El proyecto de Constitución que presentará Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Constituyente, plantea la revocación del mandato tanto para el Jefe de Gobierno como para los alcaldes, el referéndum y el plebiscito, además de la ciudadanía a los 16 años de edad. Y destaca la preminencia “del interés público frente al interés privado” en el tema inmobiliario. Incluye el nombramiento de jueces y magistrados por insaculación, así como el pago de indemnizaciones para los encarcelados injustamente. Libre en el Sur obtuvo una copia del documento, y lo comparte con los lectores de SinEmbargo.
Por Francisco Ortiz Pardo y Francisco Ortiz Pinchetti
Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo/Libre en el Sur).- El proyecto de Constitución para la Ciudad de México, elaborado por el grupo de 30 notables y asumido por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, plantea una serie de innovaciones en materia de derechos humanos, impartición y administración de justicia, Participación Ciudadana y Desarrollo Urbano, que pondría a la capital a la vanguardia legislativa del país y que seguramente desatará fuertes controversias, como la aprobación constitucional del aborto, la eutanasia y la inclusión de la protección de animales en el apartado sobre Derechos Humanos.
El documento, al que Libre en el Sur tuvo acceso, será sometido a partir del 15 de septiembre próximo a la discusión de la Asamblea Constituyente, integrada por 100 ciudadanos, de los cuales sólo 60 fueron electos en votación directa y 40 designados. La Constitución de la Ciudad de México deberá quedar aprobada para su promulgación antes del 5 de febrero de 2017.
Hace unos días, durante una comida en el Club de Banqueros, Miguel Ángel Mancera se comprometió con los 30 notables, que elaboraron el documento, encabezados por Porfirio Muñoz Ledo, a que éste será el proyecto de Constitución que someterá a la Asamblea, conforme a la Reforma Política aprobada por el Congreso federal.
Entre lo más destacado está una reforma profunda al Poder Judicial capitalino. A partir de una Encuesta Nacional de Justicia entre litigantes de todas las especialidades, según la cual el 70 por ciento consideró que el principal problema en los procesos es la corrupción, se plantea en consecuencia suprimir la designación de jueces y magistrados y sustituirla por un método de insaculación o sorteo, que evite compromisos y tráfico de influencias. Se involucra en este nuevo método a los integrantes del Consejo de la Judicatura, incluido su presidente.
Asimismo, se introduce la figura de la indemnización para las víctimas de los innumerables casos de error judicial, el famoso “usted perdone” a quienes son absueltos después de haber sido encarcelados por meses y hasta por años. Y los primeros responsables de pagar esos daños serán los titulares de fiscalías y juzgados.
La Ciudad de México contará con un sistema “para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, basado en la coordinación entre los órganos encargados del control interno de los tres poderes, la fiscalización de los recursos públicos, la transparencia y el acceso a la información, la sanción de responsabilidades administrativas y la participación de ciudadanos, de conformidad con las leyes generales expedidas en esta materia por el congreso de la unión”.
Este Sistema Anticorrupción será dirigido por un Comité Coordinador, presidido por un representante del Comité de Participación Ciudadana, a su vez integrado por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.
Se establecen los derechos al “nombre, la identidad y la personalidad”, a la autodeterminación personal, así como los derechos sexuales y reproductivos y la defensa de los derechos humanos. También el derecho a la buena administración pública y el derecho a la información.
Significativa es la implementación de la “acción tutelar de protección de los derechos humanos”, de la que podrán beneficiarse las víctimas de las acciones indebidas de cualquier autoridad en los juzgados tutelares que se establecerán en cada una de las 16 actuales delegaciones capitalinas, convertidas en alcaldías, lo que puede derivar desde la orden de suspender cualquier agresión de autoridad pública hasta imponerle montos de indemnización por daños.
La treintena de notables trabajaron desde el pasado 5 de febrero divididos en grupos especializados por temas, que tenían reuniones semanales y que participaban juntos cada martes en una sesión plenaria en el Salón Oval, ubicado en el tercer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en el Zócalo de la capital, a la que ocasionalmente asistía el Jefe de Gobierno.
Su propuesta en materia de desarrollo urbano reconoce la necesidad de “una relación armónica entre la naturaleza, la sociedad y los espacios construidos”. Los poderes públicos garantizarán el uso y disfrute equitativo incluyente de los bienes y servicios que ofrece la ciudad en corresponsabilidad con sus habitantes. Indica el documento que las políticas e instrumentos en materia de ordenamiento territorial incluirán y darán preferencia a la población de menores recursos económicos y a los grupos de atención prioritaria.
El Gobierno de la Ciudad de México impulsará una política para la protección ambiental, el desarrollo urbano y la vivienda, “que asegure la función social de la propiedad”. Se destaca la preminencia del interés público frente al interés privado.
En cuanto al desarrollo inmobiliario de la capital, pone el proyecto, la función ambiental y social del suelo conlleva la separación entre la propiedad y el derecho a edificar para lograr una distribución equitativa de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad genera. “Las leyes establecerán las zonas, usos, destinos, lineamientos, parámetros, densidades y demás elementos aplicables a la edificación de inmuebles”.
El proyecto prioriza la participación ciudadana en el desarrollo y la gestión de la Ciudad de México. En ese sentido, incluye las figuras de revocación de mandato para los casos tanto del Jefe de Gobierno como de los próximos alcaldes, el referéndum para las reformas parciales o totales a la Constitución, y el plebiscito para las decisiones de gobierno, y obliga a que sus resultados sean vinculantes.
En el caso de la revocación del mandato, para el Jefe de Gobierno debe ser solicitad por el 15 por ciento del total de empadronados en el Instituto Nacional Electoral, y para los alcaldes al menos el 10 por ciento, siempre y cuando haya transcurrido la mitad de su mandato. Para la remoción obligatoria del titular del Ejecutivo se requerirá la participación de al menos el 40 por ciento de los inscritos en el padrón.
También se da rango constitucional a las candidaturas independientes y se ordena que la Ley Electoral establezca condiciones de equidad en el acceso a las prerrogativas con relación a los partidos políticos.
Y algo especialmente polémico, por contravenir a la Constitución General de la República: La ciudadanía capitalina se adquirirá a los 16 años de edad, a diferencia del resto del país, donde se obtiene a los 18.
