El maquillaje en las cifras de delitos de alto impacto en lo que va del Gobierno de Enrique Peña Nieto se encuentra a la orden del día. Organizaciones civiles que se dedican a sistematizar la información delictiva manifestaron su preocupación por la falta de transparencia de los datos, también necesarios para las estrategias de seguridad. Recuentos independientes han prendido las alarmas. El Semanario Zeta recién exhibió que 78 mil mexicanos fueron asesinados entre el 1 de diciembre del 2012 y el 31 de julio del 2016. ¿Qué manejo hace el Gobierno de la violencia?
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Organizaciones civiles aseguran que no hay mecanismos para verificar las cifras de delitos del fuero común (robo, homicidio, delitos sexuales, entre otros) presentadas mes con mes por los gobiernos federal y de los estados. Lo que supone una complicación más para hacer descender los delitos de alto impacto como el homicidio, la extorsión y el secuestro, pues sin cifras reales es difícil dimensionar el problema y establecer las estrategias adecuadas para enfrenar el reto.
“Hemos visto que las procuradurías de todos los estados entregan sus datos, pero hay un enorme espacio para el maquillaje y la improvisación. Desafortunadamente, no hemos puesto mecanismos de auditoría”, consideró Layda Negrete, investigadora del centro de análisis México Evalúa.
Esta falta de confiabilidad no deriva del tiempo que tarda una procuraduría en entregar información, sino de que la entrega incompleta, explicó a SinEmbargo.
El único rubro delictivo que muestra un aumento constante desde el inicio del gobierno calderonista hasta hoy, es el que está etiquetado como “Otros delitos”. Las organizaciones creen que la existencia de esa categoría permitiría, en cierta medida, manipular los datos.
En ese rubro se incluyen todos los crímenes que no pudieron ser catalogados (a diferencia de los robos, los homicidios, etc.), en la estadística de averiguaciones previas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
La categoría “Otros delitos” registró 317 mil 640 averiguaciones previas entre enero y julio de este año. Esa cifra supera a la registrada durante los primeros siete meses de cada caño desde el 2007. El número más alto del gobierno de Calderón, registrado en el 2012, fue de 281 mil 696, averiguaciones, 35 mil 944 menos que las observadas en los primeros siete meses de este año.
Vidal Romero León, Jefe del Departamento Académico de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), advirtió que el problema se halla en una primera instancia en la clasificación de los delitos por parte de los Ministerios Públicos locales y estatales.
Y después, abona a la opacidad la corrupción de las Unidades de Estadística de las procuradurías estatales. El especialista aseveró: “Ahí es donde los Gobernadores tienen mucha injerencia. No parece difícil que la hagan (la estadística) a modo”.
El Semáforo Delictivo, una organización civil que lleva el registro de los crímenes en el país, refiere que el delito menos reportado en México es la violencia intrafamiliar. Y su continuo seguimiento de los registros les ha llevado a sospechar que hay que se recortan las cifras en los reportes de algunos estados.
“No todos los estados están reportando con fidelidad. Este año el caso más claro de maquillaje en datos sería Quintana Roo”, expuso el director del Semáforo Santiago Roel.
Esto debido a la inconsistencia en las cifras entre un mes y otro. Pasada la contienda electoral se dispararon las cifras. La explicación del director es que se trató de un maquillaje de las cifras con fines político electorales.
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
La constante de violencia en delitos de alto impacto ha derivado en que el Presidente Enrique Peña Nieto no cuente con una mejor percepción de la violencia que su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) determinó en marzo abril del 2015 el sentimiento de inseguridad llegó al 73 por ciento de la población; mientras que los mismos meses del 2012 alcanzaron el 66 por ciento.
El alza de estos delitos es real. Y Peña Nieto está perdiendo la batalla contra sí mismo. De acuerdo con la organización Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) los homicidios, secuestros y extorsiones reflejarán al final del año aumentos porcentuales en comparación con las cifras de 2015.
El ONC estima que los homicidios dolosos, de los que hubo 11 mil 257 entre enero y julio, aumentarán en 3.23 por ciento.
Lo mismo sucederá con las extorsiones, 2 mil 793 reportadas entre enero y julio, las cuales ascenderán en un 3.67 por ciento; mientras que los secuestros, 625 en ese periodo de siete meses, ascenderán en 7.9 por ciento.
“Una tendencia en seguridad se considera a partir de que haya tres periodos iguales de tiempo: meses, semanas. En este caso es por meses donde se dio el mismo tipo de comportamiento”, dijo Fransico Rivas, director del ONC.
En el caso de los homicidios, si bien los índices de Peña no superan los de Calderón, el mes de julio fue el segundo más alto de lo que va de la actual administración con 3 mil 94 homicidios. Sólo detrás de diciembre del 2013, con 3 mil 203 asesinatos.
DESAPARICIONES SUPERAN A FCH
A diferencia de los tres delitos antes mencionados. Las desapariciones sí se dispararon en el Gobierno de Peña Nieto. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
Desde diciembre del 2012 hasta julio del 2016 sucedieron 14 mil 934 desapariciones en los fueros federal y común; mil 462 desapariciones más que las ocurridas en los seis años de Calderón.
¿Cómo sucedió? Roberto Villanueva, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) explicó que la política que el Gobierno de Peña, como en muchos otros ámbitos, no implementó un cambio de estrategia para frenar este delito.
La eficacia de las instituciones encargadas de hacer justicia y llegar la verdad sobre lo sucedido tampoco mejoró, según el especialista, a lo que se sumó la negligencia de las autoridades, como fue el caso de los 117 de cuerpos inhumados de forma irregular por la Fiscalía estatal en la comunidad de Tetelcingo, Morelos, en marzo del 2014.
A pesar de que los protocolos existen, Villanueva lamentó la falta de su cumplimiento. “Lo último que vimos fue el manejo de restos en Tetelcingo, y ahora Veracruz [donde una organización civil recién constató la existencia de 75 fosas clandestinas]. Nos damos cuenta que hay un rezago muy grande”, dijo.
INEFICACIA Y CORRUPCIÓN
El director del ONC Francisco Rivas refirió que las intervenciones federales en Michoacán, Tamaulipas y Guerrero no han sido efectivas para hacer descender las cifras de incidencia delictiva. “Parece que el Estado no controla el territorio”, refirió.
De acuerdo con el Semáforo Delictivo, seis de cada 10 homicidios son ejecuciones provocadas por la lucha en el mercado negro de las drogas. El problema se deriva de una serie de factores, en los que convergen la pobreza, la falta de de servicios públicos y la ausencia de estrategias adecuadas del Gobierno.
“Hay un descontento general con el Gobierno, por la corrupción y también por su ineficacia”, dijo Roel, para quien la regularización del mercado de las drogas se hace necesaria para desarticular la violencia del mercado negro. “No estamos logrando bajar los niveles de consumo, ni sacando a los jóvenes de la violencia”.
El director del Semáforo Delictivo expuso que las pasadas elecciones del 5 de junio influyeron en la violencia, porque se rompen acuerdos a la hora que hay un cambio de autoridad. Sin embargo, la lucha del narco tiene sus propios ritmos, y no se pueden prever con base en los cambios de gobernantes.
