En abril pasado, el Gobierno de Estados Unidos denunció en su informe anual que la impunidad, la corrupción y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad fueron las principales violaciones de derechos humanos en México en 2015. Ahora, 68 congresistas de Estados Unidos pidieron al Secretario de Estado, John Kerry, que se dé prioridad a la defensa de los derechos humanos en la agenda bilateral, ya que el país enfrenta una crisis y «una persistente falta de justicia para miles de víctimas».
Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).– Un grupo considerable de miembros del Congreso de Estados Unidos expresó su preocupación por «la crisis de derechos humanos en México y la persistente falta de justicia para miles de víctimas» a través de una carta enviada al Secretario de Estado, John Kerry.
Los congresistas estadunidenses, en total 68, instaron a Kerry para que los derechos humanos sean una prioridad en la agenda bilateral.
«Le pedimos incrementar con las autoridades mexicanas la importancia de respetar los derechos humanos, completar las investigaciones y brindar justicia a quienes sus derechos humanos han sido violados», expuso la misiva.
La carta habla de casos que se vienen arrastrando en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, como Tlatlaya, en el Estado de México, donde el 30 de junio de 2014 ocurrió una masacre a manos de elementos del Batallón 102 de Infantería, quienes mataron a 22 personas que se encontraban en el interior de una bodega en la comunidad San Pedro Limón; o como los 43 normalistas desparecidos en Iguala Guerrero en 2014 y los 27 mil desaparecidos que figuran en las cifras oficiales. Pero agregan además el ataque contra maestros y pobladores ocurrido el pasado 19 de junio de este año en Nochixtlán, Oaxaca, cuando elementos de la Policía Federal fueron grabados y fotografiados disparando armas de fuego durante una manifestación, dejando como resultado a al menos 10 personas muertas y cientos de heridos.
En el texto los miembros del Congreso afirman que “siguen preocupados por los 27 mil casos no resueltos de personas que han desaparecido en México desde 2007, y el lento ritmo de reformas en los sectores militares, de policía, y de justicia,” y añaden citando un informe de Amnistía Internacional que “es especialmente preocupante el uso persistente de la tortura en investigaciones penales en México”.
Respecto a la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, aseguraron que «a pesar del alto nivel de escrutinio internacional que el caso ha recibido», el gobierno mexicano ha tenido escasos avances en cuanto a la impartición de justicia para las familias, «lo cual pone en duda su compromiso con el respeto de los derechos humanos».
La carta fue redactada mientras el Departamento de Estado estadounidense está revisando si México ha cumplido con las condiciones de derechos humanos establecidas en la Iniciativa Mérida.
El 15 por ciento de estos fondos están condicionados a que el Departamento de Estado informe al Congreso de Estados Unidos si México está haciendo avances significativos en el respeto a los derechos humanos.
Finalmente, aunque reconocen que México se encuentra desarrollando medidas legislativas para avanzar en la protección de derechos humanos y para reformar su sistema de justicia penal, eso “no garantiza justicia”.
En abril pasado, el Gobierno de Estados Unidos denunció que la impunidad, la corrupción y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad fueron las principales violaciones de derechos humanos en México en 2015.
La participación de la Policía y de las Fuerzas Armadas en “graves abusos”, como “ejecuciones ilegales, tortura y desapariciones”, es uno de los “problemas más significativos” de México que señala el informe anual sobre derechos humanos en el mundo que publicó el Departamento de Estado.
La impunidad y la corrupción en las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia de México “siguen siendo problemas graves”, señala el documento.
Entre las principales violaciones de los derechos humanos en México, EU señala también que grupos de crimen organizado “mataron, secuestraron e intimidaron a ciudadanos, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos”.
Otros problemas que “persistieron” son las “precarias” condiciones en las prisiones, las detenciones y arrestos “arbitrarios”, así como las amenazas y la violencia contra los defensores de derechos humanos, periodistas, inmigrantes, y mujeres.
El Departamento de Estado relató en su informe sobre 2015 el proceso de trabajo del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pero evitó cualquier valoración al respecto.
El informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado, que marca este año su edición número 40, se envió al Congreso para que sirva como referencia a la hora de otorgar ayuda exterior y no incluye un análisis de la situación de derechos humanos en EU.
OPEN SOCIETY ALERTA DE DESAPARICIÓN Y TORTURA
La desaparición forzada y la tortura en contra de cualquier civil que se “percibe” como miembro del crimen organizado, forman parte de una política del Estado mexicano, alertó ayer Eric Witte, Coordinador Senior de Proyectos de Juicios Nacionales por Crímenes Graves de Open Society Justice Initiative.
“Dos elementos importantes que apoyan la existencia de una política de Estado son las omisiones: la primera omisión es la falta de regulación del uso de la fuerza. Hasta 2012 no había regulaciones en México en cuanto al uso de la fuerza, no había protocolos para el Ejército y la Marina”, dijo Witte durante la presentación del informe “Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México” en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Witte indicó que en el país hay una cantidad indefinida de heridos de muerte en las confrontaciones militares, que se salen de toda proporción.
“No hay una Ley que regule el uso de la fuerza. La otra evidencia de que es una política de Estado, es la falta de investigación de las causas. Llegamos a la conclusión durante dos años de investigación de serias fallas técnicas en México, pero son secundarias a la obstrucción política”, agregó.
Eric Witte detalló que hay una retórica de negación y minimización del Estado que se manifiesta en la revictimización de las víctimas.
“Acusar a las víctimas de ser ellos criminales. De esta forma el Gobierno federal no ha podido rastrear cuántas fosas hay en el país y el número de 26 mil desaparecidos no es confiable para nada”, afirmó.
El representante de Open Society agregó que el Estado mexicano promociona y acepta la tortura como un método para fabricar culpables y obtener confesiones.
Ejemplo de ello, dijo, es el caso emblemático del país: el de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
“El Gobierno creó una historia que es imposible de que fueron quemados en el basurero de Cocula y luego se torturó a una decena de personas, para sostenerla. Mientras se acepte la tortura, será poco probable que exista justicia para los crímenes de lesa humanidad en México”, anotó.
Ina Zoon, coordinadora del Proyecto de Justicia para América Latina de Open Society, opinó que México es un país “sobre diagnosticado, donde hay miles de informes que no se cumplen”.
Agregó que hacen falta Unidades de Análisis de Contexto al interior de las fiscalías para investigar las relaciones del crimen organizado y el poder político. “Cuántos infiltrados hay en las instituciones, todo esto se debe investigar”, dijo.
