El Consejo de la Judicatura Federal argumentó que la medida «es constitucionalmente legítima porque tiende a garantizar el libre ejercicio del derecho a manifestarse públicamente», por lo que «no cumplió con el requisito de necesidad, al no resultar la opción menos gravosa para el derecho afectado». Por su parte, el investigador de la Universidad Iberoamericana, John Andrew Auping, quien presentó el amparo, señaló que el recurso no es contra los docentes o de los integrantes de algún otro grupo inconforme, sino contra la omisión de las autoridades, que deben negociar con los manifestantes, no colocar vallas.
Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó hoy que un Juzgado federal ordenó al Gobierno de la Ciudad de México quitar el bloqueo que mantienen elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.
En un comunicado el CJF informó que ordenó a «la Secretaría de Seguridad Pública retirar el bloqueo ocasionado por el plantón ubicado en dicha vialidad, con absoluto respeto de la vida e integridad personal de los manifestantes, así como su derecho a expresarse libremente.»
A su vez, el investigador de la Universidad Iberoamericana, John Andrew Auping, quien presentó el amparo, señaló, en entrevista con Milenio, que el recurso no es en contra de los maestros o de los integrantes de algún otro grupo inconforme:
“Mi amparo no es contra los maestros ni los antorchistas, ellos tienen todo el derecho a manifestarse, es contra la omisión de las autoridades, ellos deben negociar con los manifestantes y encontrar un justo medio, para mí esto es que se permitan las manifestaciones, las marchas por algún tiempo, pero no colocar bloqueos”.
Acusó además que la Secretaría de Gobernación ordenó la instalación de vallas en los alrededores de sus oficinas, sin embargo, señaló que el responsable de la vialidad es el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa.
El Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó el retiro ante la queja del ciudadano que reclamó «la omisión de diversas autoridades de esta ciudad para asegurar el libre tránsito de Avenida Bucareli», con las que se «vulneró su libertad de tránsito».
«El quejoso reclamó la omisión del Jefe de Gobierno, y de los secretarios de Movilidad y de Pública de la Ciudad de México, de aplicar la Ley de Movilidad del Distrito Federal en lo relativo a la obligación de asegurar la utilización de las vialidades a sus habitantes», de acuerdo con un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El CJF exigió a «la Secretaría de Seguridad Pública retirar el bloqueo ocasionado por el plantón ubicado en dicha vialidad, con absoluto respeto de la vida e integridad personal de los manifestantes, así como su derecho a expresarse libremente.».
«Lo anterior, porque dicha medida generó una obstrucción significativa a la circulación de vehículos, pues se trata del cierre definido de una vía primaria, cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular, además de la fuerte incidencia en la productividad de las zonas y la afectación que representa al derecho humano a un medio ambiente sano».
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Los sindicatos empresariales, desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hasta la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) han insistido desde hace días al Gobierno federal para que resuelva el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por el daño económico que provocan sus marchas, bloqueos y plantones. En ese contexto es que el Juez federal da carta al Gobierno capitalino para proceder contra los opositoras a la Reforma Educativa, que promovió y aplica el Gobierno de la República.
El líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón Castañón solicitó «que se usen todas las herramientas que tenga el Estado, pero la actividad económica educativa y la vida diaria deben restablecerse».
