Ante la omisión de las autoridades de los tres órdenes de gobierno frente a los bloqueos y movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la iniciativa privada interpuso este viernes una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del Estado Mexicano por su omisión y negligencia en la aplicación de la ley.
Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) interpuso este viernes una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del Estado Mexicano por su omisión y negligencia en la aplicación de la ley en las movilizaciones de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“La petición ante derechos humanos es contra el Estado Mexicano. La autoridad debe asumir una posición como garante de los derechos humanos, pero no ha actuado con la suficiente pericia ante los actos de la CNTE”, dijo Gustavo de Hoyos Walther, líder de la Coparmex en conferencia de prensa.
Acompañado del Secretario General de la Coparmex y representantes empresariales de las entidades de Chiapas, Oaxaca y Guerrero y la Ciudad de México, De Hoyos destacó que a pesar de las afectaciones económicas y violación de los derechos humanos de la población en estos estados donde se registran las movilizaciones de los maestros, las autoridades no han aplicado el Estado de derecho.
El líder patronal detalló que el movimiento magisterial afecta el libre tránsito de las personas, el derecho a la alimentación y la salud, en particular mencionó la situación que acontece en Oaxaca, donde dijo, “los alimentos y las medicinas no llegan a las comunidades y se ha violentado la garantía económica que el Estado debe garantizar”.
Gustavo Hoyos expresó que los empresarios de los estados donde se registran las movilizaciones enfrentan una emergencia económica, por lo cual requerirán de apoyos para los negocios.
La Coparmex demandó a la CNDH tres acciones urgentes:
1. Que ejerza sus facultades de atracción porque considera que las violaciones a los derechos humanos son de tal magnitud que merecen que sean atendidas.
2. Que se obligue a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que salvaguarden la tutela de los derechos humanos.
3. Que inicie una investigación para que documente cuáles han sido las acciones, las omisiones y la actividad negligente de los órdenes de gobierno que han dererivado en violaciones a los derechos humanos.
Desde el pasado 19 de junio, –día en que se registró el enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca, que dejó ocho muertos y un centenar de heridos–, las protestas del magisterio disidente en contra de la Reforma Educativa se intensificaron.
La evaluación a los docentes es el punto central al que se opone la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que tiene gran fuerza en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, los estados más pobres del país.
El pasado 29 de junio, el sector empresarial mexicano y pequeños comerciantes demandaron al Gobierno de México «restablecer el orden» en el turístico estado de Oaxaca, ante las millonarias pérdidas económicas causadas por bloqueos y protestas de maestros.
Una delegación de unas 20 empresarios se reunió durante dos horas con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para pedir una solución a la crisis.
De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las afectaciones son numerosísimas: mil 700 millones de pesos en estos días de los conflictos que se han tenido en distintas partes de la entidad.
Ayer, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) entró a la discusión sobre los acuerdos entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para revisar la Reforma Educativa. Dijo, en pocas palabras, que el sindicato oficial –allegado al Partido Revolucionario Institucional (PRI)– y Secretaría brincó a esa institución que nació, teóricamente, con autonomía de decisión.
Entre los puntos acordados entre el Gobierno federal y el sindicato magisterial está la revisión de la evaluación docente, al respecto el órgano autónomo recordó en un comunicado “que es un organismo constitucional autónomo y autoridad en materia de evaluación educativa”.
Exigió que “cada parte (autoridades, profesores, INEE) tiene que asumir lo que le corresponde para hacer efectivo el derecho a la educación de calidad que el país requiere”.
El INEE señaló que desde el año pasado ha trabajado a lado de las autoridades educativas en el diseño para rectificar los problemas en los procesos de evaluación de los profesores, así como en su implementación.
Al respecto, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, dijo que no existe ningún conflicto con el INEE y aseguró que la dependencia que el preside también tiene facultades para revisar la evaluación al magisterio.
En entrevista con Radio Formula, el funcionario federal pidió “no amarrar navajas”.
Nuño señaló que el próximo no asistirá a la mesa de diálogo sobre educación del próximo jueves, entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El pasado miércoles, Aurelio Nuño informó que la dependencia a su cargo decidió revisar el modelo de evaluación docente.
“Hemos acordado, y la SEP ha decidido, hacer una revisión de la evaluación docente para mejorarla, para hacerla más pertinente y mucho más útil”, dijo durante un mensaje de la reunión entre reprensentantes de la SEP y del SNTE.
