En 2010, tras un enfrentamiento entre sicarios y elementos de la Sedena en el municipio de Anáhuac, en Nuevo León, una pareja fue ejecutada por al menos tres militares, quienes además les sembraron armas y los señalaron de ser miembros de la delincuencia organizada, lo que causó «un daño terrible al honor y decoro de sus familiares», de acuerdo con la defensa legal de los afectados.
Ciudad de México, 14 de julio (SinEmbargo).- Familiares de una pareja ejecutada en 2010 en Nuevo León, durante un enfrentamiento entre sicarios y militares, solicitaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una indemnización de más de 90 millones de pesos por daño moral, publicó este día Reforma.
La defensa legal de los familiares solicitó la indemnización tras argumentar que ligar a las víctimas con integrantes de la delincuencia organizada causó «un daño terrible al honor y decoro de sus familiares».
En la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, de la que el diario capitalino posee una copia, los abogados estimaron que la Sedena debe pagar más de 90 millones de indemnización, es decir, 43 millones 632 mil 410 pesos por cada una de las víctimas, familiares en primer grado de la pareja, según diversas resoluciones judiciales.
El documento, de 114 fojas, fue presentado ante la Sedena el pasado 31 de mayo. Esta es la primera vez que la dependencia recibe una solicitud de indemnización millonaria desde que en 2005 se aprobó la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial.
Los hechos a los que se refiere la solicitud ocurrieron en 2010 en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, cuando Rocío Elías Garza y su esposo, Juan Carlos Peña Chavarría salían de su trabajo y se dirigían a comer. En ese momento se produjo un enfrentamiento entre sicarios y elementos de la Sedena.
La pareja, de 29 años de edad, se resguardó hasta que la balacera terminó. Después, salieron con las manos en alto para pedir auxilio, pues uno de ellos estaba herido, sin embargo, los militares respondieron con el tiro de gracia y colocaron armas junto a los cuerpos para señalarlos como delincuentes, de acuerdo con una investigación de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.
Los militares implicados en el enfrentamiento aseguraron que la mujer era una narcotraficante apodada «La Gata» y a su esposo sólo lo señalaron como sicario.
En julio de 2015, un juez sentenció a 18 años de prisión por homicidio simple al cabo Juan Ortiz Bermúdez, único militar en la cárcel por este caso pese a que las investigaciones señalaron que fueron tres militares los culpables de la doble ejecución. Los otros dos elementos identificados por la defensa legal de la familia son Alain Josué Revés González y Francisco Gabriel Meléndez Zamora.
«La naturaleza y características de la violación al prestigio y buen nombre de las víctimas atenta gravemente contra su imagen y honor, pues los elementos del Ejército Mexicano que ratificaron la denuncia, realizaron falsas imputaciones contra dos personas fallecidas», citó la defensa con base en la recomendación número 42/2011.
