“México, bajo ninguna circunstancia, va a pagar por el muro que propone el señor Trump”, dijo el hombre, con una certeza que se reforzaba con sus manos quietas, con los ojos fijos que clavaba en su interlocutor, con su rostro impasible.

Sus motivos, con los cuales seguramente muchos de los lectores de esta columna estarán de acuerdo, eran básicamente los siguientes (los transcribo literalmente):

1. Es una idea francamente mala, es una idea absurda.
2. Es una idea que se basa en la ignorancia, que no tiene sustento en la realidad de la integración de América del Norte.
3. Es algo que por supuesto no tendría ningún beneficio para México.
4. Tenemos enormes necesidades y usos mucho más importantes que darle al presupuesto público.
5. En ningún escenario utilizará el gobierno mexicano recursos públicos, que tienen como origen el pago de impuestos de los mexicanos, para pagar por semejante cosa.
6. El dinero público de los mexicanos es para beneficiar a los mexicanos.

No he leído en los días posteriores a la catastrófica visita de Donald Trump a México una respuesta más contundente al discurso migratorio del candidato republicano en Arizona, como estos argumentos que declaró medio año atrás, en marzo, el secretario de Hacienda mexicano Luis Videgaray, durante una entrevista con el director general editorial de Milenio, Carlos Marín.

El huracán de desacreditaciones durante la entrevista expresadas por Marín, quien llamó a Trump un pobre millonario imbécil, proto-fascista, tonto, ante el silencio de Videgaray, aún puede verse en la página en Internet del medio. Los seis minutos que dedicaron entrevistado y entrevistador al tema, fueron recuperados por la prensa estadounidense como la primera respuesta firme y directa del gobierno de Peña Nieto ante las declaraciones, que no admiten malentendidos, incluidas por Trump en su oratoria recurrente de campaña desde los primeros días en que aventuró a definir públicamente qué significa para él “hacer a América grandiosa nuevamente”.

Sobra explicar la paradoja que significan las palabras de Videgaray en este momento.

Lo que no sobra es añadir otros argumentos que explican desde Estados Unidos por qué el proyecto de un muro fronterizo ha sido históricamente una pésima idea financiera, que ha beneficiado a una élite empresarial y qué empresa israelí, según el estado actual del tema en territorio estadounidense, sonreiría con justificado buen humor por la concreción del plan, sin importar de qué lado de la frontera viniese el dinero.

El año pasado, en Univision Investiga trabajamos durante tres meses en un proyecto periodístico que buscó contar la historia de la crisis migratoria en el país del norte desde un ángulo económico. Más allá de la crónica sobre el doloroso quiebre de las familias, la frustración de los deportados, el dilema de muchos repatriados al volver a un país del que no conocen siquiera el idioma, que durante años han construido con un gran sentido social y humanístico muchos colegas en ambos lados de la frontera, esta vez el objetivo fue indagar quiénes se benefician con los negocios resultantes de estas circunstancias dramáticas.

La investigación incluyó un minucioso cálculo sobre los dividendos para empresas privadas en todo el sistema de control migratorio, desde los centros de detención, los abogados hasta la protección física en la frontera, obtenido por distintas vías de acceso a la información, y puede consultarse aquí (http://huelladigital.univisionnoticias.com/deportation-inc/).

En esta contabilidad de un grupo de empresas que calificamos como “la industria del miedo”, descubrimos que dos compañías privadas principalmente cobraban 193 dólares (3,580 pesos al tipo de cambio actual) en promedio por cada noche que un detenido pasa en un centro de detención en Estados Unidos, previo a un proceso de deportación.

Varios de quienes relataron sus casos pasaban meses en estos centros, en los que les ofrecían trabajar durante jornadas enteras en la cocina, en la limpieza, de los propios centros, por pagos de un dólar al día, es decir, cinco veces menos de lo que hoy gana en México un empleado en un hotel.

Wilberth Góngora, a quien entrevisté en una humilde casa de paredes verdes a unas cuadras del Bordo Poniente en la Ciudad de México, fue trasladado en aviones privados por varias entidades de Estados Unidos, antes de ser enviado al aeropuerto capitalino. Los contratos de estos vuelos, que ascendían en febrero pasado a más de 770 millones de dólares en los últimos ocho años, iban a una sola compañía: CSI Aviation Services, propiedad de Allen Weh, un excoronel de la Marina que fue candidato al Senado en 2014 por Nuevo México del partido republicano, el mismo que ahora postula a Trump a la presidencia.

Los informes oficiales, de organizaciones no gubernamentales, activistas y académicos en ambos lados de la frontera coinciden en un mismo diagnóstico pesimista sobre los resultados financieros del proyecto de control migratorio en su diseño actual, que tiene como ancla política, por ser la más explícita y visible, el muro fronterizo.

El mejor ejemplo de este desastre no surgió con Trump sino hace una década, durante la administración de George W. Bush. Estuvo fincada en Arizona, el escenario desde donde Trump reviró en su discurso migratorio a Peña Nieto una amenaza que no se atrevió a decirle en Los Pinos, ni el Presidente mexicano a exigírselo: los mexicanos pagarían por el muro.

De las 652 millas que ya existen de muro entre México y Estados Unidos, construido con distintos materiales y con cargo de diferentes administraciones, la peor inversión ha estado allí, en Arizona, donde un proyecto adjudicado a la compañía Boeing fue cancelado en 2011, luego de una inversión de 1,100 millones de dólares para proteger, sin éxito, apenas 53 millas de frontera.

Tres años más tarde Elbit Systems, una empresa israelí que pone como su carta de presentación haber construido el muro fronterizo en Cisjordania, logró revivir el proyecto en Arizona, el mismo sitio donde había fracasado antes. Elbit Systems es bien conocida por los políticos en México. Entre 2008 y 2015, según diversas fuentes periodísticas, ha vendido drones por al menos 744 millones de pesos a la Policía Federal y 25 millones de dólares al Ejército.

En los últimos tres años, entre 2014 y 2016, Elbit ha ganado contratos por 149 millones de dólares con las agencias que vigilan la seguridad fronteriza en Estados Unidos, mayormente mediante sistemas electrónicos de detección de túneles, torres, cámaras de seguridad e infrarrojas. En agosto de este año ganó allí el premio al Programa de Seguridad Fronteriza más Notable, otorgado por el portal Government Security News, por el proyecto en Arizona, que ha recibido fuertes críticas del sistema público de auditorías.

Otras compañías de seguridad israelí, como Magal Security Systems, se han manifestado dispuestos a ayudar a Trump con su proyecto fronterizo, en entrevistas con Bloomberg y The Intercept. Ni siquiera ellos, sin embargo, creen que tiene sentido en amplias zonas de la frontera más transitada del mundo construir físicamente una barrera multimillonaria.

Ante un político empecinado en una idea claramente más de arenga que basada en un proyecto serio, estos millones sacarán más de una sonrisa en las oficinas de cristales de los posibles candidatos a operar esta surreal empresa, sin importar, como apuntó Videgaray, de los impuestos de quiénes de nosotros vendrá el dinero.

Peniley Ramírez Fernández

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Peniley Ramírez Fernández es periodista. Trabaja como corresponsal en México de Univisión Investiga.

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