte de la información depende de la voluntad del servidor público.
En 2015, organizaciones civiles y no gubernamentales presentaron en el Congreso de la Unión la iniciativa 3de3 que implicaba una declaración patrimonial exhaustiva de intereses; es decir, los nombres de parientes, amigos o familiares con los que no se pudiera, en el futuro, entablar relaciones contractuales. Pero el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en plena vorágine por el escándalo «casa blanca», respondió con la puesta en marcha de “ocho acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar posibles conflictos de interés”.
Así, de acuerdo con tales acciones, el renglón para “posibles conflictos de interés” en el formato de la declaración patrimonial quedó a expensas de la voluntad del funcionario público.
Según la recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre lineamientos para manejar los conflictos de interés en el servicio público, el conflicto de interés implica una discrepancia entre el deber público y el interés privado de un servidor público, cuando su interés personal puede influir de manera negativa en el ejercicio del servicio público y las responsabilidades que le son inherentes.
Eduardo Bohorquez, Director de la organización Transparencia Mexicana -una de las impulsoras 3de3- piensa que la aportación del dato omitido por Miranda Nava habría contribuido con el ejercicio de la declaración patrimonial de una manera ejemplar, dado que el formato no lo exige.
De diciembre de 2012 cuando fue nombrado Subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación hasta el día de su remoción el pasado 7 de septiembre, Miranda Nava ganó un sueldo bruto de 199 mil 591.47 pesos al mes; es decir, en los 45 meses que ocupó ese cargo percibió ocho millones 981 mil 616 pesos con 15 centavos.
Pese a la percepción, Miranda Nava presentó el 27 de mayo de 2016 una declaración ante la Secretaría de la Función Pública en la que publicó sólo su currículum escolar y laboral. Al final, suscribió la frase: “El servidor público no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.
LOS PADRONES SOCIALES, A CARGO DE MIRANDA NAVA
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En su nuevo despacho en la Sedesol, Luis Miranda Nava tendrá un monto de percepciones brutas de 205 mil 122 pesos al mes. Se trata de una cartera con 209 puestos vacantes de un total de mil 56 que muestra el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT). Por ejemplo, no hay funcionario en la Dirección General Adjunta de Seguimiento de Programas en la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Participación Social.
Además, en la Sedesol hay un padrón de 25 millones 637 mil 99 beneficiarios del programa Prospera, según los datos abiertos de la misma dependencia publicados por la obligación que marcó el addendum al Pacto por México de mayo de 2013.
El 22 de abril de ese año, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció su salida del Pacto por México, el convenio político con las fuerzas opositoras a través del cual, el Jefe del Ejecutivo impulsó las reformas estructurales en los ámbitos de Telecomunicaciones, Educativo, Financiero y Energético. La razón de Acción Nacional fue la presunta compra de votos en Veracruz a través del programa Oportunidades, hoy llamado Prospera. En ese momento, el partido pidió la destitución de Rosario Robles de la Sedesol para que fuera investigada y demandó pesquisas en contra de Javier Duarte, Gobernador de Veracruz.
En los días siguientes, el Presidente Enrique Peña Nieto estuvo en un acto público con el Gobernador de Veracruz y en otro, le pidió a Rosario Robles no preocuparse por las críticas. “No te preocupes, Rosario”, le dijo.
El PAN presentó denuncias penales por delitos electorales en contra de 57 funcionarios. Poco a poco, la petición de la renuncia de Rosario Robles se diluyó hasta que dejó de ser condición para reanimar al Pacto por México.
Después del episodio del uso de programas sociales, en mayo de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto y los dirigentes de los tres principales partidos políticos signaron un addendum al Pacto por México que tuvo un punto esencial: el compromiso del Gobierno federal de blindar los programas sociales regidos por la Sedesol en los procesos electorales.
En 2015, José Antonio Meade Kuribeña fue nombrado como Secretario en sustitución de Robles Berlanga quien fue removida hacia la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
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